El Ciudadano
El blanqueamiento, entendido como el intento sistemático de «blanquear» la sociedad mediante la inmigración europea, la jerarquía racial, la asimilación cultural y la marginación de las identidades indígenas y africanas, volvió al centro del debate internacional este año. Durante el Mundial de la FIFA 2026, los insultos racistas dirigidos contra Kylian Mbappé por aficionados y figuras públicas del Cono Sur (entre ellos la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien lo describió como un «colonizado camerunés que se hace pasar por francés»), las controversias protagonizadas por aficionados argentinos y por jugadores como Enzo Fernández, así como la decisión del gobierno de Javier Milei de acompañar únicamente a Estados Unidos e Israel en su voto contra una resolución de las Naciones Unidas sobre la trata transatlántica de africanos esclavizados, reavivaron una vieja pregunta: ¿por qué Argentina sigue imaginándose como una nación esencialmente europea?
La respuesta, sin embargo, trasciende a Argentina. Desde México hasta el Cono Sur, las repúblicas latinoamericanas heredaron y adaptaron ideas coloniales que identificaban la blancura con la civilización, el progreso y la modernidad. Durante los siglos XIX y XX, esos principios se tradujeron en políticas migratorias, campañas militares, reformas educativas y relatos nacionales destinados a redefinir la composición demográfica y la identidad de los nuevos Estados. Argentina fue la expresión más acabada de este proyecto, pero de ninguna manera la única.
Argentina y la construcción de una nación europea
Ese rumbo no era inevitable. Cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon su independencia en el Congreso de Tucumán de 1816, coexistían proyectos muy distintos sobre la identidad de la nueva nación. Manuel Belgrano propuso instaurar una monarquía constitucional encabezada por un descendiente de los incas, el llamado Plan Inca, como forma de reconocer la legitimidad histórica de los pueblos andinos y fortalecer la unidad política del antiguo virreinato. La iniciativa contó con el respaldo de José de San Martín y Martín Miguel de Güemes, pero fue rechazada por buena parte de la élite porteña, reacia a aceptar un origen político indígena para la nueva república. No deja de ser significativo que el Acta de la Independencia se publicara no solo en español, sino también en quechua y aimara, y que el Sol de Mayo incorporado a la bandera evocara al dios solar inca Inti. Sin embargo, conforme avanzó el siglo XIX, esas posibilidades fueron desplazadas por un proyecto nacional que identificó cada vez más el progreso con la europeización.
Los fundamentos intelectuales de ese cambio quedaron plasmados en dos de las obras más influyentes del pensamiento político argentino. En Facundo (1845), Domingo Faustino Sarmiento convirtió la oposición entre «civilización y barbarie» en el eje de su interpretación del país: la inmigración y las instituciones europeas representaban la civilización, mientras que las sociedades indígenas y el mundo rural encarnaban el atraso. Años después, Juan Bautista Alberdi sintetizó esa visión en una fórmula que marcaría el rumbo de la política argentina: «gobernar es poblar». En la práctica, ello significaba atraer inmigrantes europeos para transformar la composición demográfica del país. Estas ideas adquirieron todavía mayor fuerza con la difusión del positivismo, que durante la segunda mitad del siglo XIX reforzó en gran parte de América Latina la asociación entre europeización, modernidad y desarrollo.
Argentina llevó ese proyecto más lejos que casi cualquier otro país de la región. Aunque la esclavitud existió bajo el dominio español y entre 100 mil y 150 mil africanos esclavizados fueron llevados al territorio que después sería Argentina, una cifra muy inferior a la de Brasil o Cuba, la abolición temprana no dio origen a una sociedad racialmente incluyente. Por el contrario, las élites impulsaron el blanqueamiento mediante otros mecanismos: la expansión militar sobre territorios indígenas, la inmigración europea a gran escala y la construcción de una memoria nacional que fue relegando a indígenas y afroargentinos al margen de la historia oficial.
En ningún episodio resultó más evidente ese proyecto que en la Conquista del Desierto, emprendida entre 1878 y 1885 bajo el mando del general Julio Argentino Roca. Presentada como una misión civilizadora para incorporar territorios supuestamente «vacíos», la campaña provocó la muerte de miles de indígenas y el desplazamiento, captura o sometimiento de decenas de miles de mapuches, tehuelches, ranqueles y otros pueblos originarios. La expansión del Estado permitió incorporar cerca de quince millones de hectáreas que posteriormente fueron distribuidas entre grandes propietarios y destinadas a la colonización agrícola, sentando las bases territoriales del ambicioso proyecto de europeización que transformaría la Argentina durante las décadas siguientes.
La Ley de Inmigración y Colonización de 1876 complementó la conquista militar con una profunda transformación demográfica. Entre 1857 y 1940, Argentina recibió más de 6.6 millones de inmigrantes, principalmente italianos y españoles, convirtiéndose en uno de los mayores destinos migratorios del mundo en relación con su población. Para 1914, casi el 30 por ciento de sus habitantes había nacido en el extranjero y cerca del 80 por ciento de la población de Buenos Aires estaba integrada por inmigrantes o hijos de inmigrantes. La magnitud de ese proceso consolidó la imagen de Argentina como una nación predominantemente europea.
Igualmente, decisiva fue la construcción de una memoria nacional selectiva. A finales del siglo XVIII, los afroargentinos representaban entre el 25 y el 30 por ciento de la población de Buenos Aires y desempeñaron un papel importante tanto en la economía colonial como en las guerras de independencia. Sin embargo, una combinación de mortalidad durante los conflictos bélicos, epidemias como la fiebre amarilla de 1871, mestizaje, migración y cambios en las prácticas censales contribuyó a su progresiva desaparición del relato oficial. Los pueblos indígenas, por su parte, quedaron reducidos a un pasado remoto, pese a mantener una presencia continua en todo el territorio nacional. Argentina llegó así a celebrarse como «la Europa de Sudamérica», una identidad construida tanto mediante cambios demográficos como a través del olvido histórico.
