Una tarea pendiente: reconocer las Semillas de Dominio Público

Columna / Una tarea pendiente: reconocer las Semillas de Dominio Público

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Cada cierto tiempo en Chile, un conjunto muy diverso de colectivos, personas y comunidades buscamos alertar sobre lo que puede pasar en nuestras mesas. Las semillas son la base de nuestra alimentación, de allí vienen las verduras, los cereales, legumbres y frutos. Todos comemos. Las semillas no nacieron en los supermercados ni en los frigoríficos, ni en los laboratorios. Son semillas con historia y deberían ser de dominio público, un bien común. Los ingredientes de los platos que nos gustan tienen un origen, como saben los chef y las cocineras. Por eso el tema tiene que ver con todas y todos a lo largo del país y no sólo con las y los huerteros, y las comunidades campesinas e indígenas. Sin embargo hace ya muchas décadas que intentan convencernos de que la semilla, que simboliza el inicio y el fin del ciclo de la vida, no es más que una mercancía, un “recurso fitogenético”. Ese valor comercial asignado a la semilla ha significado su progresiva privatización, en paralelo al avance del monopolio de la semilla industrial en manos de grandes corporaciones del agronegocio que han posicionado las semillas híbridas, subsidiadas por el Estado. En Chile ya las conocemos, son Bayer/Monsanto, ChemSyngenta, Corteva y sus aliados nacionales, agrupados en ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas.

Semillas públicas, libres y colectivas

La categoría de Dominio Público está reconocida formalmente desde el año 1994 en la ley N° 19.342 de Obtentores Vegetales, pero el Estado no ha cumplido con publicar y actualizar un listado de semillas de dominio público que incluya las semillas cuyo registro en el Servicio Agrícola y Ganadero SAG venció, las inscritas por el Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA (recolectadas en comunidades campesinas e indígenas desde fines de los ´60) y las semillas tradicionales.

En 2022 un equipo de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile realizó a pedido de la estatal Oficina de Planificación Agraria ODEPA, el estudio «Desarrollo de un Catastro de Variedades Tradicionales y sus Guardadores y Guardadoras». La investigación generó un listado de 3.772 menciones de variedades tradicionales, con distinto nivel de información, descritas por 23 fuentes. Entre esas fuentes hay entidades públicas como la Fundación de Innovación Agraria FIA (con proyectos sobre patrimonio alimentario de tres regiones del país), la Universidad de Chile, y actores independientes como María Isabel Manzur, Semilla Austral y la Fundación Biodiversidad Alimentaria. Cita catálogos de esa fundación que incluyen la descripción completa de las variedades recuperadas en la provincia del Huasco y en la Araucanía, y multiplicadas junto a comunidades. Posteriormente d Biodiversidad Alimentaria ha publicado otros dos catálogos, sobre Variedades tradicionales de Chile y Variedades Tradicionales, Heirloom y de Polinización Abierta.

Ningún gobierno ha querido avanzar en el reconocimiento legal de que las semillas antiguas y las semillas criollas adaptadas al clima de nuestro país, son patrimonio de los pueblos. Sólo así es posible garantizar que nadie pueda apropiarse “legalmente” de un patrimonio construido colectivamente desde el inicio de la agricultura. Pero el Estado no se ocupa de ello, como vemos en las dos infografías adjuntas a esta nota para ilustrar la línea de tiempo de la privatización de la semilla en Chile y su relación con la legislación internacional.

Por el contrario, las normas del SAG sólo resguardan al obtentor, definido como quien “descubre” una semilla, validando cualquier método por el cual esa semilla llega a poder de quien la inscribe, e ignorando el punto de partida: la semilla tradicional y sus verdaderos desarrolladores. La propuesta asume que el mejoramiento genético sólo ocurre en el marco formal (laboratorios y registro). Pero miles de variedades que hoy existen nacieron porque los pueblos indígenas y los campesinos seleccionaron y adaptaron planta a ciertas condiciones específicas de clima, suelo, agua y cultura local. Esta práctica milenaria sería ilegal si avanza esta regulación.

Las normas actuales permiten aberraciones como el registro por la Universidad Católica de variedades de quinoa provenientes de un proyecto con fondos FIA, realizado por el Quinoa LAB de la UC con la Asociación de Agricultores Orgánicos de Chiloé, cuyo objetivo declarado era modernizar esa producción. La organización impugnó sin éxito ese registro. Esa quinoa además está presente en otras regiones del país y ha sido descrita el año 2023 en el catálogo publicado por FAO “Semillas tradicionales del pueblo mapuche”. Otro caso en que no hubo consentimiento de los agricultores que cultivan la variedad, es el del maqui (registrado por la U de Talca/Fundación Chile). Las variedades de maqui “descubiertas” (en realidad clonadas en laboratorio) fueron incluso inscritas con sus nombres tradicionales como “Perla Negra”, o “Luna Nueva”, entre otros.

