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Se ha discutido en estos días si la denominación de ultraderecha es aplicable al Presidente José Antonio Kast, debate que puede ser perfectamente inconducente si cada uno entiende este término de forma distinta. Aunque no hay una postura única en la materia, hay elementos que se reiteran en las distintas definiciones y en base a eso podemos evaluar. Esos elementos son, primero, la defensa de ideas marcadamente conservadoras, incluyendo el rechazo al aborto, la agenda de género y de la diversidad sexual; segundo, prioridad del orden y la autoridad, definiendo la seguridad como un objetivo preeminente respecto a casi cualquier otro; tercero, el nacionalismo, que cataloga como amenaza y degrado la migración y el multilateralismo; cuarto, por último, la relación conflictiva con la democracia liberal, tanto con sus instituciones como con sus formas.

Nuestro presidente y su partido tienen coincidencias en cada uno de estos elementos en sus posturas políticas y sus valores. A eso se agregan otros elementos, como la tradición gremialista y la orientación neoliberal. Todo ello es bastante nítido si observamos su trayectoria, su narrativa y sus definiciones en los debates del país. Lo que puede discutirse, en cambio, es la medida en que esas posturas se van a manifestar en la gestión de gobierno, especialmente considerando que la administración incluye también a partidos de la derecha tradicional.

Por ejemplo, se supone que los temas de la llamada agenda valórica no van a tocarse durante el gobierno tal como se comprometió en campaña. Está por verse si se cumplirá esa definición, dado que, en otros casos, como la expulsión de migrantes, los compromisos se han interpretado como meras figuras literarias. De hecho, ya puede observarse que la postura del gobierno ha sido notoriamente ambigua respecto al proyecto “Escucha su corazón”. Pero supongamos que el presidente cumple su palabra y renuncia a toda agenda valórica, ¿dejaría de ser ultraconservador? Él mismo respondió esa pregunta cuando dijo que sus convicciones valóricas no han cambiado ni ha renunciado a ellas. Están solamente postergadas.

Quienes sostienen que el calificativo de ultraderecha no aplica en este caso han reiterado como principal argumento que, hasta ahora, el gobierno no ha atentado contra la democracia liberal. Es un estándar penosamente bajo. El Presidente Kast y el Partido Republicano defienden hasta hoy la dictadura de Pinochet, minimizan la relevancia de los derechos humanos, expresan su admiración respecto de gobernantes abiertamente iliberales como Orban, Bukele o Trump, y enfrentan el debate público negándole todo valor al argumento de sus opositores. Con eso debiera bastar para alarmarse. Algunos, sin embargo, consideran que es apresurado sacar conclusiones.

En democracia puede pasar que el electorado elija un gobierno de ultraderecha. Lo que no puede pasar es que los demócratas ignoren o minimicen los riesgos que esa situación conlleva, y se distraigan analizando los matices que hay dentro de la oposición para calificarla. Para expiar los peores desenlaces que la ultraderecha puede producir no hay que afanarse en quitarle el apelativo, sino estar conscientes de él y actuar en consecuencia. Soy de las que creen que la democracia chilena es sólida y sus instituciones se mantendrán en pie. Pienso que lograremos defender las conquistas de las mujeres. Creo que la agenda de seguridad no llegará a los excesos de Bukele. Nada de eso descansa en que el gobierno no sea de ultraderecha, sino en que Chile no lo es y sabremos cuidarlo.

Por Carolina Tohá, ex ministra del Interior.