El Ciudadano
Representantes de distintos sitios de memoria advirtieron que el recorte de $51.750 millones al Ministerio de las Culturas amenaza programas de educación, investigación y conservación patrimonial. Acusan que la medida pone en riesgo obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y memoria histórica.
El mayor recorte a Cultura desde el retorno a la democracia
El Gobierno de José Kast oficializó un recorte que alcanza los $51.750 millones al presupuesto 2026 del Ministerio de las Culturas, cifra equivalente al 9,8% de los recursos de la cartera, lo que la convierte en la más afectada por el plan de austeridad impulsado por Hacienda.
La reducción impacta programas culturales, patrimoniales y de acceso a la cultura en todo Chile, incluyendo el Pase Cultural, la Red de Bibliotecas Públicas, fondos para museos y diversas instituciones como el Centro Cultural Palacio La Moneda, la Fundación Teatro a Mil, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Museo Violeta Parra.
Frente a esta situación, 98 organizaciones culturales, patrimoniales y de memoria denunciaron que se trata del mayor recorte al sector desde el retorno a la democracia. A través de la declaración #NoEsMetáfora, advirtieron que la disminución de recursos ya está provocando la suspensión de actividades, debilitando programas culturales y afectando el acceso de la ciudadanía a las artes, la lectura, la formación artística y el patrimonio.
En esa línea, las agrupaciones sostuvieron que las consecuencias del recorte podrían materializarse en museos, bibliotecas, archivos, sitios de memoria, centros culturales, teatros y programas de conservación patrimonial. Asimismo, alertaron sobre posibles impactos en el empleo cultural y en la capacidad de las comunidades para acceder y participar de actividades artísticas y patrimoniales
«Nos dejaron sin recursos»: la situación de los sitios de memoria
Entre las organizaciones que ya resienten las consecuencias de la disminución de recursos se encuentra Casa Memoria José Domingo Cañas. Desde el sitio denuncian que la falta de financiamiento está comprometiendo tanto el trabajo cotidiano como la preservación de la memoria histórica.
El Ciudadano conversó con Marta Cisterna Flores, directora ejecutiva de Casa Memoria José Domingo Cañas, un sitio de memoria ubicado en Ñuñoa que resguarda la historia de un ex centro de represión que operó bajo organismos de seguridad de la dictadura militar.
En la instancia, Cisterna denunció que los dejaron fuera del presupuesto que financia los sueldos de los profesionales, por lo que no reciben remuneraciones desde hace 5 meses, situación que se ha vuelto insostenible.
Algunas de las consecuencias de la falta de presupuesto son que no tienen para aportar a las y los estudiantes en práctica, no pueden sostener programas de trabajo, e incluso, afecta cosas cotidianas como el no tener para la calefacción justo en medio de una ola de frío, entre otras repercusiones del recorte.
Para Cisterna, es fundamental resguardar los sitios de memoria, ya que en ellos trabajan equipos de profesionales dedicados a la investigación, la conservación de archivos, la educación y la pedagogía de la memoria, además del estudio y preservación de los vestigios que permanecen en estos espacios. Por ello, advirtió que cualquier recorte que afecte su funcionamiento pone en riesgo una labor esencial para la memoria histórica del país.
Además, señaló que el trabajo se está realizando de igual forma, pese a las condiciones absolutamente precarizadas en las que se encuentran.
“Es muy grave el recorte porque este es un atentado a la obligación que tiene el Estado en materia de memoria, de preservación de la memoria, entendiendo que los sitios de memoria somos evidencia material de los crímenes que cometió el Estado. Entonces esto no es un tema de voluntad del Estado, es una obligación dentro de lo que se llaman los pilares de la justicia transicional”.
En esa línea, destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2019, compartió un documento que detalla los principios que deben cumplir los Estados en materia de memoria de derechos humanos, por lo que el recorte estaría atentando contra principios que son vinculantes para el Estado de Chile.
Asimismo, calificó el recorte como “brutal” y explicó que es una situación que se repite en gran parte de los sitios de memoria que contaban con algún financiamiento estatal. Finalmente fue tajante al advertir que el recorte “va a matar sitios de memoria”.
