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Así lo señaló la secretaria general del Partido Comunista, al referirse a la negativa del Gobierno de utilizar el 2% constitucional en la reconstrucción de las zonas más afectadas del país por la emergencia climática de los últimos días, lo que ha ocurrido en paralelo a la promoción que el Ejecutivo hace de su proyecto de megarreforma que entrega millones de dólares a los empresarios, al favorecerlos con beneficios tributarios. Sobre la propuesta legislativa que modifica la adaptabilidad de la jornada laboral, en entrevista con El Siglo,cl, la dirigenta dijo que no se ha terminado de implementar la gradualidad de la Ley de las 40 horas y ya se está debatiendo retroceder en este derecho. “No podemos pretender que las políticas públicas avancen o retrocedan según el capricho de una nueva autoridad, eso no sólo es irresponsable, es además generar incertidumbre, precisamente lo que este Gobierno dijo que no quería promover”. Respecto del proyecto “Escucha Corazón” y fin del ingreso de nuevas postulantes al programa “Mujeres Rurales” -destinado a las jefas de hogar en el campo-, la dirigenta dijo que “estamos ante una ofensiva coordinada contra los derechos de las mujeres” y “la respuesta es más movilización, más unidad y más presencia, no menos”.

Úrsula Fuentes Rivera. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 26/7/2026. En los últimos días dos temas estuvieron en el centro de la noticia: los efectos de la emergencia climática en distintas zonas del país y la tramitación del proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional”, la “megarreforma” del Gobierno de José Antonio Kast, que quedó suspendida hasta el 4 de agosto, después de la semana distrital, debido a que el comité de la UDI (Unión Demócrata Independiente) solicitó postergar su votación final en el Senado.

Esto, porque el oficialismo habría perdido respaldos claves para ratificar el informe de la comisión mixta ya aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre la compensación a los municipios por la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores de 65 años, independiente de su condición económica. Algunos senadores, entre ellos Patricio Walker (Demócratas), señalaron que no van a respaldar con su voto el trámite final de la iniciativa mientras el Gobierno no garantice recursos para reconstruir y reparar los daños provocados por el sistema frontal en la Región de Coquimbo.

Desde la otra vereda, y tras un reciente encuentro de los secretarios generales de los partidos de oposición para analizar el escenario político y legislativo, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, cuestionó al oficialismo por responsabilizar a la oposición de las dificultades para sacar adelante la agenda legislativa del Gobierno. “Los parlamentarios de derecha tienen que hacerse cargo de una vez por todas de que son oficialistas, que son parte del gobierno (…), no puede ser que aquí cada cosa que ocurre sea responsabilidad de la oposición cuando los votos no los tiene ella”, indicó.

Asimismo, en entrevista con El Siglo.cl, la dirigenta fue enfática en señalar que desde el Partido Comunista han exigido que la emergencia se ponga primero, “que se declaren las zonas de catástrofe, que se activen los recursos, que se acompañe a los municipios y que la reconstrucción se haga con planificación y no con anuncios para la foto, porque  un país se mide por cómo trata a los suyos cuando están en el suelo, no por cuántas rebajas de impuestos es capaz de entregarle a los de siempre”, afirmó.

La Asociación Chilena de Municipalidades solicitó al Gobierno que declare Estado de Catástrofe en las regiones más afectadas por el sistema frontal y usar el 2% constitucional destinado para las emergencias. Hasta el momento esto no acontece, pero en paralelo se aprobó gran parte de megarreforma propuesta por el Gobierno de Kast, que entrega millones de dólares a los empresarios, al favorecerlos con beneficios tributarios. Sólo falta su votación final en el Senado. ¿Cuál es su opinión de esta paradoja?

