Lisboa, 11 jul (EFE).- La crisis por los fallos en la clasificación digital de los exámenes nacionales de enseñanza secundaria de Portugal ha dejado de ser un problema exclusivamente técnico para convertirse en una controversia sobre la gestión del Ministerio de Educación, la contratación de la plataforma informática y la responsabilidad del Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro.
Las pruebas afectadas corresponden a los exámenes que realizan principalmente los estudiantes de 11.º y 12.º curso, los dos últimos años de la enseñanza secundaria. No son exámenes universitarios, aunque sus notas pueden servir para concluir asignaturas, mejorar la calificación final y solicitar el ingreso en la enseñanza superior. El proceso de 2026 comprende alrededor de 300.000 exámenes.
Las incidencias comenzaron a conocerse en junio, cuando el Instituto de Educación, Calidad y Evaluación (EduQA) reconoció dificultades en el sistema de clasificación.
Las pruebas, realizadas en papel, son digitalizadas y sus respuestas se distribuyen electrónicamente entre profesores clasificadores, y este año este procedimiento se generalizó en más disciplinas.
Profesores y sindicatos denunciaron retrasos en la distribución de las respuestas, problemas para acceder a la plataforma y periodos en los que el sistema estuvo en mantenimiento, lo que impedía continuar las correcciones.
El ministro de Educación, Fernando Alexandre, aseguró inicialmente que “la mayoría” de los fallos denunciados eran falsos y que existían condiciones para mantener la clasificación digital.
La evolución de la situación obligó al Ejecutivo a modificar las fechas. La clasificación de la primera fase, que debía concluir el 10 de julio, fue prolongada hasta el 14, mientras que la publicación de las calificaciones pasó del 14 al 17 de julio. La segunda fase fue trasladada del 16 al 20 de julio y terminará el día 24, en vez del 22.
El Gobierno mantuvo el calendario del Concurso Nacional de Acceso a la Enseñanza Superior, cuyas candidaturas comienzan el 20 de julio.
Días después, Alexandre garantizó que no habría un nuevo aplazamiento y admitió que faltaba distribuir “cerca del 20 %” de las respuestas pendientes de clasificación, criticando el “alarmismo” generado.
El Ejecutivo informó este jueves de que el “73 % de los exámenes nacionales distribuidos” ya estaba corregido y habló de un “progreso significativo”. La formulación se refería a las pruebas que ya habían sido entregadas a los clasificadores, no necesariamente a la totalidad del universo de exámenes.
A las dificultades operativas se han añadido dudas sobre la tecnología. En el portal oficial de contratos públicos consta una adjudicación a Blat-Creative Powerhouse para la actualización del Sistema de Clasificación Online. El contrato fue firmado en 2023 por un precio de 19.080 euros más IVA.
El bajo importe y la reducida dimensión de la empresa han despertado interrogantes sobre el mantenimiento y la capacidad del sistema.
El partido Bloco de Esquerda, en la oposición, ha solicitado una comisión parlamentaria de investigación para examinar las “decisiones, contrataciones y responsabilidades” en la clasificación digital, así como los efectos de la reorganización del Ministerio y las consecuencias para los alumnos.
El Partido Comunista Portugués (PCP) utilizó un requerimiento potestativo para obligar a Alexandre a comparecer con urgencia en la Comisión de Educación; mientras que el Partido Socialista (PS) y el ultraderechista Chega admiten que podrían apoyar una comisión de investigación si las explicaciones ofrecidas por el ministro no resultan suficientes.
El oficialista Partido Social Demócrata (PSD, centro derecha) acepta escuchar al ministro en el Parlamento, pero rechaza una comisión de investigación.
La controversia también ha alcanzado directamente al primer ministro: la oposición considera que el cumplimiento de la fecha del 17 de julio y la garantía de que ninguna prueba incompleta ha sido calificada serán una evaluación para todo el Ejecutivo. El PS ha pedido al ministro que aclare las informaciones sobre posibles exámenes incompletos sometidos a clasificación. EFE
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