El Ciudadano
Las recientes declaraciones de Donald Trump han encendido las alarmas a nivel internacional, luego de que advirtiera sobre una posible destrucción total de Irán, utilizando un lenguaje calificado como abiertamente apocalíptico. Sus palabras, difundidas a través de la red social Truth el pasado 7 de abril, no solo elevan la tensión geopolítica, sino que también abren un inquietante debate sobre los límites del discurso político cuando este se aproxima a la amenaza directa contra poblaciones civiles.
Desde Amnistía Internacional, la preocupación es categórica. Su secretaria general, Agnès Callamard, ha advertido que este tipo de declaraciones no solo evidencian un desprecio alarmante por la vida humana, sino que podrían constituir una grave vulneración del derecho internacional humanitario, e incluso configurar una amenaza de genocidio. La comunidad internacional enfrenta el desafío urgente de reaccionar frente a un discurso que, de materializarse, tendría consecuencias devastadoras para millones de personas. En este contexto El Ciudadano ha entrevistado a Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
–A la luz del derecho internacional, ¿En qué punto una amenaza como la de Donald Trump deja de ser retórica política y pasa a constituir un posible crimen, como la incitación al genocidio? Amnistía plantea que estas declaraciones podrían encuadrarse dentro de la Convención sobre el Genocidio. ¿Qué elementos concretos permiten sostener esa interpretación en este caso?
-En primer lugar, la reciente afirmación del presidente Donald Trump delata un gran desprecio por la vida humana. En segundo lugar, el derecho internacional establece como delito la incitación al genocidio, la cual se podría develar de dichas declaraciones.
Según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la incitación al genocidio es un delito autónomo (art. III) y se configura cuando concurren criterios desarrollados por el derecho internacional, entre ellos: que sea directo, es decir, que el discurso llame explícitamente a cometer actos genocidas, no ser ambiguo ni meramente retórico; que sea público, es decir, que se emita en un espacio o medio que permita su difusión a terceros (aunque existen dudas con respecto a las nuevas plataformas como las redes sociales ya que no aparece especificado); que exista una intención específica (dolus specialis), es decir, debe existir la intención de destruir total o parcialmente a un grupo protegido (nacional, étnico, racial o religioso).
Es importante saber que al ser un delito autónomo, significa que no es necesario que el genocidio ocurra; la incitación es punible por sí misma debido al riesgo que genera. En el caso de las afirmaciones del Presidente Trump nos parece claro que esos requisitos se cumplen.
«Es importante saber que al ser un delito autónomo, significa que no es necesario que el genocidio ocurra; la incitación es punible por sí misma debido al riesgo que genera»
–¿Qué margen real tiene hoy el sistema internacional, particularmente el Consejo de Seguridad, para actuar frente a amenazas provenientes de una potencia como Estados Unidos?
-El sistema internacional sí dispone de herramientas —incluido el Consejo de Seguridad de la ONU—, pero su margen de acción es limitado cuando se trata de una potencia con poder de veto como Estados Unidos.
Cabe recordar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuenta con 15 países miembro de los cuales cinco son permanentes y tienen la facultad de veto, siendo Estados Unidos uno de ellos. En esa lista se suman Rusia, China, Francia y Reino Unido. Basta que uno de estos cinco países se oponga para que ninguna propuesta avance.
De ser así, existen otros mecanismo como la presión diplomática multilateral, la acción de la Asamblea General de la ONU, los sistemas regionales y la exigencia de rendición de cuentas bajo el derecho internacional.
Ante una situación como esta, que calificamos de máxima gravedad, el llamado es a que la comunidad internacional, incluidos el Consejo de Seguridad de la ONU, los organismos regionales y todos los Estados, intervengan urgentemente para evitar una catástrofe inminente y afirmen inequívocamente que ordenar, perpetrar o incitar a la perpetración de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio implica una responsabilidad penal individual con arreglo al derecho internacional.
Desde Amnistía Internacional hemos criticado cómo el uso del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU estaría siendo abusivo por parte de Estados Unidos y bloqueando medidas encaminadas a poner fin a los crímenes atroces y a garantizar su reparación.
