Vándalos, delincuentes y terroristas

La discusión sobre la creación de un registro de vándalos obliga a hacerse una pregunta previa: ¿quién decide quién merece ser registrado, perseguido o expuesto públicamente como amenaza para la sociedad? La respuesta no es evidente, porque las palabras que usamos para definir el desorden, la violencia o el delito, nunca son completamente neutras.

El concepto “vándalo”, según la RAE, alude a una persona que comete acciones propias de gente salvaje y destructiva. La “delincuencia”, por su parte, suele definirse como el conjunto de actos u omisiones que violan las leyes. El “terrorismo”, según Naciones Unidas, se vincula con actos destinados a provocar terror en la población con fines políticos. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre quién tiene el poder de decidir cuándo alguien actúa como vándalo, delincuente o terrorista; la pregunta de fondo es ¿quién nombra al “enemigo de la civilización” y, sobre todo, ¿de qué civilización estamos hablando?

El concepto “vándalo” proviene de un pueblo germánico que saqueó Roma en el año 455 d.C. Con el tiempo, su nombre quedó asociado a la idea de destrucción, aunque esa asociación dice tanto sobre los hechos históricos como sobre la forma en que la historia posterior decidió recordarlos. No se trató simplemente de una acción caótica o irracional, sino de un episodio político y militar propio de un imperio en crisis.

El sentido moderno de “vandalismo”, sin embargo, se consolidó mucho después, durante la Revolución Francesa. Fue el Abbé Henri Grégoire, obispo de Blois, quien utilizó el término vandalisme en 1794 para denunciar la destrucción de obras de arte, monumentos, iglesias, archivos y otros bienes patrimoniales. Desde entonces, la palabra comenzó a cargar una condena moral específica: no solo nombraba una destrucción material, sino que clasificaba ciertos actos como ataques contra la civilización, la cultura y el orden.

Por eso, hablar de “vandalismo” nunca ha sido solo describir un daño. También ha sido una forma de decidir qué daños merecen castigo y repudio público, y cuáles quedan fuera del lenguaje como sinónimos de amenaza. Esa selectividad se vuelve especialmente evidente cuando observamos cómo se distribuye socialmente la sospecha.

La delincuencia implica, por su parte, la violación de la ley, pero no todas las infracciones reciben la misma condena pública ni el mismo tratamiento institucional. Muchas veces se castiga con mayor dureza el daño visible, callejero o asociado a sectores populares, mientras que los delitos económicos, las estafas masivas, las colusiones, las defraudaciones empresariales o los fraudes al Fisco, suelen ser descritos con un lenguaje más técnico, administrativo o incluso indulgente. A este tipo de delitos incluso se les denomina “delincuencia de cuello y corbata” y en el mundo anglosajón “white-collar crime”, como si hubiese algún tipo de delincuencia “elegante”, aceptada y otra delincuencia “vulgar”, prohibida, esta diferencia no es menor.

Es aquí donde emerge el sesgo de clase de estas categorías: el castigo no depende del volumen del daño causado, sino de qué tipo de afectación decide el poder tipificar como perniciosa para la sociedad.

En Chile, robar una gallina rompiendo un cerco para comer, es catalogado como robo con fuerza y castigado con todo el rigor de la ley. En contraste, coludirse en el mercado de las mismas gallinas para defraudar a un país entero ni siquiera fue considerado delito por años, y hoy suele procesarse bajo un lenguaje técnico que disfraza la gravedad del hecho: «infracción a la libre competencia», «sanción administrativa» o «multa empresarial». En ambos casos hay gallinas, perjuicios y responsables; sin embargo, no se activa la misma alarma moral ni la misma condena pública. Es aquí donde emerge el sesgo de clase de estas categorías: el castigo no depende del volumen del daño causado, sino de qué tipo de afectación decide el poder tipificar como perniciosa para la sociedad.

Desde esta perspectiva debe leerse la discusión sobre un registro de vándalos. No como una herramienta neutra, sino como una decisión política sobre qué conductas serán perseguidas, archivadas y expuestas públicamente. Si el foco se pone únicamente en ciertas formas de destrucción material, pero deja fuera otras formas de daño social —como fraudes masivos, estafas o delitos económicos—, entonces la pregunta de fondo vuelve a aparecer: ¿quién define qué daño merece ser registrado, expuesto públicamente y qué daño puede ser relativizado, escondido y olvidado?

