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Esta fue una semana de pánico, gatillado por un preinforme, y alimentado por la genuina preocupación sobre el bienestar de los niños, pero también por la manipulación y el aprovechamiento político.

Y todo condimentado por una gran dosis de hipocresía.

El preinforme 541 de la Contraloría constató irregularidades en el ingreso de niños haitianos, como parte del programa de reunificación familiar con sus padres que residen en Chile.

Un dato generó pánico: 64 niños estaban desaparecidos. Los políticos dispararon la alarma, líderes de opinión se sumaron, y en cosa de horas la bola de nieve creció: se trataba de una red de tráfico de menores, prostitución infantil, trabajo esclavo y hasta tráfico de órganos, como denunció el diputado Enrique Basaletti.

El gobierno puso en escena un operativo de crisis nacional. Convocó a todos los poderes del Estado y anunció una fuerza de trabajo para hallar a los niños perdidos.

Y es que el caso parecía demasiado sabroso políticamente. El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, apuntó “al gobierno anterior”, “al ministro Elizalde”, y a su antecesor “el director Thayer” como responsables.

Las bancadas UDI, republicana y libertaria no perdieron ocasión para emplazar a Boric, y anunciar comisiones investigadoras sobre ¡Bachelet! y sus “posibles vínculos con redes de trata de personas y crimen organizado”.

Lo que al parecer no hicieron, fue leer las 71 páginas de la Contraloría.

Leyendo, se habrían enterado de que la Contraloría no denuncia tráfico de menores, ni desaparición de niños. No podría hacerlo, porque la Contraloría, aunque a veces sus autoridades lo olviden, no es la Policía de Investigaciones, ni la Fiscalía, ni un tribunal de justicia, ni un comité de ética, ni una autoridad política. Es un órgano que controla la legalidad de las acciones de la administración del Estado.

Contraloría tomó una muestra de 105 menores de edad, que entraron al país entre enero y octubre de 2025. Sus fiscalizadores fueron a los domicilios que aparecían en los papeles, y encontraron a 41 de ellos.

De ahí derivó el titular de que los otros 64 estaban desaparecidos. La imaginación desbocada, y las ganas de sumar puntos políticos, hicieron el resto.

Por cierto, hay problemas graves. El preinforme devela un serio desorden en las instituciones del Estado. Sus advertencias deben ser respondidas, y eventuales delitos, investigados. Por cierto, también, hablamos de niños vulnerables, por lo que puede haber casos de afectación de sus derechos o exposición a redes ilegales.

Pero, como es obvio, tocar una puerta y no hallar a alguien no significa que esa persona esté “desaparecida”.

El anexo 5 del informe detalla que en tres casos, el niño vive en otra dirección; en trece, la familia se mudó; en veinte, los vecinos o residentes dicen no conocer a la familia buscada; en cuatro, no se pudo acceder al domicilio; en tres, no abrieron la puerta; en cinco, el niño vive allí, pero no estaba en ese momento; en uno, la vivienda está abandonada, y en un último caso, un hombre denunció que “la madre se llevó a la niña” y no ha podido verla.

El detalle de los 64 incluye explicaciones como “conserje llamó dos veces pero nadie respondió”, “vecina señala que familia buscada vive ahí, pero que no están”, o “dirección correspondía a condominio, estaba cerrado por lo que no se pudo entrar a preguntar”.

Cuando las autoridades sí empezaron a buscar en serio, la alarma se desvaneció. En algunas horas, la PDI encontró a 33 niños. Todos “estaban en buen estado de salud, escolarizados y junto a sus familias”. Varios municipios encontraron otras decenas de niños a cargo de sus tutores, escolarizados y con controles de salud. También, varios en situación de pobreza y hacinamiento.

En las últimas horas, el gobierno ha apagado el fuego que él mismo encendió. El ministro de Defensa aclaró que “no hay antecedentes de que estos niños estén desaparecidos ni perdidos”, ni “hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de prostitución infantil o de órganos”. Todo se trata, concluyó, de “un terrible desorden”.

Y, permítanme agregar, de una terrible hipocresía.

Porque ver al mundo político rasgando vestiduras por los niños migrantes es terriblemente hipócrita.

En los últimos años, el discurso político ha deshumanizado a los migrantes, niños incluidos. El diputado Cristián Araya, el mismo que en estos días ha hablado de “miles de niños”, que “debemos encontrar” y culpado a Boric y Bachelet, propuso “minar la frontera norte”. Lo mismo acaban de reiterar diputados del PDG. El senador José Durana exigió “proteger nuestras fronteras con minas antipersonales”. Supongo que no necesito describir lo que hace una mina a un niño cruzando el desierto.

El actual senador Rodolfo Carter, esta semana decretó que los niños haitianos “probablemente sean soldados del crimen organizado, sean utilizados en el comercio sexual” y aseveró que “tenemos que tratarlos como a nuestros propios hijos”.

Pero en diálogo con Tomás Mosciatti en 2024, habló de disparar a los migrantes. “¿Mujeres, niños, al que sea?”, preguntó incrédulo Mosciatti. “Tendremos que actuar con las armas que nos entregue el Estado de derecho, incluidas las armas”, insistió Carter. “¿Entonces se les dispara?”. “Vamos a tener que hacerlo”.

Hace dos meses, el gobierno defendía en el Congreso una norma que obligaba a hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles a denunciar la presencia de migrantes irregulares. El efecto para esos niños es evidente: significa sacarlos del sistema escolar, negarles el derecho a la salud y borrarlos del sistema que, precisamente, se ha activado en estos días para encontrarlos.

Ojalá lo ocurrido en estos días sirva para reflexionar sobre los límites del discurso xenófobo. Una cosa es controlar la inmigración; otra es tratar a niños como subhumanos que deben ser baleados o explotados en el desierto, o excluidos de la educación y la salud.

Si de verdad nos importa proteger a los niños, asegurar que no se pierda su rastro, y protegerlos de redes de tráfico, trata y delincuencia, entonces hay que mantenerlos dentro del sistema: en los colegios, con sus controles de salud al día, como parte de la red de protección del Estado.

Salvo que en verdad el bienestar de esos niños no nos importe, y todo el pánico de esta semana no haya sido más que un terrible caso de hipocresía colectiva.