Una reflexión educativa sobre el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Lo cierto es que la discusión se construye en una visión que no coincide con la realidad. Si bien, los delitos cometidos por adolescentes tienen un alto impacto social, estos representan una proporción menor en total de delitos cometidos en Chile, donde la gran mayoría de delitos son cometidos por adultos. Según cifras del Ministerio Público, del total de delitos, los cometidos por adolescentes rondan el 6% (2024). Pese a esto, el debate siempre se ha concentrado en la delincuencia juvenil, cómo si ahí naciera la crisis de seguridad.

Cuando el debate se establece en discurso facilista del castigo, olvidamos cuestionar el origen del problema, el cómo llegó ese adolescente a delinquir y caer en un tribunal. Detrás de muchas de las historias de delitos existe abandono escolar, pobreza, violencia intrafamiliar, consumo de drogas y una salud mental desatendida. Son realidades donde el Estado nunca ha estado presente, reproduciendo la espiral de violencia y delitos generacionalmente, como si de un karma se tratase.

La escuela es testigo del origen del problema, el que no ocurre de forma espontánea. Son síntomas que pasan desapercibidos para el sistema: aparecen las inasistencias reiteradas, el bajo rendimiento, conflicto entre pares y finalmente la deserción. En contextos de precariedad, estas situaciones son invisibles, haciendo que el Estado llegue de forma tardía.

Al final, la mejor política de seguridad será siempre aquella que logre que un adolescente encuentre en la educación -y no en la delincuencia- un lugar desde donde construir su futuro.

No se trata de desconocer las responsabilidades individuales, porque quien comete un delito debe responder por su acto. Responsabilizar no debe ser considerado un sinónimo de castigar cada vez más. En adolescentes, se debe elaborar un trabajo que ayude a comprender los daños ocasionados y entregar las condiciones para que situaciones no vuelvan a ocurrir.

Resulta preocupante que la discusión legislativa se concentre en fortalecer la respuesta penal, relegando a un segundo plano los factores educativos que inciden en la prevención del delito. Mientras se demanda mayor severidad al sistema de justicia, muchas comunidades educativas sobreviven con la falta de equipos psicosociales, la escasez de programas preventivos en materia de consumo de drogas, violencia y delincuencia, así como limitadas estrategias de acompañamiento para estudiantes en situación de riesgo. Si el propósito es construir un país más seguro, la política pública no puede comenzar únicamente en los tribunales. Un verdadero plan de seguridad nacional debe entender que la prevención del delito también se construye en las escuelas, fortaleciendo la educación como el primer espacio de protección, inclusión y desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

La educación no puede ser vista como un complemento de la seguridad pública, pero sí un condicionante para la generación de políticas públicas en materia de seguridad y prevención del delito.

Probablemente estamos cayendo en el error de creer que la seguridad comienza en los tribunales, cuando en realidad ocurre antes: en una sala de clases, en el acompañamiento a las familias, en una comunidad que no abandona a los jóvenes cuando hay indicios de dificultades.

Una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que aspire a contribuir verdaderamente a la seguridad no debería limitarse a perfeccionar las sanciones para quienes delinquen. También debe fortalecer las políticas de prevención que permitan que cada vez menos jóvenes transiten por el camino del delito. Cuando el sistema de justicia se transforma en la principal respuesta del Estado frente a la adolescencia, no solo llegamos tarde, evidenciamos un fracaso colectivo. Al final, la mejor política de seguridad será siempre aquella que logre que un adolescente encuentre en la educación -y no en la delincuencia- un lugar desde donde construir su futuro.

Por Arturo I. Castro Martínez

Profesor y Licenciado en Historia y Ciencias Sociales, especialista en Historia Contemporánea y Mundo Actual de la Universidad de Barcelona. Magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional. Es parte del Observatorio Nexo Ciudadano.

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