Un informe del Tec de Monterrey propone una hoja de ruta para fortalecer los sistemas educativos de la región

Un informe del Tec de Monterrey propone una hoja de ruta para fortalecer los sistemas educativos de la región

El documento se generó a partir del IFE Conference, un foro internacional que reunió a especialistas de América Latina y organismos multilaterales. Plantea ejes estratégicos para mejorar la profesión docente, recuperar aprendizajes y garantizar una educación más equitativa y sostenible

El Instituto Tecnológico de Monterrey organizó en enero el International Forum on Education (IFE Conference 2024), un espacio de discusión global que reunió a referentes del campo educativo para reflexionar sobre innovación en políticas públicas. El encuentro tuvo lugar en Monterrey, México, y se desarrolló en enero de este año.

Durante tres jornadas, más de cincuenta especialistas de universidades, organismos multilaterales y centros de investigación debatieron sobre estrategias contemporáneas de formulación, implementación y evaluación de políticas educativas.

Participaron, entre otros, Arturo Cherbowski (director ejecutivo de Universia México), Mercedes Miguel (ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires), Sofialeticia Morales (secretaria de Educación del Estado de Nuevo León), Claudia Uribe (directora de la Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe), Mercedes Mateo Díaz (jefa de la División de Educación del BID), entre otros. La diversidad de perfiles y trayectorias permitió abordar los desafíos educativos desde distintas escalas y enfoques.

En ese marco, el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas (IEPP) acaba de presentar un informe que sistematiza las principales ideas, experiencias y recomendaciones surgidas en el foro.

Aprendizajes clave

El informe identifica cuatro dimensiones centrales para avanzar en políticas educativas efectivas, todas atravesadas por un enfoque de equidad y sostenibilidad institucional.

La primera es el fortalecimiento de la profesión docente. El documento subraya que ningún sistema educativo puede superar la calidad de su cuerpo docente. Se enfatiza la necesidad de revisar los criterios de ingreso a la carrera, mejorar la formación inicial a través de planes de estudio coherentes con los desafíos del siglo XXI y garantizar una capacitación continua vinculada a la práctica en el aula. Asimismo, se plantea que la docencia debe ser una profesión atractiva, con condiciones laborales dignas, mecanismos de desarrollo profesional y estructuras de acompañamiento pedagógico permanente.

La segunda dimensión es la recuperación y mejora de los aprendizajes, especialmente tras las consecuencias de la pandemia. Se sostiene que las políticas deben enfocarse en el aprendizaje como núcleo central del sistema educativo. Para ello, se recomienda implementar evaluaciones formativas periódicas que orienten la práctica docente y permitan identificar brechas de manera temprana. El uso de evidencia para el diseño de programas de refuerzo, tutorías personalizadas y estrategias de enseñanza diferenciada aparece como una vía efectiva para garantizar trayectorias escolares completas y significativas.

En tercer lugar, se destaca la necesidad de estructuras de gobernanza más transparentes, eficientes y orientadas a resultados. El informe propone repensar la arquitectura institucional del sistema educativo, promoviendo mayor articulación entre niveles de gobierno, claridad en las responsabilidades de cada actor y mecanismos robustos de rendición de cuentas. También se plantea que las decisiones deben basarse en datos confiables y actualizados, y que los recursos financieros deben asignarse según criterios de equidad, priorizando a las poblaciones más vulnerables.

Finalmente, se señala la importancia de una colaboración multisectorial y con la sociedad civil. La experiencia de distintos países muestra que los avances sostenidos en política educativa requieren alianzas amplias, que incluyan a familias, docentes, estudiantes, organizaciones comunitarias, universidades y sector privado. Esta cooperación, según el informe, permite ampliar capacidades, legitimar las decisiones y generar soluciones contextualizadas que respondan a las particularidades de cada territorio.

Recomendaciones de política pública

El informe propone un conjunto de orientaciones estratégicas dirigidas a los tomadores de decisiones, con base en experiencias documentadas y evaluaciones independientes. La primera recomendación es formular políticas de largo plazo, con visión sistémica y continuidad institucional. Se advierte sobre los efectos negativos de reformas aisladas o de corto alcance, y se sugiere construir acuerdos amplios que trasciendan los ciclos electorales, incorporando marcos normativos y presupuestarios estables.

