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El martes en la mañana, el ministro Jorge Quiroz partió a Valparaíso sabiendo que su megarreforma sería aprobada en general en el Senado por 26 votos, exactamente el mínimo que tiene el oficialismo para imponerse a la oposición. Algunos le decían que esta es una mayoría frágil, como si se tratara de una querella religiosa. Pero si lo fuese, Quiroz pudo ver que no hubo senadores opositores (excepto uno) que estuviesen siquiera dispuestos a votar en blanco para dejar paso al proyecto. Entre todo y nada, esos senadores eligieron nada.

Probablemente sería igual si el gobierno fuese de otro signo y la oposición estuviese en la derecha. Fue así en el gobierno de Boric. Pero repetir conductas no mejora las cosas (como han intuido los parlamentarios que proponen subir los requisitos para presentar acusaciones constitucionales, a propósito de la que afecta al exministro Grau). Ni induce al gobierno a negociar por partes. Y también es verdad que los objetivos del gobierno son totalmente contrarios a los de la oposición. No un poco: totalmente. Por eso el documento “para negociar” preparado por 18 senadores de oposición tiene pocas perspectivas, si es que alguna. El documento busca lo contrario de lo que busca el gobierno.

Veamos. El gobierno estima que el Estado no es un generador de riqueza, sino, más bien, de gasto. En la última década, mientras el PIB crecía en 2,1% promedio anual, el gasto del gobierno central se elevaba a 4,3%. Esa brecha no ha retrocedido y, visiblemente, ha crecido gracias a la fe de una generación que no encontró otra solución a sus propios problemas que obtener todo del Estado, desde la beca hasta el empleo. ¿Se puede esperar un acuerdo en esto? El gobierno de Kast difícilmente retrocederá en su propósito de trasladar la iniciativa económica al sector privado, no a un Estado más gordo. El gobierno central es la encarnación de lo que Octavio Paz llamó “el ogro filantrópico”, con esa posterior deriva hacia un “ogro misantrópico”, el Estado que ayuda a los propios y hostiga a los críticos.

Segundo, el gobierno cree que los impuestos son un lastre para el crecimiento. A esta convicción se ha agregado otra en los últimos meses: el país está perdiendo competitividad debido a sus impuestos, altos e inestables. Sus puntos de comparación son un país minero altamente competitivo, Perú, y otro que se prepara para ser minero, Argentina, con fuertes medidas tributarias como estímulos. En línea con el liberalismo clásico, el gobierno cree que el SII es la punta de lanza de un Estado agresor. No es un fin que el SII recaude más; el verdadero fin, en las condiciones actuales, es que favorezca las iniciativas domiciliadas en Chile.

El tercer aspecto es lo que Quiroz llama, con ironía, “la inocencia de la burocracia”. El personal que engorda el Estado tiene por primera tarea protegerse a sí mismo, como todos los organismos vivos, por lo que magnifica su tarea, y la red de regulaciones que lo acompaña hace que ese ejercicio perjudique de manera directa a los costos de la iniciativa privada. La “permisología”, vista por Quiroz, no es sino un “impuesto al crecimiento”. Y en los casos más graves es también “una extorsión”. En la visión de Quiroz, el Estado existe para crear y favorecer un clima de negocios. Lo que hace el chileno es lo contrario.

El trasfondo de esta confrontación es la ya vieja discusión sobre el modelo de desarrollo, que se acerca a cumplir un siglo, si es que uno acepta fijar su inicio en la crisis financiera mundial de 1929. El país ha estado debatiendo desde entonces acerca de Estado, impuestos, gastos e ingresos, y ese debate ha trazado la línea divisoria entre izquierda y derecha, línea que no debe cruzar quien no quiera ser tildado de traidor, así de grave. El desacuerdo con el Estado lo manda a uno a la derecha; la crítica al mundo privado te embolsa en la izquierda. Nada de matices. Los períodos de acuerdo -siempre inestable- han sido aquellos en que se ha trabado una repartija de poderes y beneficios entre el Estado y la sociedad, incluyendo de manera protagónica a la producción privada.

Los esfuerzos más radicales por derrotar a la posición contraria, eliminar el debate y dar por cambiada la cultura económica se han producido dos veces desde la izquierda, con la Unidad Popular y los gobiernos de Bachelet 2-Boric. Al primero respondió la derecha con el golpe de Estado de 1973 y las transformaciones lideradas por los “Chicago boys”, con las que pareció que la cultura económica chilena había cambiado definitivamente. No poco de eso se divisa todavía en las encuestas, pero no cabe duda de que tuvo un fuerte retroceso en el desorden político 2014-2024. De ese proceso tormentoso puede haber emergido un nuevo prototipo que quizás está por influir seriamente en las futuras elecciones. Pero esa es otra historia.

Por ahora, tras el empeño de Boric, fue elegido Kast. Y Quiroz quiere corregir esa desviación, devolver la austeridad al Estado (si es que alguna vez la ha tenido) y recuperar una disciplina de responsabilidad económica. Por eso es el único ministro de Kast que se atreve a admitir, sin eufemismos, que está librando una “batalla cultural”. No se equivoca. Pero la tiene difícil, bien difícil.