Incertidumbre frente a nuevos ajustes y reducción del Estado
Por otro lado, el equipo de El Ciudadano conversó con Gloria Elgueta, miembro de Londres 38 Espacio de Memorias, que es un ex sitio de represión, tortura y exterminio que funcionaba en Santiago durante el año 1974, en plena dictadura.
Si bien Londres 38 no ha sufrido recortes directos hasta ahora, Elgueta advirtió que la situación que enfrentan otras organizaciones refleja una política de ajuste más amplia que mantiene en alerta al sector. Asimismo, señaló que existe un terror fundado ante un nuevo recorte, lo que genera una gran incertidumbre respecto a la política de gobierno durante el próximo año.
“Eso instala no solo la incertidumbre, una gran inseguridad respecto de procesos de trabajo relacionados con la cultura, con la memoria, con la historia de Chile, que pueden verse interrumpidos. Y nos preocupan estas concepciones que parecen estar predominando en el gobierno, que entienden la cultura, la historia y la memoria como elementos suntuarios de los cuales se puede prescindir o a los cuales se puede recortar sin consecuencias”, declaró.
En esa misma línea, calificó al recorte como grave ya que afecta no solo a sitios de memoria, sino a una serie de iniciativas que el Estado ya ha estado apoyando de manera muy limitada históricamente. Además, señaló que el recorte afectaría la institucionalidad del Estado que se ha visto enfrentada a la misma incertidumbre.
La integrante de Londres 38 también cuestionó las propuestas orientadas a reducir el tamaño del Estado, señalando que se trata de una visión que tiene antecedentes en la dictadura. A su juicio, estas medidas replican una fórmula que ya demostró sus límites en el país. “Solo están reeditando una política que ya se probó y que fracasó en Chile. Al término de la dictadura, Chile era más pobre y no creció como se nos dice ahora. Entonces, lo que se nos ofrece es una receta ya fracasada”, concluyó.
«Un apagón cultural»: el impacto en la educación y los derechos humanos
Por último, conversamos con Higinio Espergue, representante de la Corporación Memoria Borgoño, que es una organización social integrada por sobrevivientes, familiares, profesionales jóvenes, activistas de Derechos Humanos, así como vecinas y vecinos de la comuna de Independencia.
Espergue, declaró que el recorte supone un “apagón cultural” y un “atentado a la memoria histórica de nuestro país”, que afectará a todos los sitios de memoria a lo largo de Chile. Asimismo, advirtió que la situación a la que se enfrentan es sumamente grave ya que afecta el trabajo de educación y promoción de la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, sostuvo que los sitios de memoria van más allá de las administraciones de turno y deben ser entendidos como una política de Estado. Por ello, insistió en que Chile tiene la responsabilidad de cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos y de resguardar la memoria histórica.
Memoria en riesgo: el desafío de preservar la historia
A días de una nueva conmemoración del Día de los Patrimonios, resulta necesario recordar que muchos de los espacios que abrirán sus puertas a la ciudadanía atraviesan un momento de profunda incertidumbre. Los recortes presupuestarios no solo impactan a instituciones culturales, sino también a sitios dedicados a la preservación de la memoria histórica, la educación en derechos humanos y la conservación de testimonios materiales de las violaciones cometidas durante la dictadura.
La memoria no es un lujo ni un gasto prescindible. Es una herramienta fundamental para comprender nuestro pasado, fortalecer la democracia y evitar que hechos tan dolorosos vuelvan a repetirse. Por ello, la protección de estos espacios debe entenderse como una responsabilidad colectiva y una obligación permanente del Estado.
Las organizaciones advierten que la reducción de recursos amenaza programas educativos, puestos de trabajo y proyectos de conservación que durante años han contribuido a mantener viva la historia reciente del país. En un contexto marcado por debates sobre el rol del Estado y las políticas de memoria, el desafío no parece ser recordar menos, sino garantizar que las nuevas generaciones tengan acceso a los espacios, archivos y testimonios que permiten comprender lo ocurrido.
Cuidar los sitios de memoria es también cuidar la democracia. Son lugares donde se educa, se investiga, se preserva el patrimonio y se construye conciencia colectiva. Su permanencia no solo resguarda el pasado, sino que contribuye a definir el tipo de sociedad que Chile quiere ser en el futuro.
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