Un proyecto compartido por toda América Latina
Aunque Argentina representa el ejemplo más exitoso de este proceso, no fue un caso aislado. Uruguay cultivó durante décadas la imagen de ser «la Suiza de América» y convirtió su composición mayoritariamente europea en un símbolo de estabilidad y modernidad. Paraguay siguió una trayectoria distinta tras la devastadora Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), pero los gobiernos posteriores también promovieron la inmigración europea y asociaron la regeneración nacional con el poblamiento blanco. Celeste Amarilla ilustran hasta qué punto esos imaginarios siguen presentes en sectores de la clase política de la región.
Brasil ofrece, quizá, el contraste más revelador. Entre los siglos XVI y XIX recibió alrededor de 4.9 millones de africanos esclavizados, casi el 40 por ciento de toda la trata transatlántica. Tras la abolición de la esclavitud en 1888, intelectuales como João Batista de Lacerda defendieron la idea de que el mestizaje, combinado con una inmigración europea sostenida, produciría en pocas generaciones una población mayoritariamente blanca. El Estado acompañó esa visión: el decreto republicano del 28 de junio de 1890 restringió explícitamente la inmigración procedente de Asia y África, mientras alentaba la llegada de europeos. Entre 1884 y 1939 arribaron al país más de cuatro millones de inmigrantes, principalmente italianos, portugueses, españoles y alemanes.
Sin embargo, Brasil demuestra que el blanqueamiento no dependía únicamente de transformar la composición demográfica, sino también de preservar las jerarquías sociales heredadas del periodo colonial. Aunque hoy los brasileños negros y mestizos constituyen la mayoría de la población, diversos estudios del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) siguen mostrando profundas desigualdades raciales en ingresos, educación, riqueza y esperanza de vida. El ideal de la blancura sobrevivió incluso donde nunca llegó a materializarse plenamente en términos demográficos, confirmando que el blanqueamiento fue, ante todo, un proyecto político y cultural compartido por buena parte de las élites latinoamericanas.
Cuba ofrece un contrapunto igualmente revelador. La Revolución de 1959 abolió la segregación legal, amplió el acceso a la educación y la salud, y proclamó que el racismo era incompatible con la construcción del socialismo. Sin embargo, la dirigencia revolucionaria siguió siendo desproporcionadamente blanca y muchas de las desigualdades heredadas del periodo colonial sobrevivieron. Tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991, el Período Especial favoreció con frecuencia a los cubanos blancos, quienes tenían un mayor acceso a remesas del extranjero y a los nuevos empleos vinculados al turismo. Incluso uno de los proyectos políticos más explícitamente antirracistas del continente mostró los límites de transformar estructuras sociales forjadas durante siglos.
Variantes de este fenómeno aparecieron en toda América Latina. En Bolivia y Perú, las élites criollas conservaron el poder pese a la persistencia de mayorías indígenas; en México, el mestizaje se convirtió en la base de la identidad nacional, pero con frecuencia implicó la asimilación cultural antes que el reconocimiento de la autonomía indígena; en Guatemala, la exclusión histórica culminó durante la guerra civil en campañas que una comisión auspiciada por las Naciones Unidas calificó posteriormente como actos de genocidio; mientras que en República Dominicana, la dictadura de Rafael Trujillo llevó el nacionalismo antinegro a uno de sus extremos más violentos con la Masacre del Perejil de 1937.
Un legado colonial que sigue vigente
Las consecuencias de estos proyectos fueron más allá de la demografía. La educación, las universidades y las instituciones estatales se organizaron siguiendo modelos intelectuales europeos, en un proceso que diversos historiadores latinoamericanos han denominado «colonización pedagógica». El español y el portugués se consolidaron como las lenguas del poder y de la movilidad social, mientras decenas de idiomas indígenas desaparecieron o quedaron relegados a los márgenes de la vida pública. La independencia política no significó necesariamente una descolonización cultural.
La Guerra Fría tampoco alteró esas estructuras; en muchos casos, las reforzó. Las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay se presentaron como defensoras de la civilización occidental frente al comunismo, mientras que en varios países las demandas indígenas, campesinas o de reforma agraria fueron tratadas como amenazas a la seguridad nacional. Con el retorno de la democracia y las reformas económicas de finales del siglo XX, las instituciones políticas cambiaron mucho más rápido que las jerarquías sociales. La riqueza, la tierra, los medios de comunicación y buena parte del poder político continuaron concentrados de manera desproporcionada entre las élites de origen europeo, mientras las comunidades indígenas y afrodescendientes siguieron enfrentando mayores niveles de pobreza, menor representación institucional y oportunidades más limitadas.
Las polémicas del Mundial no revelaron un problema nuevo. Lo que hicieron fue recordar que, más de dos siglos después de la independencia, América Latina aún debate quién pertenece plenamente a la nación y quién continúa ocupando un lugar subordinado dentro de ella. Como sostuvo Aníbal Quijano, la colonialidad no terminó con el colonialismo; sobrevivió a la independencia y continuó organizando las relaciones de poder. Ese es, en última instancia, el legado más duradero del blanqueamiento.
Sahasranshu Dash es investigador asociado en el Centro Internacional de Ética Aplicada y Asuntos Públicos (ICAEPA) en Sheffield, Reino Unido.
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