El Gobierno ha retrasado hasta 2027 la obligatoriedad de Verifactu, el sistema de facturación electrónica que la Agencia Tributaria quería imponer a autónomos y pymes a partir de enero de 2026.
Por qué es importante. Esta no es una medida técnica ni administrativa sino una concesión política disfrazada de pragmatismo. Sánchez lo ha admitido sin tapujos en RAC1, enmarcándolo como uno de sus "incumplimientos" con Junts que ahora pretende resolver.
El sistema busca certificar cada factura emitida mediante software homologado, garantizando su autenticidad y permitiendo a Hacienda un control inmediato. Las multas por no cumplir pueden llegar a 50.000 euros. Pero solo un 8% de autónomos y pymes lo tenía implementado a mediados de noviembre, con otro 15% en proceso.
Entre líneas. El aplazamiento revela tres verdades incómodas para el Ejecutivo:
Sí, pero. Lorenzo Amor, de ATA y CEOE, ha celebrado el anuncio como una victoria del "sentido común". Quizá lo sea. Pero ese sentido común ha llegado no por mérito técnico ni por presión empresarial, sino por mera aritmética parlamentaria.
El alivio es real para todos los autónomos que no tenían ni recursos ni tiempo para digitalizar su facturación en pocas semanas. La pregunta es si en 2027 estarán más preparados o si volveremos a ver el mismo guión.
Profundiza. Verifactu no muere, solo se pospone. El objetivo de Hacienda sigue siendo el mismo: trazabilidad total de cada transacción, control inmediato y reducción del fraude fiscal.
En teoría es un sistema más moderno y eficiente. En la práctica también es una carga administrativa que muchos pequeños negocios no pueden asumir sin ayuda.
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La noticia
Verifactu estaba al caer. El Gobierno acaba de aplazarlo
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Javier Lacort
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