Durante las últimas décadas, la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el vandalismo, se ha convertido en uno de los principales argumentos para justificar intervenciones militares, restricciones a las libertades civiles y mecanismos de control social a escala nacional y global. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el mundo asistió a una expansión sin precedentes de las políticas de vigilancia y seguridad, sustentadas en el miedo y legitimadas por la necesidad de combatir a un enemigo difuso y omnipresente: “el otro”, terrorista, delincuente o vándalo.

La historia reciente evidencia que la categoría de «terrorista» se ha utilizado de forma selectiva. Movimientos políticos, organizaciones insurgentes, manifestantes e incluso estados enteros han sido encasillados bajo esta etiqueta mediante criterios que distan de ser objetivos o de buscar la protección de los civiles. En muchos casos, estas definiciones responden a intereses geopolíticos, económicos y estratégicos, o se emplean deliberadamente como una herramienta para reprimir la protesta social.

La pregunta sigue siendo pertinente: ¿quién decide quién es terrorista, delincuente o vándalo?

La construcción de un “otro” como amenaza permanente permite dividir el mundo entre aliados y enemigos, entre quienes presuntamente representan “la democracia” y quienes supuestamente encarnan “el peligro”. Esta lógica simplificadora ha servido para justificar guerras, invasiones y operaciones encubiertas que, paradójicamente, también han producido miles de víctimas civiles, desplazamientos forzados y enormes sufrimientos humanos.

Poco a poco dejamos de preguntarnos por las causas profundas de los conflictos y nos conformamos con explicaciones simples que identifican culpables individuales, sin examinar las estructuras que producen exclusión, desigualdad y resentimiento.

Al mismo tiempo, la violencia se ha naturalizado en nuestras sociedades. La vemos diariamente en las noticias, en las redes sociales, en series y películas, hasta el punto de perder la capacidad de asombro frente al dolor ajeno. Guerras, masacres, atentados, homicidios y conflictos aparecen ante nuestros ojos como parte de una normalidad a la que parecemos acostumbrarnos.

Esta normalización de la violencia no es casual. Se desarrolla en un contexto cultural marcado por el individualismo, donde los problemas colectivos suelen interpretarse como asuntos privados y donde la empatía se debilita frente a la lógica de la competencia permanente. Poco a poco dejamos de preguntarnos por las causas profundas de los conflictos y nos conformamos con explicaciones simples que identifican culpables individuales, sin examinar las estructuras que producen exclusión, desigualdad y resentimiento.

La consecuencia es una sociedad cada vez más indiferente. Nos acostumbramos a convivir con la violencia mientras aceptamos discursos que prometen seguridad a cambio de mayores controles y restricciones. El miedo se transforma así en una herramienta de control político extraordinariamente eficaz.

Por ello, más que aceptar sin cuestionamientos las categorías que nos presentan los poderes dominantes, resulta imprescindible desarrollar una mirada crítica sobre los conflictos contemporáneos. Combatir el terrorismo, la delincuencia o el vandalismo no puede significar renunciar a los derechos humanos, justificar intervenciones arbitrarias ni aceptar cualquier forma de violencia estatal como legítima.

La verdadera seguridad no se construye únicamente mediante armas, vigilancia o control. Se construye fortaleciendo la democracia, protegiendo el medio ambiente, viviendo en comunidad, reduciendo desigualdades, promoviendo justicia social y generando espacios de diálogo entre sociedades diversas.

Quizás la pregunta más urgente de nuestro tiempo no sea solamente quién es el terrorista, el delincuente o el vándalo, sino qué tipo de mundo estamos construyendo cuando permitimos que el miedo defina nuestras relaciones políticas, sociales y culturales. Porque allí donde el miedo reemplaza a la reflexión crítica, la democracia comienza a debilitarse y la violencia encuentra terreno fértil para reproducirse.

Por Mónica Vargas Aguirre y Alejandra Ramos Arcos

Dra. Ciencias Sociales / Periodista.

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