En estos cien primeros días al mando, el actual gobierno ha dado solo dos señales nítidas, y ninguna de ellas ofrece la esperanza prometida durante la campaña. La primera señal es la de ser un gobierno elegido principalmente para seguir atacando a la administración pasada, recordando sus errores ya conocidos, amplificando los menos expuestos y sacando a la luz cualquier mancha administrativa ocurrida en esa gestión. Una estrategia coherente con la idea de que el país atraviesa una emergencia nacional: un gobierno como una ambulancia equipada para atender huesos fracturados, resucitar corazones en paro o suturar cortes. Cien días con una sirena constante y una baliza que no deja de girar en banda.
La segunda señal se desprende de los anuncios de recortes de fondos públicos que, supuestamente, no afectarían los beneficios sociales. En este caso se trata de un mensaje persistente en torno a la idea de castigo y aleccionamiento; autoridades políticas transmutadas en inspectores de correccional que justifican eliminaciones de fondos y de programas como la consecuencia lógica después de haber vivido una temporada de fiesta y derroches. El problema es que quienes votaron por José Antonio Kast en la elección no venían de ninguna fiesta, menos aún la población más pobre, entre quienes cosechó un apoyo significativo.
Desde que asumió este gobierno quiso hacer de la situación chilena un espejo de la Argentina que eligió a Javier Milei, un ejercicio inconducente que, para mayor abundancia, fue mal ejecutado: si de algo pudo jactarse el presidente transandino durante sus primeros meses fue de haber bajado la inflación, un mal crónico en ese país. Aquí ocurrió lo contrario gracias al alza de los combustibles provocada tras desechar el mecanismo que amortiguaba el precio. A pesar una crisis agobiante y un mandatario esperpéntico, la popularidad del gobierno argentino solo comenzó a caer al segundo año de mandato; aquí la adhesión a José Antonio Kast se desplomó en el plazo de semanas. La analogía estaba mal planteada. Lo que fue quedando en evidencia conforme transcurrían los días fue que la fe que se tenía el nuevo gobierno en su capacidad de manejar la crisis de seguridad y migratoria era sólo eso, una confianza ciega carente de plan, de argumentos, de capacidad de presentar o incluso de defender las ideas que la impulsaban, en el caso de que esas ideas existieran. El entusiasmo de la campaña chocó con la realidad a una velocidad acorde con los tiempos, forzando un cambio de gabinete que pudo haber sido aún más prematuro de lo que fue, considerando particularmente los dichos y el desempeño de la vocera original desde el primer día. Paradójicamente, quienes fueron elegidos para ordenar y brindar certezas han dado la impresión pública de estar permanentemente sobreponiéndose a su propio caos interno alimentado por descoordinaciones, una relación flexible con la verdad de los hechos y desatinos que nunca se sabe si son francas chambonadas o lapsus de un inconsciente travieso. El propio mandatario tuvo un gesto desconcertante al agradecerle a la población en su Cuenta Pública por no haber reaccionado con un estallido tras el incremento de precios de la bencina. Es decir, el gobierno evaluó esa posibilidad y aun así desechó el mecanismo de compensación.
El runrún autoritario y la franqueza de un proyecto económico que juzga al Estado como un estorbo no son sorprendentes. Era lo que prometían autoridades nostálgicas de las reformas económicas de la dictadura y cuyos referentes internacionales son Trump, Orban y Milei. Lo que impresiona es el intento de aplicar ese proyecto como una receta estándar sin reflexión previa, ni adaptación al contexto local actual, ni siquiera la elaboración de excusas fundadas, ni qué decir argumentos. Cualquier tema complejo es simplificado hasta la caricatura, encadenado a una falacia o a una paradoja: no vale la pena financiar tantos almuerzos escolares si tal vez haya alumnos que lleven su propio sándwich; de qué sirven los fondos para investigación científica si los proyectos no dan trabajo; hay un gasto excesivo en cultura, por eso mejor recortar el presupuesto para que sea más robusto. Durante estas semana transcurridas hemos sido testigos de declaraciones de una liviandad antiintelectual muy propia de las ultraderechas, vestida con ropajes de sentido común, es decir, reducir asuntos densos de aristas múltiples hasta el punto de quitarles toda importancia si es que no son fuentes directas de dinero; presentar públicamente fondos públicos relevantes como caprichos o lujos de un grupo de privilegiados que no producen utilidades inmediatas; recurrir a dilemas forzados, injustos, como contraponer el financiamiento de expresiones artísticas o proyectos científicos con las necesidades que puede tener una comunidad de niños pobres. Asimismo, es un gobierno que se jacta de su patriotismo, pero cuya aproximación a la cultura y el arte local, lo que le da sentido y densidad al concepto de patria, es superficial y vacua; un gobierno que restringe los desafíos del futuro y el desarrollo científico al mero acto de establecer contactos privados con empresarios tecnológicos extranjeros, desdeñando la producción de conocimiento de las universidades chilenas.
En los primeros cien días no se ha constatado la eficiencia de gestión anunciada en campaña, tampoco los planes comprometidos en el ámbito de la seguridad y la crisis migratoria, mientras las proyecciones de recuperación económica se han visto aplazadas a un futuro incierto. Han sido tres meses de escuchar una sirena de ambulancia anunciando que el vehículo acude a una emergencia llevando un grupo de paramédicos que no entienden muy bien los protocolos adecuados y un conductor que parece extraviado en calles desconocidas, porque no sabe dónde fue el accidente, ni quiénes son los accidentados, ni dónde está la sala de urgencias a la que debe trasladarlos. Un ruido de baliza en la mitad de una noche absurda.
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