Era martes. Algunas sombras se movían al amanecer de ese 23 de marzo de 1976, al amparo de un otoño que se negaba a llegar y conservaba cierta anacrónica luminosidad de verano. A las siete de la mañana, cuando faltaban apenas diecisiete horas, minuto más o menos, para que el gobierno de María Estela Martínez de Perón fuese barrido por el golpe militar que iba a instaurar la dictadura más sangrienta de la historia argentina, algunas sombras se movían a la salida del sol sobre el Río de la Plata.
No eran sombras extrañas ni podían llamar la atención. Por ejemplo, la guardia exterior del enorme edificio blanco del Comando General del Ejército había sido reforzada: más hombres, más vehículos, más controles. Era lógico: ocho días antes, el 15, un brutal atentado, cinco kilos de trotyl y metralla colocados bajo el motor de un auto estacionado en la playa del Comando, habían estallado activados por control remoto a las ocho menos cuarto de la mañana, una hora pico. El atentado, reivindicado por la guerrilla peronista “Montoneros”, buscaba matar al jefe del Ejército, general Jorge Videla, que esa mañana llegó un poco más tarde de lo que marcaba su estricta rutina diaria. Allí murió un civil, un camionero de La Plata, y quedaron heridos varios militares, algunos de gravedad.
Los primeros rayos del sol de ese martes 23 iluminaron también algunos vehículos militares, no muchos, no de transportes de tropas, que circulaban por las avenidas Huergo, Leandro N. Alem, del Libertador y no muchas más. También era un espectáculo normal a los que los argentinos ya estaban acostumbrados: la violencia guerrillera provocaba un despliegue casi diario de fuerzas militares y policiales, que no lograban impedir una cantidad de atentados y de muertes que estremecían a una sociedad que había naturalizado aquel terror. El humor negro hacía decir, ante cualquier estallido: “Ah, sí… Es la bomba de las cinco de la tarde”.
Un dato inquietante, al menos este sí extraño, alteraba una aparente normalidad, que no existía, en las fuerzas militares: varios buques de Armada habían partido el 22 desde Puerto Belgrano “sin que se haya podido establecer cuál era su destino”, decían los cables. El domingo 21, el comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Massera, había visitado esa base naval vecina a Bahía Blanca.
Los argentinos intuían el golpe. No sabían, no podían saberlo, que gran parte de la dirigencia política y sindical, del oficialismo y de la oposición, lo juzgaba inminente e inevitable y lo aceptaba con resignado fatalismo. Así se lo habían hecho saber al embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Robert Hill, que seis días antes, el 17, había viajado a Washington para que el pronunciamiento militar no fuese asociado a su gestión al frente de la Embajada.
En el Congreso, varios legisladores habían vaciado sus despachos de objetos personales que se habían llevado a casa y habían vaciado estantes, cajones y archivos; algunos hasta habían telefoneado a la Embajada americana para despedirse de los funcionarios que los habían escuchado en los últimos meses. Diputados y senadores barajaban a esa hora dos posibilidades: el golpe o la renuncia de la presidente, el único recurso que podía frenar el alzamiento. No era siquiera un recurso: era una ilusión. Meses antes, en la Navidad de 1975, el poder militar había bajado la persiana a una eventual salida institucional de la enorme crisis económica y social que sacudía al país.
Otros datos alertaban sobre la inminencia del golpe. La Cancillería, a través de voceros y en charlas off the record, había informado que la Policía Federal había reforzado la custodia en las embajadas y en las residencias de los diplomáticos acreditados en Buenos Aires. No preveían un ataque a las sedes diplomáticas, preveían sí, una ola de pedidos de asilo y de refugio.
La Policía estaba a cargo del general Albano Harguindeguy. Había sido nombrado por el ministro del Interior, Roberto Ares, a instancias del ministro de Defensa, José Alberto Deheza, porque el gobierno de Isabel Perón quería dejar en manos de los militares la lucha contra la guerrilla. Deheza no había tenido mejor idea que pedirle a Videla una terna de candidatos; Videla se la había dado con una sugerencia: “Si por mí fuera, elegiría a Harguindeguy”. Y Harguindeguy fue jefe de la Federal. Luego, sería el ministro del Interior de Videla durante todo su gobierno.
Más versiones y rumores presagiaban el alzamiento militar. No estaban confirmados, pero todos eran posibles: cualquier cosa era posible en aquel país desquiciado. Las versiones llegaban a las redacciones por oleadas, debían ser chequeadas y aun cuando fuesen confirmadas, debían publicarse, si se publicaban, como trascendidos. Otros rumores eran mucho más creíbles porque llegaban de fuentes informales pero de primera mano: médicos que eran parientes cercanos de varios periodistas, avisaban que se habían reforzado las guardias y alistado los quirófanos en los principales hospitales de la ciudad.
Otros hechos no precisaban confirmación. Un cable de la Associated Press, fechado en Montevideo, afirmaba que las fuerzas armadas uruguayas habían adoptado “medidas de prevención para el caso de un pronunciamiento militar en Argentina”. Consistían, afirmaba AP, en dejar abiertas las vías de entrada a Uruguay: las terrestres, las aéreas, en especial el aeropuerto de Carrasco, y las fluviales, los puertos de Montevideo y Colonia y los del litoral sobre el río Uruguay.
