Chile enfrenta desde hace años un problema persistente de baja participación laboral femenina. Mientras siete de cada diez hombres forman parte del mercado laboral, entre las mujeres la cifra apenas supera el 50%. La maternidad y las responsabilidades de cuidado siguen siendo una de las principales barreras para acceder y mantenerse en un empleo. Por ello, avanzar hacia un sistema de sala cuna universal constituye una reforma necesaria y largamente esperada.
El proyecto corrige una anomalía histórica de nuestra legislación. El actual artículo 203 del Código del Trabajo obliga a financiar sala cuna sólo a empresas con 20 o más trabajadoras, generando incentivos que pueden afectar la contratación femenina y condicionando el acceso al beneficio a las características del empleador. Sustituir ese esquema por uno de carácter universal representa un avance evidente.
Sin embargo, las indicaciones recientemente presentadas por el gobierno muestran que aún existen aspectos relevantes que merecen discusión.
El primero dice relación con la gradualidad. El proyecto contempla una implementación de cuatro años, incorporando inicialmente a los hijos de mujeres trabajadoras dependientes y dejando para etapas posteriores a independientes, trabajadoras de casa particular y otros grupos. La gradualidad es razonable: ampliar cobertura requiere tiempo e infraestructura. Pero también obliga a preguntarse si el orden escogido es consistente con el objetivo de fortalecer la empleabilidad femenina.
Las trabajadoras independientes y de casa particular suelen enfrentar mayores dificultades para compatibilizar empleo y cuidado. Son, precisamente, algunos de los grupos para los cuales el acceso a servicios de cuidado podría generar mayores efectos sobre la inserción laboral.
Un segundo aspecto se refiere al financiamiento. El gobierno propone crear una cotización de 0,35% para costear el sistema, compensándola con una reducción equivalente en las cotizaciones destinadas al Seguro de Cesantía. El argumento es que así no aumentan los costos laborales. Sin embargo, cabe preguntarse si resulta conveniente financiar una prestación permanente con recursos provenientes de un instrumento diseñado para proteger a los trabajadores durante períodos de desempleo. La interrogante adquiere especial relevancia en un contexto de deterioro del mercado laboral, marcado por un aumento de la desocupación, una menor creación de empleo asalariado formal y una mayor duración de los episodios de desempleo.
Finalmente, persisten interrogantes respecto del acceso efectivo al beneficio. El proyecto contempla un aporte por niño financiado por un fondo común, pero si el costo real del servicio supera ese monto, la diferencia deberá ser cubierta por las familias, salvo que el empleador decida asumirla. Si el aporte termina siendo insuficiente, algunas familias podrían seguir enfrentando barreras económicas para acceder a la prestación.
La discusión sobre sala cuna universal no debería dividirse entre partidarios y detractores. Existe amplio consenso sobre la necesidad de avanzar hacia una mayor corresponsabilidad social en el cuidado infantil. Pero precisamente porque se trata de una reforma importante, conviene prestar atención a sus detalles. Universalizar el acceso es una meta valiosa. Asegurar que llegue oportunamente a quienes más lo necesitan y que funcione de manera efectiva será el verdadero desafío.
Por Marcela Perticará, Directora del Departamento de Economía UDP
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