–¿Estamos frente a un debilitamiento estructural del derecho internacional humanitario cuando las principales potencias lo desafían abiertamente?
-Primero que todo, mencionar que el derecho internacional humanitario es fundamental para afrontar los conflictos armados desde hace más de un siglo y cuyo conjunto de normas es primordial para la protección de las personas civiles, trabajadoras de la salud o prisioneras.
Ante el contexto actual, desde Amnistía Internacional hemos observado cómo algunos Estados, especialmente Estados Unidos, han mostrado un desprecio total por las normas globales y el derecho internacional arraigado tanto en la narrativa como en sus prácticas diarias. Sin duda ello ha contribuido a que el sistema de protección de los derechos humanos creado después de la segunda guerra mundial esté en su momento más frágil. Pero, a pesar de ello, también somos muchas las personas, organizaciones y Estados que resistimos ante cualquier tipo de amenaza o retroceso.
“El llamado es a que la comunidad internacional, incluidos el Consejo de Seguridad de la ONU, los organismos regionales y todos los Estados, intervengan urgentemente para evitar una catástrofe inminente”
–¿Cómo influye la alianza entre Estados Unidos e Israel en la percepción de legitimidad, o impunidad, frente a ataques a infraestructuras civiles?
-El ataque intencionado de infraestructuras civiles constituye un crimen de guerra según el derecho internacional y, desde luego, que dos grandes potencias como Estados Unidos e Israel se unan en este tipo de ataques y amenazas, muestra, con mayor fuerza, que se debe tratar justamente como lo que es, un crímen de guerra.
Incluso en los limitados casos en que las infraestructuras civiles pueden considerarse objetivos militares, no pueden ser atacadas si esto pudiera causar daños desproporcionados a la población civil.
Las centrales eléctricas, los sistemas de suministro de agua y las infraestructuras de electricidad son indispensables para la vida de la población civil, y sustentan el acceso a agua potable, la atención médica, la electricidad para los hospitales, las cadenas de suministro de alimentos y los medios de subsistencia básicos. Atacarlos sería desproporcionado y, por lo tanto, ilegítimo según el derecho internacional humanitario, y podría constituir crimen de guerra.
–Amnistía habla de “responsabilidad penal individual”. ¿Es realmente viable que líderes de grandes potencias enfrenten procesos ante instancias como la Corte Penal Internacional?
-La responsabilidad penal individual es un principio central del derecho internacional, se refiere a que no solo los Estados pueden ser responsables por crímenes internacionales, sino también las personas, incluso cuando actúan en nombre de un gobierno.
No obstante, no podemos desconocer que su aplicación tiene obstáculos, especialmente cuando se trata de líderes de potencias que no reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) o cuentan con respaldo internacional.
Aun así, desde Amnistía Internacional sostenemos la urgente necesidad de avanzar en estos procesos, porque fortalecen la rendición de cuentas, generan precedentes y envían una señal clara de que la impunidad no debe ser tolerada, incluso si los resultados no son inmediatos. No olvidemos, por ejemplo, que Netanyahu, el Primer Ministro de Israel, está con orden de detención dictada por la CPI y los Estados que son parte del Estatuto de Roma tienen la obligación de colaborar con el cumplimiento de las resoluciones de la Corte.
«Netanyahu, el Primer Ministro de Israel, está con orden de detención dictada por la CPI y los Estados que son parte del Estatuto de Roma tienen la obligación de colaborar con el cumplimiento de las resoluciones de la Corte»
–¿Qué precedentes existen donde amenazas o discursos hayan sido considerados como parte constitutiva de crímenes internacionales?
-Amnistía ha documentado que los discursos pueden formar parte constitutiva de crímenes internacionales cuando trascienden la retórica y se convierten en incitación directa a la violencia contra grupos protegidos, como ocurrió en Ruanda; pero también advierte que cualquier regulación debe ser precisa, para no restringir indebidamente la libertad de expresión.
Tras el genocidio de Ruanda, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda juzgó a personas específicamente por sus discursos. Según cifras gubernamentales, en 2009 se juzgaron en primera instancia 435 casos de ‘ideología genocida’.
