Hace unos 5 años, quien firma esta columna de opinión, en conjunto con el entonces diputado Rodrigo González (QEPD) y con dos arquitectos y dos abogados, uno de ellos ex subsecretario de Bienes Nacionales, redactamos un proyecto de ley que buscaba regular el uso de los inmuebles fiscales entregados gratuitamente por el Estado a las distintas ramas de las FFAA, Carabineros y PDI, para uso exclusivo de sus propias necesidades institucionales.
Se debe saber que una antigua legislación dio normas para la creación y administración de fondos para el cumplimiento de las finalidades de los servicios de bienestar de las FFAA. Para tal efecto, se facultó al Presidente de la República en orden a que dictara normas referidas al funcionamiento de los anteriores y con fecha 6 de abril de 1971 el Presidente de la República, Salvador Allende, dictó el DFL N°1 creando al efecto el denominado Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF) para el cumplimiento de las finalidades de esas dependencias de las Fuerzas Armadas. Reguló la adquisición y administración de estos inmuebles, su desafectación, enajenación y destino de los recursos adquiridos.
Han transcurrido más de 55 años y esos inmuebles, básicamente terrenos, que permanecen en poder y son administrados por sus respectivos Comandos de Bienestar, con la denominación PAF, indicada en el párrafo anterior, los que, según sus disponibilidades de usos y con el acuerdo de sus altos mandos, acorde al sistema mercantilista en boga, desde hace algún tiempo son comercializados libremente por los mismos en el mercado inmobiliario. Obviamente el producto monetario de las ventas de esos terrenos queda en poder de esos Comandos de Bienestar, sin informarle al Ministerio de Hacienda.
El proyecto de ley, ingresado el 31 de mayo de 2021, con boletín N° 14325-02 en la Cámara de Diputados, originado por aquellos particulares señalados en el primer párrafo, se refiere a la destinación y enajenación de estos inmuebles fiscales, para lo cual se deben modificar las leyes números 18.712, 18. 713 y 18.714 del año 1988, el que fue suscrito, entre otros, por los diputados Tomás Hirsch, Maya Fernández, Gonzalo Winter, Jorge Brito, Gabriel Ascencio y naturalmente por Rodrigo González. Ellos expresaban en un comunicado de prensa que había una sub utilización de muchos terrenos fiscales calificados como PAF que deberían destinarse a la edificación de viviendas sociales, deportes y recreación, lo que no está ocurriendo y que, por eso, se requería una moderna e indispensable ley acorde a las actuales necesidades del país.
Los diputados proponían que esos terrenos quedaran a disposición de los ministerios de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, previo catastro de los mismos para que fueran conocidos públicamente. Por su parte, la diputada, Maya Fernández, quien posteriormente ejerció el cargo de ministra de Defensa, comentaba, con pleno convencimiento, que “es necesario y urgente que podamos regular lo que pasa con estos bienes inmuebles». (sic)
Pero como el proyecto de ley no se tramitaba, quien suscribe, con el arquitecto Miguel Lawner, nos entrevistamos con el Subsecretario de las FFAA, Galo Eidelstein, a quien le entregamos el texto del proyecto para que lo revisara con la ministra de Defensa, Maya Fernández, con el indispensable propósito de que el gobierno de Boric lo hiciera suyo. Lo anterior, por motivos incomprensibles, no aconteció, llamándonos poderosamente la atención la mudez de la entonces ministra Maya Fernández.
Pues bien, el primero de noviembre de 2021 se publicó en El Diario Financiero un completo reportaje titulado «El negocio inmobiliario de las FFAA bajo la lupa», en el cual se entrevistó al arquitecto Iván Poduje y a quien firma este necesario recordatorio, publicación reproducida el 2 de noviembre de 2021 en el sitio especializado en urbanismo Atisba.
Leyendo esas comunicaciones se constata que, en síntesis, Poduje reflexionaba públicamente en esa fecha en los siguientes términos: «No corresponde que las FFAA hagan negocios inmobiliarios con estos terrenos. No es su giro ni especialidad y ya reciben recursos para cubrir todos sus costos de inversión y operación. Por ello, no pueden seguir operando como inmobiliaria». Más claro imposible y por tal razón de fondo, suponiendo que existe coherencia por parte del gobierno de Kast, urge un pronto llamado a la acción.
Hoy en día, como ministro de Vivienda y Urbanismo, él se ha caracterizado por decir las cosas por su nombre, lo que incomoda a muchos, motivo más que suficiente para que la fundación Defendamos la Ciudad, conforme a la ley de lobby, ya le haya solicitado una entrevista destinada a que, después de los análisis de rigor que efectúen sus técnicos, en un plazo prudente de tiempo, sea realidad este indispensable proyecto de ley que el gobierno anterior de Boric se negó a impulsar.
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