Lo fundamental de la megarreforma ya fue aprobado y constituye un triunfo político circunstancial para el gobierno. A pesar de que queda la última etapa, el proceso deja algunas lecciones sobre la forma en que gobierno y oposición han enfrentado una de las reformas más importantes del período.
La primera es que el gobierno ha privilegiado la eficacia por sobre la sostenibilidad. Ha preferido avanzar sin construir acuerdos duraderos, ganar por un voto si es necesario, antes que impulsar una reforma capaz de sostenerse a través de gobiernos sucesivos. Con ello desaprovechó una oportunidad poco habitual en la convicción compartida por gran parte del espectro político, de que Chile necesita urgentemente recuperar el crecimiento y disminuir el déficit fiscal. Sobre esa base era posible construir un acuerdo amplio para intentar sobreponerse a las alternancias destructivas de la última década. No ocurrió. Seguimos atrapados en la lógica según la cual quien gana una elección cree que puede “salvar al país” de las garras del adversario, mientras el siguiente gobierno se propone deshacer buena parte de lo realizado por su antecesor.
La señal hacia el mercado tampoco es la mejor. Los inversionistas valoran tanto los incentivos tributarios como la estabilidad de las reglas del juego. Una reforma estructural que nace sin acuerdos políticos suficientemente amplios genera incertidumbre sobre su permanencia. Si a ello se suma un déficit fiscal proyectado al alza durante los próximos años, resulta comprensible el escepticismo de muchos economistas que dudan de la sostenibilidad de esta estrategia.
En segundo lugar, la oposición tampoco puede limitarse únicamente a esperar el desgaste del gobierno. Obstruir, denunciar o recurrir sistemáticamente al Tribunal Constitucional terminará erosionando su capacidad propositiva y favoreciendo liderazgos estridentes que buscan visibilidad antes que soluciones. Pero actuar de manera individual tampoco ofrece una alternativa, como lo demostraron los fallidos intentos de negociación de algunos senadores durante esta tramitación. La oposición necesita reconstruir una estrategia común. Ello exige fortalecer la coordinación entre sus partidos y contar con un soporte técnico permanente, capaz de responder con rapidez y solvencia a las iniciativas del Ejecutivo mediante contrapropuestas realistas. La Red de Centros de Pensamiento Progresista es una buena plataforma para esta tarea que los partidos deberían apoyar y contribuir a fortalecer.
Sin embargo, tampoco basta con buenas propuestas. Las ideas adquieren viabilidad cuando encuentran una mayoría política que las sostenga. Eso obliga a mantener abiertos los puentes con aquellos sectores del oficialismo que, más allá de las diferencias ideológicas, comprenden que la estabilidad institucional y la continuidad de las políticas públicas son condiciones esenciales para el desarrollo. Este es un requisito fundamental para que la oposición pueda volver a convertirse en una alternativa de gobierno y no únicamente en una fuerza de resistencia.
Por Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Fundación Chile21
🔥 Ver noticia completa en LaTercera.com 🔥
