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Solemos quejarnos de nuestra política y no faltan razones. Pero la identificación de sus problemas no debiera llevarnos a dejar pasar sus momentos de lucidez. Uno de ellos es el reciente anuncio del proyecto de reforma que busca aumentar los requisitos exigidos para empujar acusaciones constitucionales, entre otras cosas doblando las firmas necesarias para que ellas avancen. La iniciativa destaca no solo por la intención de limitar el uso de una herramienta desvirtuada, sino también por contar con apoyo transversal del espectro político. La lista de parlamentarios que impulsan esta agenda abarca desde la UDI al Frente Amplio, todos protagonistas de la deriva que critican en el texto de la propuesta: un recurso justificado por su carácter excepcional que terminó convertido en un “instrumento de disputa política contingente”. La mejor evidencia de esto son los datos que dio Luis Cordero esta semana: del total de acusaciones constitucionales presentadas desde el retorno a la democracia, el 52% se concentran en los últimos dos gobiernos. En el fondo, la historia reciente de estas acusaciones refleja dramáticamente el derrotero de polarización seguido por nuestra clase política. Y ya es tiempo quizás de dejar esa dinámica en el pasado.

No está de más recordar justamente en el contexto de este proyecto algunos de los intentos de acusación más polémicos. En pleno estallido social, pero ya firmado el acuerdo que abría un proceso constituyente, se presentó una acusación contra el presidente Sebastián Piñera. Nadie negaría hoy las dificultades y errores del gobierno en el manejo de la crisis, pero pocos pueden seguir defendiendo la validez de la hipótesis que dio la oposición como argumento: haber infringido la constitución por consentir la violación de derechos humanos de modo sistemático y generalizado por parte de las fuerzas de orden en las semanas que siguieron al 18 de octubre. Otro ejemplo es el de la acusación constitucional a Raúl Figueroa, cuando ejercía como ministro de educación del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Una de las razones que entonces esbozó la izquierda fue que el secretario de Estado habría puesto en riesgo la vida de los estudiantes por intentar reabrir las escuelas durante la pandemia. Por cierto, hubo acusaciones injustificadas antes y después de las aquí citadas, pero la elección de estas dos no es arbitraria: aunque ambas fracasaron, fueron empujadas en medio de momentos particularmente críticos, debilitando aún más la precaria posición del gobierno de entonces. Se hizo por lo mismo especialmente patente hasta qué punto se había desvirtuado la herramienta, ya totalmente instrumental a fines políticos y puramente contingentes.

Por eso es tan importante el esfuerzo de los parlamentarios que hoy buscan aumentar los requisitos exigidos para avanzar en una acusación. La iniciativa tiene además la virtud de unir eficacia práctica y simbólica. De avanzar el proyecto, no solo se hará más difícil levantar futuras acusaciones, sino que queda también sin piso la que está actualmente en curso contra el exministro Grau. Y, más allá de los pertinentes cuestionamientos a la gestión del gobierno anterior, que esta acusación no avance interesa tanto al oficialismo como a la oposición. No hay momento más ideal que este para que se reconozcan, aunque sea solo aquí, como aliados, y pongan fin a esta cadena interminable de venganzas en que se pasa de víctima a victimario. Pero la ganancia no es solo interna. También es valioso el gesto hacia afuera: mostrar a la ciudadanía que la clase política es consciente de su ensimismamiento, que está dispuesta a ponerse límites y estándares más exigentes porque el tiempo apremia y los recursos son escasos como para sumirse una y otra vez en sus disputas. No se acabarán los problemas de nuestra política, pero los avances reales suelen ser siempre humildes.

Por Josefina Araos, investigadora IES.