Otro eje central es la revalorización de la formación docente, entendida como una política estructural que debe acompañar toda la trayectoria profesional. Se recomienda revisar los programas de formación inicial, asegurar prácticas pedagógicas de calidad en contextos reales y ofrecer capacitación continua pertinente y accesible. También se alienta la creación de redes de aprendizaje profesional entre docentes y escuelas.

En materia de financiamiento, se plantea la necesidad de garantizar una inversión suficiente, equitativa y sostenida. No se trata solo de aumentar el gasto, sino de asignarlo con criterios de justicia distributiva y eficacia. El informe recomienda priorizar la inversión en infraestructura escolar, conectividad, recursos didácticos y condiciones laborales del personal educativo, especialmente en zonas con mayores niveles de vulnerabilidad.

Por último, se destaca la importancia de ampliar los mecanismos de participación y corresponsabilidad social. La toma de decisiones en política educativa debe incorporar la voz de estudiantes, familias, comunidades y actores sociales. Esto implica diseñar procesos de consulta, fortalecer los consejos escolares, abrir espacios de deliberación y fomentar una cultura democrática dentro del sistema educativo.

Retos pendientes

Pese a los avances presentados en distintas experiencias, el informe identifica una serie de obstáculos estructurales que limitan el impacto de las políticas educativas. El primero de ellos es la persistente desigualdad socioeconómica, que afecta las condiciones de aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Factores como la pobreza, la inseguridad alimentaria, el trabajo infantil o la falta de apoyo familiar inciden directamente en las trayectorias educativas y requieren respuestas intersectoriales.

Otro reto central es la baja inversión pública en educación en varios países de la región, en relación tanto al Producto Interno Bruto como al gasto por estudiante. La insuficiencia de recursos limita la capacidad de los sistemas educativos para ofrecer condiciones de calidad y restringe la posibilidad de implementar políticas de largo aliento. A ello se suma la inestabilidad institucional, que muchas veces impide sostener reformas pedagógicas y de gestión.

El informe también señala la dificultad para escalar y sostener políticas exitosas. Muchas iniciativas funcionan bien en contextos piloto o en programas focalizados, pero enfrentan obstáculos al extenderse a mayor escala. Entre los factores que explican este fenómeno se mencionan la falta de recursos técnicos, la escasa coordinación entre niveles de gobierno y la ausencia de monitoreo continuo.

Por último, se advierte sobre la amplia brecha digital que atraviesa a docentes, estudiantes y comunidades educativas. Aunque la pandemia aceleró ciertos procesos de incorporación tecnológica, persisten diferencias significativas en el acceso, el uso y la apropiación de herramientas digitales. Esto limita las oportunidades de aprendizaje, especialmente en áreas rurales y sectores marginados.

Conclusiones del evento

El IFE Conference 2024, organizado por el Tecnológico de Monterrey, se consolidó como un espacio de articulación entre investigación académica, formulación de políticas públicas y experiencias territoriales. La presencia de actores de distintos países y sectores permitió construir un diagnóstico compartido sobre los desafíos educativos de la región, así como intercambiar estrategias concretas para enfrentarlos.

Uno de los logros más destacados del encuentro fue la generación de consensos técnicos y políticos en torno a la necesidad de sistemas educativos más resilientes, inclusivos y centrados en el bienestar de estudiantes y docentes. Las distintas voces coincidieron en que la transformación educativa no puede depender de esfuerzos individuales o iniciativas aisladas, sino que requiere visión estratégica, liderazgo sostenido y cooperación multilateral.

El evento también dejó como saldo el fortalecimiento de redes de colaboración entre instituciones académicas, gubernamentales y sociales. Estas redes permiten compartir conocimiento, evaluar políticas en tiempo real y construir capacidades colectivas para enfrentar problemas complejos. En ese sentido, el informe del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas resalta el valor de los espacios de diálogo como una condición clave para diseñar e implementar reformas con legitimidad y eficacia.

Finalmente, el foro reafirmó la importancia de colocar la política educativa en el centro de la agenda pública, no solo como un área sectorial, sino como un componente fundamental del desarrollo económico, la cohesión social y la equidad. En contextos de incertidumbre global, los sistemas educativos enfrentan una doble exigencia: responder con urgencia a las demandas actuales y, al mismo tiempo, anticipar las competencias necesarias para las próximas décadas.