El diputado de la Bancada UDI, Jorge Alessandri, junto con el integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Daniel Lilayu, advirtieron que este lunes iniciarán las conversaciones -tanto con la oposición como con algunos sectores del oficialismo- para presentar una Acusación Constitucional en contra de la ministra de la cartera, Ximena Aguilera, en caso de que durante las próximas horas continúe en el cargo y no presente su renuncia, todo ello en medio de la controversia en que está envuelta producto de la cirugía “exprés” a su madre en el Hospital del Salvador.
La semana pasada ambos parlamentarios oficiaron a la Contraloría General de la República, solicitando que puedan abrir u ordenar un sumario administrativo al interior del recinto médico, considerando que los distintos antecedentes que han surgido demostrarían que la intervención quirúrgica fue acelerada por orden “administrativa”, en desmedro de otros pacientes.
Asimismo, los diputados Alessandri y Lilayu solicitaron a la Fiscalía poder abrir una investigación de oficio por el eventual delito de tráfico de influencias, junto con exigir la salida de la ministra Aguilera.
A causa de los otros antecedentes que se han conocido, entre ellos la muerte de un paciente cuya intervención habría sido postergada para dar prioridad a la madre de la secretaria de Estado, los parlamentarios anunciaron que como Bancada UDI evaluarán la presentación de una Acusación Constitucional en contra de Aguilera si es que en las próximas horas no decide dar un paso al costado.
“En un país con listas de espera tan interminables, donde los chilenos pueden estar semanas, meses o incluso años esperando por una cirugía, resulta absolutamente inaceptable que existan tratos preferentes y privilegios para quienes ostentan cargos de poder. Y a la luz de todos los antecedentes que hemos conocido, todo indicaría que la madre de la ministra de Salud fue operada el mismo día producto de su relación de parentesco y no su condición médica”, señalaron los diputados Alessandri y Lilayu, quienes aclararon que “desde un comienzo hemos señalado que lo óptimo es que una persona sea atendida de inmediato, pero esa no es la realidad en nuestro sistema de salud público”.
En ese sentido, si bien los parlamentarios valoraron que la Contraloría haya abierto un requerimiento en el Hospital del Salvador para esclarecer la grave controversia, lo calificaron como “absolutamente insuficiente”, insistiendo no sólo en que la Fiscalía abra una investigación de oficio, sino que también que el Mandatario “haga valer las responsabilidades políticas que correspondan”.
“El Presidente Boric no puede seguir mirando hacia el costado, relativizando hechos que son de la máxima gravedad. Cada hora que la ministra Aguilera permanece en el cargo, genera un daño mayor en la credibilidad del sistema público y del propio Gobierno. Por lo tanto, si el actual Mandatario es incapaz de adoptar una decisión y la ministra insiste en no asumir su responsabilidad política, será el Congreso el que finalmente deberá actuar de manera correcta”, manifestaron.
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