No hablaría de una paradoja, más bien la enmarco en una definición política y con esa claridad hay que nombrarla. Este Gobierno tuvo tiempo, urgencia y recursos para tramitar en modo exprés una reforma que les baja los impuestos a las grandes empresas y a los más ricos, pero para las familias que hoy tienen el agua dentro de la casa aparecen los oídos sordos y las trabas administrativas. Cuando una autoridad decide qué apura y qué posterga, está diciendo con toda claridad para quién gobierna. Los municipios, que son quienes ponen el cuerpo en la emergencia, están pidiendo lo mínimo: que se declare Estado de Catástrofe donde corresponda. Como oposición nos sumamos a esa demanda, solicitando además que se libere el 2% constitucional, un mecanismo que existe precisamente para enfrentar este tipo de situaciones. No es un favor, es una obligación del Estado con su gente. Y quiero ser precisa, porque a nosotros nos van a acusar de siempre lo mismo: esto no es obstruccionismo ni revanchismo. Es sentido común y es justicia elemental. Cada peso que se regala en invariabilidad tributaria a una gran inversión es un peso que no está llegando a la reconstrucción, a los caminos cortados, a las familias aisladas. Esa plata tiene dueño, y el dueño deberían ser las familias trabajadoras que hoy está sufriendo, no un puñado de grandes contribuyentes.

Tanto diputados como senadores de oposición presentaron tres requerimientos al Tribunal Constitucional por contenidos de la megarreforma, que está a un paso de convertirse en ley. ¿En qué consisten estos recursos y por qué fueron presentados de manera separada por los diputados y los senadores de oposición?

Los requerimientos apuntan al corazón de lo más indefendible de esta reforma. En lo central, cuestionan la cláusula de invariabilidad tributaria -ese congelamiento que le garantiza a las grandes inversiones que no les subirán los impuestos por años, amarrando de manos a los gobiernos que vengan- y el mecanismo de reembolsos o indemnización a empresas afectadas por la anulación de permisos ambientales, que es prácticamente firmarles un cheque en blanco con recursos de todos los chilenos. Se suma también la impugnación a la forma en que se tramitó y a normas que, a nuestro juicio, invaden atribuciones que la Constitución reserva a otros poderes. Estos requerimientos van por cursos separados pero que se complementan y no compiten entre sí. Hay una vía impulsada desde la Cámara Baja y otra desde el Senado, y cada una levanta vicios distintos, unos de fondo y otros de procedimiento. No es una repetición, es cubrir varios flancos de un proyecto que se aprobó a la carrera, sin dar los tiempos reales para escuchar a todos los actores. Fue, como lo hemos dicho, un debate en que se intentó pasar gato por liebre. Ahora, seamos honestos con la ciudadanía y no le vendamos ilusiones. El Tribunal Constitucional es una barrera institucional relevante, quizá la última en el plano legal antes de la promulgación, pero no es una varita mágica ni puede reemplazar lo que se juega en la calle, en los sindicatos y en las urnas. Nuestra confianza de fondo está en la organización del pueblo, no en un fallo. Por eso nuestra postura es de oposición firme, pero no irresponsable. Usamos todas las herramientas que la democracia nos entrega, incluida esta, y al mismo tiempo damos la pelea política y social para que Chile entienda a quién beneficia realmente esta reforma, que tiene nombre y apellido. Quienes la impulsaron van a tener que responder por ella ante el país.

Mientras Chile enfrenta inundaciones, aluviones, socavones y comunidades aisladas por las últimas lluvias, el Gobierno impulsa cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), para aumentar la densidad y fomentar la construcción, lo que preocupa por la falta de una planificación territorial que considere las necesidades locales y las zonas de riesgo en la edificación. ¿Cuál es su análisis de esta situación, considerando también que en Chile hay un alto déficit habitacional, sobre todo para las familias con menos recursos?

Aquí hay una trampa que conviene desarmar. Nadie discute que Chile tiene un déficit habitacional enorme y que hay que construir; el problema es qué se construye, dónde y para quién. Cuando se flexibiliza la Ordenanza para densificar y facilitar la edificación sin planificación territorial y sin mirar las zonas de riesgo, no se está resolviendo el déficit de las familias: se le está abriendo la puerta al negocio inmobiliario para que construya donde le convenga. Y lo estamos viendo en tiempo real. Las mismas lluvias que hoy dejan comunidades aisladas nos muestran dónde nunca se debió permitir construir. Si además relajamos las reglas justo cuando el cambio climático nos golpea con más fuerza y frecuencia, estamos fabricando las tragedias del futuro. La prevención y la planificación no son burocracia, son la diferencia entre una emergencia manejable y una catástrofe evitable. El acceso a la vivienda es un derecho, no una mercancía, y esa es la diferencia de fondo con este Gobierno. Nosotros defendemos un rol activo del Estado: planificación territorial con participación de los municipios y las comunidades, suelo público al servicio de la vivienda social, y estándares que garanticen barrios seguros, con áreas verdes y servicios, no guetos verticales levantados en zonas inundables. Densificar puede ser parte de la solución si se hace bien, con planificación e integración social; pero densificar para engordar el margen del que construye, sacrificando seguridad y calidad de vida, es exactamente lo contrario de lo que necesitan las familias que hoy no tienen dónde vivir dignamente.

