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En la semana escuché a un parlamentario de izquierda argumentar en contra del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación económica, anunciado por el Presidente Kast en su primera cadena nacional. La principal crítica es extraordinariamente ilustrativa: la rebaja del impuesto de primera categoría, es decir, el que grava las rentas obtenidas por las empresas, sería “un regalo” a los más ricos de este país. El sheriff de Nottingham lo habría aplaudido de pie.

El criterio es bastante explícito y no hay razón para restringirlo a “los ricos”. Cada peso que usted, estimado lector, gana con su trabajo, y que el Estado no se lleva por alguna de las múltiples vías de recaudación tributaria, tiene que agradecerlo como un regalo. Emociona tanta generosidad.

Las preguntas de muchos periodistas, claramente de la mayoría, riman con el mismo criterio: ¿Cómo se va a compensar lo que el Estado dejará de percibir? ¿Usted, ministro, se beneficiará con esta medida, dejará de pagar contribuciones? ¿Por qué benefician a los ricos con una exención que no se aplica a los sectores más pobres, porque no pagan contribuciones? Y así podríamos seguir. En el fondo, todo apunta a lo mismo: nada es, en realidad, de las personas. Ni lo que ganan con el producto de su trabajo, ni su casa.

Todo, absolutamente todo se tiene por mera tolerancia del Estado, que gozaría de un derecho preferente sobre la universalidad de los bienes; porque, parece entenderse, se conciben destinados a una propiedad común, respecto de la cual la burocracia tendría el poder omnímodo de redistribuir como mejor le parezca. Esa idea de que el trabajo personal conduce al dominio es la perversión individualista del capitalismo, por eso la riqueza les irrita y la consideran expresión de una injusticia estructural.

Hasta ahora no he visto –tal vez ha sido mala suerte– a ningún periodista preguntar: ¿cuánto mayor crecimiento se espera de estas medidas? ¿Cuántos empleos se crearán? ¿Cuánto podrían crecer las remuneraciones? ¿Cuánto dinero quedará ahora en el bolsillo de sus dueños? ¿Cuántas personas de clase media se estima que dejarán de pagarle al Estado para vivir en sus casas? Eso sería ideológico. Con tono de fiscal, únicamente preguntan, de distintas maneras, pero siempre con inquisitivo tono de escándalo, “¿cuánto le van a quitar al Estado para dárselo a los ricos?”

La justificación es obvia y, por supuesto, esa no es ideológica: los derechos sociales. El riesgo sería que, por esta vía, nunca llegaremos al nirvana del estado de bienestar. Responder a eso da para otra reflexión, pero no hay que ser Premio Nobel de Economía para saber que creciendo al 2%, con nuestro PIB, no hay estado de bienestar posible. Pretender que se están defendiendo derechos sociales con un país que no crece es sencillamente un fraude.

Por Gonzalo Cordero, abogado