Hasta la última semilla

El Servicio Agrícola y Ganadero SAG, la entidad estatal encargada de las semillas puso en consulta pública hasta el 10 de agosto una resolución sobre semilla corriente (la semilla estándar no registrada ni certificada). Sin decirlo expresamente, está incluyendo en el sistema de propiedad intelectual vigente, a las variedades tradicionales, en poder de una vasta gama de comunidades indígenas, pequeños productores y colectivos rurales y urbanos. Es decir, está privatizando estas semillas, que para existir legalmente deben ser inscritas en la Lista de Variedades Oficialmente Descritas LVOD. Si no inscribe su semilla, el huertero o pequeño agricultor queda sujeto a multas y requisas si la comercializa en la feria o lo hace on line. A partir de esa inscripción se podría avanzar al registro de Variedades, que confiere una suerte de patente a esas semilla por 15 años, con el pago anual de una suma para mantener el registro, y convertirse en “obtentor” (dueño de la semilla) que recibe un royalty.

Como para SAG en esta resolución toda cesión de semilla, “a título oneroso o no” es comercio de semillas, sería ilegal también hacer trafkintu, la práctica ancestral del pueblo mapuche extendida a territorios urbanos también. La norma despeja el terreno para impedir la libre circulación libre de semillas, y fortalecer el agronegocio. Al mismo tiempo sin semilla antigua disponible, se podrá masificar el uso de los nuevos transgénicos, semillas cuya herencia, ha sido modificada en laboratorio mediante herramientas tales como CRISPR/CAS9, una técnica de manipulación genética empleada en el trigo editado genéticamente. El SAG reconoce que hubo modificación del ADN en laboratorio, pero en forma contradictoria lo considera equivalente a un trigo mejorado convencionalmente.

La resolución en discusión actual obligaría a quienes siembran, cuidan y comercializan la semilla tradicional y la semilla criolla, a inscribirlas con los mismos requisitos que se piden a la industria, lo que requiere procedimientos complejos y costos económicos, desconociendo de hecho el rol de los pequeños productores en los mercados locales, en las redes de abastecimiento campo-ciudad (circuitos cortos) y menospreciando sus conocimientos y saberes ancestrales. De paso también lesionan los vínculos espirituales que los pueblos indígenas tienen con las semillas y su entorno, y destruyen las bases de la cocina tradicional.

Victorias ciudadanas

En al menos dos oportunidades el SAG retrocedió en dos de las últimas normas respecto de la semilla. En 2020, el gobierno de Piñera retiró el decreto que daba luz verde a los cultivos transgénicos para el mercado interno, tras recibir más de 7.000 observaciones ciudadanas en el proceso participativo abierto en plena pandemia. En 2024 el gobierno de Boric a su vez publicó un decreto pretendiendo fijar una suerte de reglamento para los intercambios de semilla. Ese decreto también llamaba a las guardadoras de semillas a inscribirse con todos sus datos en un listado oficial. La norma generó un rechazo ciudadano total en colectivos indígenas, huerteras, organizaciones urbanas y rurales que defendieron en todo el país su derecho a seguir cultivando, sembrando e intercambiando sus semillas tradicionales como han hecho siempre. Boric derogó el decreto.

La tarea de fortalecer el agronegocio y rebajar la calidad nutricional de nuestros alimentos, la retoma el gobierno de Kast. Detrás del SAG escuchamos a ANPROS golpeando la mesa público-privada de semillas, con fuerte incidencia en las decisiones del Ministerio de Agricultura.

La resolución exenta del SAG es desconocida para la mayoría de quienes cuidan y multiplican las semillas y una consulta pública on line es un método inadecuado para informarles. Sin embargo muchas comunidades y pueblos, en el campo y la ciudad siguen trabajando en medio de las difíciles condiciones actuales, desarrollando las más diversas iniciativas autónomas que apuntan a vivir en armonía con la naturaleza. Buscan así defender su territorio de amenazas extractivistas, asegurar comida sana para sus hogares y construir soberanía alimentaria, conscientes que cuidar las semillas y saberes de los territorios es cuidar a la naturaleza y a todos y todas.