Este gobierno ha impulsado una agenda escolar destacable, marcada por correcciones a distorsiones relevantes que la Ley de Inclusión instaló en el sistema y que no tuvieron efectos positivos. La reforma al sistema de creación de establecimientos y la incorporación de un mecanismo de elección mutua en el SAE son dos buenos ejemplos.
Sin embargo, hay un nivel donde ese mismo impulso también es necesario. La educación parvularia es la etapa donde la evidencia muestra los mayores efectos, sobre todo en los niños más vulnerables. La educación en los primeros años es crucial para el desarrollo socioemocional y cognitivo, y para los aprendizajes futuros. Un amplio cuerpo de estudios asocia la asistencia a la educación inicial con menores tasas de deserción, inasistencia crónica y repitencia, con mejores resultados académicos e incluso más retorno en la trayectoria laboral. Es, además, el nivel donde las brechas se abren más temprano: intervenir a tiempo llega antes de que las desigualdades se consoliden, y por eso cada peso invertido aquí rinde más que en cualquier etapa posterior. Aun con toda esta evidencia a la vista, el nivel sigue postergado.
El primer desafío es de demanda, y es cultural. Buena parte de las familias no lleva a sus hijos al jardín infantil porque no lo considera necesario: la razón más frecuente de no asistencia es que “alguien los cuida en casa”. Detrás persiste una idea equivocada, que la educación parvularia es solo cuidado. Mientras esa percepción no cambie, cualquier esfuerzo se quedará corto. En esto, el desafío es informar y convencer a las familias de que este nivel educa y lo hace en la etapa que más importa. Ahí hay una tarea de política pública que no admite demora.
El segundo desafío es de equidad en la provisión. Un caso relevante son los jardines VTF: universidades, fundaciones y otras entidades sin fines de lucro reciben transferencias del Estado para administrar salas cuna y jardines infantiles, y atienden también a los niños más vulnerables. Son sostenedores que aportan diversidad de proyectos a las familias y que hoy concentran el 37,7% de la matrícula del nivel. Aun así, el aporte por párvulo que reciben es sustancialmente menor: según estimaciones del Banco Mundial, alcanza $250.647 en un VTF, frente a $402.887 en Integra y $429.942 en JUNJI de administración directa. Es una brecha arbitraria entre sostenedores que benefician a los mismos niños, y es imperante corregirla. A ello se suma un marco administrativo rígido y una rendición de cuentas que aún se hace en buena parte en papel, sin modernizarse, y que consume tiempo que debiera dedicarse a los niños. Permitir y fortalecer esta provisión mixta es clave, sin dificultar la tarea a quienes la hacen bien.
El tercer desafío es de información y calidad. Hoy no tenemos información sobre la calidad de las experiencias que viven los niños en sus primeros años. Los instrumentos de la Agencia de Calidad son de autoevaluación, voluntarios y de resultados reservados: sirven al establecimiento para mejorar, pero no informan al país. Falta una mirada externa que permita a las familias conocer ciertos indicadores de calidad de los jardines a los que asisten sus hijos, y a la política pública orientarse con evidencia. En esto, no es aceptable ahondar en un argumento de insuficiencia de recursos. Si de verdad nos importa el nivel donde la inversión rinde más, los recursos se encuentran.
El cuarto desafío es demográfico. La caída de la natalidad ya está reduciendo la matrícula, y el sistema no está preparado para gestionarla. Ni siquiera sabemos con certeza cuántos jardines hay ni dónde están: la información disponible en el Ministerio solo registra a los establecimientos públicos y, de los privados, solo los que cuentan con Reconocimiento Oficial. Sin esa información básica, planificar es imposible. Y también falta flexibilidad para ajustar la oferta donde la demanda ya no la sostiene: los sostenedores deben poder cerrar, fusionar o reconvertir jardines y traspasar matrícula entre ellos cuando las familias así lo decidan. Hoy esa flexibilidad no existe y son los VTF quienes más la necesitan.
Hay mucho por hacer en educación parvularia, postergarla es renunciar al lugar donde la política pública puede cambiar más trayectorias.
Por Francisca Espinoza, Directora de Estudios Acción Educar
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