Uruguay desclasifica archivos del Plan Cóndor

Uruguay desclasifica archivos del Plan Cóndor

Cada 20 de mayo Uruguay recuerda los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, a manos de militares argentinos en Buenos Aires, en 1976.

La fecha, que se conmemora desde 1996 con la Marcha del Silencio, es la manifestación más importante de rechazo al terrorismo de Estado en Uruguay y año a año pone en el tapete el reclamo por las casi 200 personas detenidas durante la dictadura (1973-1985) y que cuatro décadas después del regreso a la democracia, continúan desaparecidas.

Los asesinatos de Michelini (diputado, senador y ministro por el Partido Colorado hasta su alejamiento de la agrupación política y uno de los fundadores del Frente Amplio en 1971), de Gutiérrez Ruiz (Partido Nacional, presidente de la Cámara de Representantes cuando los militares dieron el golpe de Estado, el 27 de junio de 1973), de Barredo y de Whitelaw (militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros), son una prueba cabal del Plan Cóndor.

El Plan Cóndor o la coordinación entre las dictaduras del Cono Sur para la represión, asesinato y desaparición de opositores políticos, en directa vinculación con el Gobierno de EEUU, fue descubierto a través de investigaciones periodísticas, la desarticulación del llamado «Archivo del Terror» paraguayo, testimonios judiciales y desclasificación de documentos, incluso en el país norteamericano.

Con el telón de fondo de la edición número 30 de la Marcha del Silencio, en la que decenas de miles de uruguayos y uruguayas volverán a movilizarse por la principal avenida de Montevideo para exigir al Estado información sobre sus seres queridos, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano acaba de presentar diez de los documentos del Plan Cóndor, producidos entre los años 1972 y 1979, que prueban la participación de la Cancillería en acciones ilegales y clandestinas.

«Estos documentos lo que demuestran es un Estado, como Estado, con todo su poder, con toda su capacidad, logística, financiera, que dispuso la persecución de sus ciudadanos violando sus derechos humanos de forma sistemática», afirma la Directora de DDHH y Derecho Humanitario de Cancillería, Cristina Mansilla.

Uno de esos documentos prueba la cancelación de la validez de los pasaportes de Michelini, Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate, senador del Partido Nacional al momento del golpe de Estado, quien era otro de los objetivos de los militares ese 20 de mayo de 1976.

Pocos meses después, ya colocado el queso en la trampa por parte de ambos Gobiernos, Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron asesinados por militares argentinos en Buenos Aires.

Ferreira Aldunate logró salvar su vida, escapar de Argentina y convertirse en uno de los mayores voceros de la resistencia a la dictadura en su país.

Acerca de Ferreira Aldunate existe otro télex, emitido por la Embajada uruguaya en Washington, que advierte sobre una reunión que éste tendría con el secretario de Estado adjunto, encuentro que se frustró tras esta comunicación.

Otro documento pide la extensión de visado para permanecer en Buenos Aires al torturador uruguayo Jorge Tróccoli, integrante del cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), condenado a cadena perpetua por la justicia italiana en el marco del megajuicio contra el Plan Cóndor por la muerte y desaparición de 20 personas.

La transversalidad del horror queda comprobado en otros télex, uno de los cuales debate el destino de la ciudadana uruguaya Elena Quinteros, secuestrada en la sede consular venezolana en Montevideo (que llevó a Caracas a romper relaciones con el Estado uruguayo), y otro, quizás el más truculento, que alerta sobre el secuestro en Argentina de dos niños uruguayos, hijos de activistas detenidos, que terminaron siendo adoptados en Chile.

«El objetivo es trascender el valor académico o archivístico. El acceso libre a esta información constituye una forma concreta de reparación simbólica de las víctimas del terrorismo de Estado, a sus familias, pero también a la sociedad en su conjunto. Es una respuesta al derecho a la verdad y a la memoria colectiva de nuestro país y nuestra región», asintió una de las integrantes de la plataforma plancondor.org, Mariana Risso, durante la presentación del trabajo.

Estas piezas probatorias y otras que se difundirán de aquí en más, han sido fundamentales en juicios nacionales e instancias internacionales contra crímenes de lesa humanidad cometidos por los represores de la región.

A lo largo de estos debates se suele escuchar como argumento que las dictaduras ya concluyeron y que, por tanto, es estéril volver a mirar atrás y retrotraer en la sensibilidad temas que dividen a la sociedad, como si la muerte del perro realmente terminara con la rabia.

«A veces se habla de que existe un «deber de memoria», ¿no? Yo no creo que exista un deber de memoria, lo que sí existe es una tarea colectiva, tanto de la sociedad como de las instituciones públicas en su conjunto, de evidenciar siempre lo que conduce o lo que provoca una situación donde se construye un discurso de odio en torno a determinada figura, cualquiera que sea», responde Mansilla.

Así, y consultada sobre las esquirlas de aquellas dictaduras que aún lastiman, amén de las identidades que nunca fueron devueltas, concluye: «lo que creo que nosotros podemos seguir trabajando hoy es evitar y rechazar, especialmente con las redes sociales hoy tan latentes, los discursos de odio a cualquiera que nos parezca diferente o que entendamos que hay una alteridad. Esto es, creo, el gran desafío para evitar cualquier retroceso en materia de derechos humanos».

Al cierre de esta nota y con cerca de 24 horas de publicados los documentos, se contaban cerca de un millar de descargas y visualizaciones y se espera que las métricas sigan creciendo con el correr de la semana

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