El tribunal estableció que sus mensajes —que deshumanizaban a la población tutsi y llamaban abiertamente a la violencia— no eran mera propaganda, sino una contribución directa al crimen. Este precedente confirma que, bajo el derecho internacional, el discurso puede ser punible por sí mismo cuando cumple los criterios de incitación al genocidio.
–¿Qué rol juegan los medios y las redes sociales en amplificar o normalizar discursos de destrucción masiva como este? ¿Existe un riesgo de banalización del lenguaje extremo, como “eliminar una civilización”, en el debate político contemporáneo?
-Sin duda, el lenguaje también es acción y construye realidades. Por eso es que la incitación al genocidio es un delito que debe ser juzgado. Las narrativas discriminatorias o de odio no son nuevas. Hoy, además, a los discursos de odio se suma una gran avalancha de desinformación, muchas veces intencionada y también generada por los propios medios de comunicación, quienes tienen una labor fundamental.
Desde Amnistía Internacional hemos advertido cómo el uso de inteligencia artificial puede amplificar la desinformación a gran escala, facilitando la creación y difusión de contenidos falsos, además de influir negativamente en el debate público y en procesos democráticos.
Según investigaciones realizadas por Amnistía Internacional, hay evidencias de que las redes sociales y sus algoritmos podrían funcionar como amplificadores de discursos de odio, desinformación o contenido polarizante, lo que en ocasiones podría traducirse incluso en violencia fuera de línea. Es preciso, hoy más que nunca, tomar las medidas necesarias para protegerse, por eso recientemente creamos un kit de herramientas para personas activistas y defensoras al respecto.
–Amnistía advierte sobre consecuencias catastróficas para más de 90 millones de personas. ¿Qué implicaría, en términos concretos, un ataque a gran escala contra infraestructuras civiles en Irán?¿Cómo se traducen estos ataques en la vida cotidiana de la población: acceso a agua, salud, alimentos y estabilidad social?
-Cometer dichos ataques tendría consecuencias devastadoras a largo plazo y socavaría gravemente el marco jurídico internacional diseñado para proteger a la población civil en tiempos de guerra.
Cuando hablamos de infraestructura civil nos referimos a hospitales, distribución de agua o energía entre otros. Destruir este tipo de instalaciones interrumpiría servicios esenciales para toda la población como el acceso a agua potable, luz y las capacidades mínimas de salubridad en atención sanitaria poniendo en peligro la vida de la población civil. Como consecuencias directas, podrían aumentar las enfermedades, desnutrición y mortalidad, especialmente en grupos vulnerables. Además de generar desplazamientos forzados masivos en busca de mejores condiciones, afectando a toda la región. Esto es algo que ya hemos visto en múltiples conflictos armados, pero especialmente en el caso de Gaza.
Además, la reconstrucción de este tipo de infraestructuras podría tardar daños, por eso hablamos de daños a largo plazo, deteriorando el desarrollo social, cultural y económico.
–Si la comunidad internacional no actúa frente a amenazas de este calibre, ¿qué mensaje se instala sobre el valor real de los derechos humanos en el siglo XXI?
-Ciertamente, pareciera que los derechos humanos se usaran como carta blanca según quien los mencione. Así lo demuestra la situación mundial, la peor en muchas décadas, incluso a pesar de la aparición de ciertos focos de resistencia.
Sin embargo, tampoco es la primera vez que a nivel global abordamos una situación así. La protección de los derechos humanos nunca ha sido fácil. A veces pareciera que por cada paso hacia delante que damos, retrocediéramos tres y, sin embargo, aquí seguimos.
Desde luego, la defensa de los derechos humanos ha generado innumerables detenciones ilegales de personas, otras incluso han desaparecido o han perdido la vida; ningún rincón del mundo se ha salvado de esta situación y, sin lugar a dudas, su lucha nos sostiene.
Amnistía Internacional se ha estado preparando para este momento durante décadas. Todo lo que hemos hecho desde nuestro origen nos ha preparado para enfrentar y responder a los peores retrocesos del mundo, y hacerlo a escala global. Ahora es el momento de unirse y resistir.
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