Están desdibujando rol de los sindicatos y la conquista de las 40 horas semanales

El Gobierno ingresó con suma urgencia al Congreso un proyecto que modifica la adaptabilidad de la jornada laboral. Uno de los ejes centrales consiste en modificar y ampliar el cálculo de la jornada laboral de 4 a 16 semanas o hasta un máximo de 52 horas, excluyendo la intervención del sindicato en los nuevos pactos. De aprobarse esta propuesta legislativa, ¿en qué se traduciría para las y los trabajadores, considerando que ya es baja la sindicalización en Chile y que además se retiró el proyecto de negociación multinivel de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados?

Lisa y llanamente sería un retroceso. Ampliar el período de cálculo de la jornada de 4 a 16 semanas y permitir jornadas de hasta 52 horas significa que el empleador podrá distribuir las horas de trabajo según su conveniencia durante casi todo el año. En la práctica, esto desdibuja la conquista de las 40 horas. En el papel se mantiene el promedio, pero en la vida real las trabajadoras y los trabajadores pierden certeza sobre su tiempo, su descanso y su vida familiar. Lo más grave es que se pretende hacer sacando al sindicato de la mesa. Y esto no es un detalle técnico, es el núcleo del asunto. Ningún trabajador discute de igual a igual con su empleador; eso solo ocurre cuando hay organización sindical detrás. Sacar al sindicato de estos pactos, o desdibujar su rol y relativizar la necesidad que exista, es dejar al trabajador solo frente a quien tiene todo el poder de negociación. Le llaman flexibilidad, pero en los hechos es desprotección. Y hay que mirarlo en conjunto, porque las piezas encajan. En un país donde la sindicalización ya es baja, primero se retira el proyecto de negociación multinivel -que era justamente la herramienta para fortalecer la negociación colectiva más allá de la empresa- y después se empuja una jornada a medida del empleador y sin contrapeso sindical. No es casualidad, es un mismo hilo conductor que busca debilitar la organización de los trabajadores. Desde el Partido Comunista vamos a defender con todo lo que conquistamos y persistiremos en nuestro llamado a que sean las contrapartes en igualdad de condiciones, empleador y sindicatos, con más y mejor negociación colectiva, sindicatos fortalecidos y titularidad sindical, los que aborden los desafíos del mundo del trabajo y sus respuestas. No se ha terminado de implementar la gradualidad de la rebaja de la jornada laboral a 40 horas y ya estamos debatiendo retroceder en este derecho, que Republicanos votó en contra. No podemos pretender, según quien sea electo, que las políticas públicas puedan avanzar o retroceder según el capricho de la nueva autoridad, eso no sólo es irresponsable, es además generar incertidumbre, precisamente lo que este gobierno dijo que no quería promover. Hoy las familias trabajadoras la están pasando mal y tienen el temor y la incertidumbre de si podrán acceder a un empleo y si ese empleo será con salario digno y con derechos; y los derechos de los trabajadores se defienden con organización, no con la promesa de que ya llegará el chorreo.

En el ámbito de equidad de género, se vislumbra el abandono del Gobierno de Kast a las mujeres jefas de hogar en el campo, al anunciar que no entrarán más participantes al programa “Mujeres Rurales”, desarrollado en conjunto por el INDAP y PRODEMU, una de las políticas con enfoque de género más antiguas del Estado chileno desde la vuelta de la democracia -funciona desde 1992-. También diputados del oficialismo presentaron un proyecto de ley llamado “Escucha Corazón”, que obliga a las mujeres o niñas que tengan que abortar por alguna de las tres causales a escuchar, antes, los latidos del feto o embrión, una medida que es considerada cruel y revictimizante. ¿Qué hacer ante esta ofensiva contra los derechos alcanzados por las mujeres?

