Madrid, 11 abr (EFE).- Cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la ley de eficiencia de la Justicia, los primeros efectos de esta norma se empiezan a notar ya con un descenso de la litigiosidad y, por primera vez desde 2016, una reducción de los asuntos pendientes.
Mientras, la implementación del nuevo modelo avanza sin incidencias estructurales ni demoras, según el Ministerio.
Los primeros aspectos de la ley entraron en vigor hace un año, el 3 de abril de 2025, con una apuesta por la mediación y la solución negociada al conflicto en un intento de abordar el exceso de litigiosidad. La norma obliga, en los ámbitos civil y mercantil, a acudir a la negociación entre las partes -los medios alternativos de solución de controversias (MASC)- antes de ir a juicio.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, en este primer año, los asuntos ingresados en estos órdenes jurisdiccionales han descendido un 20,4 %. En total, la bajada de la litigiosidad en los 4 órdenes (Civil, Penal, Social y Contencioso Administrativo) de abril de 2025 a abril de 2026 es del 9,9 %.
El año anterior, en 2024, la litigiosidad había crecido un 11,4 % según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, los asuntos pendientes han bajado un 4,5 % en Civil y un 0,67 % en global, mientras que la pendencia no bajaba desde 2016 (a excepción del periodo de la pandemia) y en 2024 en toda España creció un 13,7 % según datos del CGPJ.
Estos datos llevan al ministerio que dirige Félix Bolaños a celebrar que "por primera vez en muchos años" se está invirtiendo "la curva de la tendencia".
La ley introdujo un cambio del modelo organizativo con la eliminación de los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y su sustitución por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.
La implantación de este nuevo modelo comenzó en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026. En estos tres meses, hasta el pasado 27 de marzo, las vistas realizadas han aumentado más de un 3 % y las vistas señaladas alrededor de un 6 %.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, esta reforma de la planta judicial "avanza sin incidencias estructurales" y tampoco está provocando demoras ni suspensiones en la celebración de los juicios, pero desde el departamento de Félix Bolaños sí que admiten "algunas incidencias puntuales", en línea con lo que ha apuntado el CGPJ.
Entre ellas, reconocen que la implantación se está haciendo de manera desigual en todo el territorio nacional, lo que achacan a la transferencia de competencias en Justicia; también admiten "desajustes de personal", incidencias informáticas y problemas de interinidad de los funcionarios, además de una falta de adecuación de las infraestructuras.
"El sistema tiene que rodar, es un sistema muy nuevo y hay que tener cierta prudencia", indican desde Justicia.
En cuanto a la reclamación de los abogados de familia de excluir de la mediación obligatoria a los procesos que afectan a menores, Justicia afirma que lo ha valorado, pero señala que los magistrados de Familia , que "son las voces mas autorizadas", les trasladan que son precisamente los procedimientos de menores donde mas falta hace el diálogo porque debe primar el interés del menor.
En cuanto a la situación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que con la entrada en vigor de la ley comenzaron a asumir también los delitos de violencia sexual sobre la mujer, la valoración del Ministerio es "muy positiva".
Estas nuevas competencias fueron duramente criticadas por los jueces especializados, que alertaron de la falta de medios y advirtieron de que no podrían abarcarlo todo. Justicia reforzó estos juzgados con la creación de 42 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales.
El Ministerio pone el foco en la importancia de que sean jueces especializados en violencia sobre la mujer los que conozcan estos casos; gracias a eso -aseguran- se están atendiendo adecuadamente las necesidades de las víctimas de esos delitos.
En cuanto a la inversión, el Ministerio ha invertido 1.121 millones de euros para la implementación de la ley en esta legislatura.
De ellos, 192 millones se han destinado a medios personales, que incluyen los costes de retribuciones vinculadas a las nuevas estructuras, mejoras salariales o la creación de nuevas plazas judiciales.
En digitalización se han invertido más de 850 millones, de los que 325 proceden de fondos europeos, y se han destinado a las 12 comunidades con competencias transferidas en Justicia. Desde el Ministerio subrayan que la ley supondrá un ahorro de cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años para estas comunidades.
Además, se han ejecutado más de 79 millones para mejorar y adaptar las infraestructuras judiciales. EFE
(Recursos de archivo en EFEServicios 8022703768)
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