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María López

Madrid, 31 jul (EFE).- El alcance y los tentáculos del caso Leire crecen según avanza la investigación con dos líneas principales: presuntos intentos de boicotear causas judiciales para "proteger al PSOE" y una organización que supuestamente se aprovecharía de empresas públicas para lograr mordidas. Hay alrededor de 40 investigados.

Lo que empezó como un caso de una militante que según el PSOE iba por libre cogió vuelo con la entrada, el pasado 27 de mayo, de agentes de la UCO en la sede del partido, en la madrileña calle Ferraz, en busca de documentación.

Apenas dos meses después y tras un intenso mes de julio, ha derivado en una investigación que toca ya a instituciones del Estado, como la Fiscalía o, sobre todo, la Guardia Civil, que tiene imputados a su actual directora, Mercedes González, su antecesor y el número dos del cuerpo.

Mientras se suceden los informes policiales y las declaraciones de testigos, el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz multiplica el número de imputados, con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez a la cabeza.

Según la investigación, Díez no actuaba sola, sino que coordinaba a una organización dedicada a boicotear causas. A la cabeza se situaría Cerdán, a quien se atribuye el "rol superior". Comenzaron a actuar en abril de 2024, a raíz de los días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez.

Según las pesquisas, bajo las directrices de la exmilitante operaban el empresario Javier Pérez Dolset, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. También está imputada Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García.

Además, jugaría un "papel preeminente" Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018. El juez le imputó tras señalar la UCO que colaboraba "estrechamente" con Díez para desestabilizar causas.

Según la Guardia Civil, Cerdán puso los recursos del PSOE a disposición de la "estructura criminal". A través de intermediarios este partido habría pagado al menos 43.225 euros a Leire Díez. Por estos pagos está imputada la gerente, Ana María Fuentes.

Para "proteger al PSOE", según la UCO, desplegaron múltiples actuaciones. Buscaron información para desacreditar a jueces, desde el magistrado Manuel Marchena a las juezas Beatriz Biedma, que investigó al hermano del presidente del Gobierno, o Mercedes Alaya, que investigó al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, imputado ahora por Pedraz.

Se investiga también si ofrecieron dinero a la empresaria que declaró haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE para que cambiara su versión y, según los indicios, llamaron a la puerta del símbolo de las llamadas "cloacas" del Estado: el excomisario José Manuel Villarejo.

Como contrapartida ofrecían desde ascensos a beneficios procesales, anunciando posibles pactos con la Fiscalía que no se materializaron, según el sumario.

La investigación ha llegado hasta la Fiscalía General del Estado porque Leire Díez, acompañada del abogado Jacobo Teijelo, se vio en 2025 con el entonces número dos, Diego Villafañe, y otra fiscal, quienes han declarado como testigos.

Las maniobras de mayor trascendencia son las que buscaban desacreditar, presuntamente, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al frente de muchas causas judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno y también a cargo ahora de este caso.

Díez habría contactado a guardias civiles o empresarios en busca de información comprometedora sobre la unidad y el mando Antonio Balas. Varios testigos han señalado que decía hablar en nombre del "one", refiriéndose a Sánchez, y que alardeaba también de su relación con la directora del instituto armado, Mercedes González, que ha terminado imputada.

González, que admitió dos encuentros con Díez, se presentó ante el juez como víctima de Cerdán y negó haber colaborado con ninguna cloaca, al tiempo que defendió haber cortado la relación con la exmilitante cuando ésta le pidió restituir a un guardia civil imputado en el caso Koldo.

Tanto ella como su número dos, Manuel Llamas, también imputado, están en el punto de mira por la apertura de informaciones reservadas tras filtraciones sobre este caso.

El último imputado de la causa es el antecesor de González al frente de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, a quien un mando de la UCO atribuyó presiones para ponerse de perfil en la investigación al hermano de Sánchez.

La otra gran línea de investigación es la infiltración de la presunta trama en empresas públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para conseguir mordidas en contratos públicos.

Aquí también sitúa el juez a Cerdán, al grupo "hirurok" ("Nosotros tres", en euskera) -presuntamente integrado por Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso- y, también, a Juan Manuel Serrano, que habría introducido a la militante socialista en Correos, según la Guardia Civil, en un modus operandi destinado a obtener comisiones en contratos en beneficio propio o de terceros.

Además de varios contratos de Correos, se investiga una comisión de la ayuda concedida por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos, o las actuaciones de Enusa.

La investigación ha alcanzado a la actual presidenta de la empresa estatal, Belén Gualda, también investigada, y acumula otros veinticinco empresarios y directivos. EFE