Estamos ante una ofensiva coordinada contra los derechos de las mujeres, no solo de hechos aislados. Cerrarles la puerta a nuevas participantes del programa Mujeres Rurales es abandonar a las mujeres jefas de hogar del campo, las que menos aparecen en la agenda pública y las que más han sostenido a sus familias y a sus comunidades. Se está desmantelando una de las políticas de género más antiguas del Estado y se hace sin ruido, por la vía de dejarla morir. En paralelo, el proyecto para obligar a una mujer o a una niña a escuchar los latidos antes de un aborto por las tres causales no tiene nada que ver con proteger la vida, es castigar y revictimizar. Estamos hablando de mujeres y niñas que ya están viviendo una de las situaciones más difíciles de su vida -riesgo vital, inviabilidad fetal o una violación- y a las que se les quiere imponer un sufrimiento adicional. Es de una crueldad que retrata muy bien el proyecto de sociedad que representa esta derecha. ¿Qué hacer? Lo mismo que hemos hecho siempre que se han querido arrebatar derechos: organizarnos y no ceder ni un paso. La historia demuestra que ninguno de los derechos que hoy tenemos las mujeres fue un regalo; todos se conquistaron con lucha, en la calle, en los territorios y en el movimiento feminista. Frente a la ofensiva, la respuesta es más movilización, más unidad y más presencia, no menos. Como Partido Comunista tenemos un compromiso claro y sin letra chica: defender lo avanzado, reponer y ampliar los programas que le cambian la vida a las mujeres -especialmente a las rurales, a las trabajadoras y a las más pobres- y frenar en el Congreso y en la sociedad cada intento de retroceso. Los derechos de las mujeres no se negocian, y no vamos a permitir que se conviertan en moneda de cambio de una agenda conservadora.

Este miércoles la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira Matus, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, una distinción entregada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el cual está en la mira de la derecha, ya que diputados del Partido Nacional Libertario y de la  UDI están solicitando su cierre. ¿Qué rol le cabe a la izquierda y a la sociedad civil en la defensa de organismos con un rol relevante en la convivencia democrática y respetuosa de los DDHH en el país?

Este premio, tal como la dijo la propia Alicia, no es solo un reconocimiento personal, es un homenaje a décadas de lucha por verdad, justicia y memoria, muchas veces en la más completa soledad y contra el olvido que algunos quieren imponer. Que se le reconozca hoy, cuando desde la derecha se pide cerrar el organismo que entrega esa distinción, es un contraste que dice mucho sobre el momento que vive el país. El INDH no le pertenece a un gobierno ni a un sector; es una institución del Estado democrático, nacida de un compromiso de país con el “Nunca Más”. Que hoy libertarios y gremialistas pidan su cierre no es un debate presupuestario ni de eficiencia, es parte de una operación para debilitar los contrapesos y para relativizar los derechos humanos como si fueran una bandera de un solo lado. Los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha, son el piso mínimo de cualquier convivencia democrática, y por eso hay que defenderlos con firmeza. A la izquierda y a la sociedad civil nos cabe un rol insustituible, y lo digo con la experiencia de quienes venimos del mundo social y organizado, de defender activamente estas instituciones, no con declaraciones, sino con presencia, con acción y con memoria. La memoria no es mirar al pasado; es la vacuna para que los horrores no se repitan. Y se defiende todos los días, sobre todo cuando hay quienes trabajan abiertamente para borrarla. El Partido Comunista va a estar junto a las agrupaciones de derechos humanos, a la AFEP, la AFDD, la Agrupación Madres del Silencio y las familias de las víctimas de trauma ocular en el contexto del estallido social, defendiendo al INDH y a cada institución que resguarde la dignidad de las personas. Los derechos humanos y la memoria de nuestro pueblo no están en venta ni se cierran por decreto. Mientras haya quienes pretendan hacernos retroceder, ahí estaremos, junto a organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos como el nuestro, dispuestos a impedirlo.

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