El país vivía en vigilia. Y no era una vida fácil. La economía castigaba durísimo los salarios que, a inicios de marzo habían aumentado un doce por ciento de acuerdo con el plan lanzado por el ministro de Economía, Emilio Mondelli, mientras los aumentos de tarifas y servicios se habían elevado el ochenta por ciento. El plan Mondelli había sido rechazado por parte del sindicalismo que decretó una serie de paros y movilizaciones y obligó al gobierno a hacer algunas modificaciones. Pero, en esencia, castigaba con dureza a los salarios y asfixiaba el poder adquisitivo de los sufridos argentinos.
La Secretaría de Comercio había fijado precios máximos para diez artículos de la canasta familiar: vino, leche, pollos, huevos, yerba, arroz, gaseosas y filete de merluza entre ellos, y había dado la lista de precios a los que se debían vender esos productos, con el precio anterior entre paréntesis. “Los precios del vino al consumidor son los siguientes: tinto, 33 pesos (18,50); blanco, 32 pesos (17,50); clarete, 31 pesos (17,50) y rosado, 30 pesos (17,20) (…) Los precios de la leche pasteurizada, en envases de un litro: de usina a transportista 12,40 pesos (7,95); de transportista a minorista, 13,80 pesos (8,83); y de minorista a público, 15 pesos (9,60) (…) Los precios para los pollos eviscerados fueron fijados en 61 pesos el kilo al minorista y 68 pesos (43) al público. (…)”.
Era una carrera insensata y unos precios casi inalcanzables. Además, no había mercaderías ni en almacenes, ni en las góndolas de los supermercados, ni en los mercaditos más modestos. Los comerciantes no mostraban las listas de precios máximos al público aunque se arriesgaran a la clausura; hacer cumplir esas normas había quedado a cargo de la Policía Federal, que bastante tenía con la violencia como para meterse con huevos y pollos; se había enraizado una especie de mercado negro que denunciaban los propios minoristas. Uno de ellos explicaba en una de las crónicas de un diario porteño: “Nosotros hemos denunciado que los proveedores de café, azúcar, aceite y yerba, entre otros artículos, nos exigen plata negra. Y como no podemos probar nuestras denuncias, no se toma ninguna medida. A este paso, los negocios van a estar pelados”.
Los negocios ya estaban pelados. Siguen las crónicas de entonces: “Los pollos siguen faltando. Los mayoristas exigían ayer entre 78 y 80 pesos el kilo, mientras los minoristas están obligados a venderlo a 68, según el precio de lista (…) La sal fina ha desaparecido como por arte de magia, mientras escasean los fideos envasados, aunque en este caso no es sólo por acaparamiento, sino por tratarse de un producto con enorme salida en estos momentos (…) Los carniceros reiteraron que los frigoríficos CAP, Lisandro de la Torre y FASA (ex Wilson) hacen entregas retaceadas y con considerables aumentos todos los días (…)”.
El gobierno de Isabel Perón había instrumentado un plan de emergencia que funcionaba en medio de la chapucería y el descontrol. Había establecido que una flota de camiones se acercara a determinadas esquinas de la ciudad y del Gran Buenos Aires para vender siete productos básicos de la canasta familiar a doscientos pesos. Pero los camiones no siempre llegaban. Y cuando llegaban no siempre disponían de los vitales siete productos. Al día siguiente de una mañana de tormenta, un cronista escribió en un diario porteño: “No pudo ser más desafortunado el día de ayer para las amas de casa. (…) A las 5.30 ya había gente en la calle Entre Ríos e Independencia. A medida que avanzaban los minutos y arreciaba el agua, la cola se iba extendiendo por la primera de aquellas arterias hasta llegar a la calle México, torciendo de allí hacia Pozos. A las 10, más de mil personas procuraban guarecerse, pegándose a las paredes, a la espera del camión que no llegaba. Algunos comerciantes de la calle Entre Ríos, apiadándose de la gran cantidad de mujeres ancianas y madres con criaturas en brazos que aguantaban con estoicismo las inclemencias del tiempo, bajaron los toldos de sus negocios para protegerlas de la tormenta (…)”.
Las autoridades parecían envueltas en una anomia paralizante; el sistema político no tenía o no quería dar una solución institucional, si era que había alguna. En realidad, en los primeros meses de 1976 se daba una fatal ecuación: el poder militar favorecía el desgaste del gobierno hasta que fuese imposible su permanencia en el poder, la teoría del “fruto maduro”; y en el gobierno poco y nada estaban dispuestos a hacer porque juzgaban inevitable el golpe militar.
Poco a poco, la sociedad aceptaba lo inaceptable. Por cierto, dejaba testimonio de su asombrado dolor. Por esos meses caóticos de sobreprecios y desabastecimiento, la actriz y cantante Susana Rinaldi se lucía en un espectáculo en el Teatro Embassy de la calle Suipacha. Por la garganta desgarrada de Rinaldi parecían pasar el dolor y la desazón de una sociedad también desgarrada, aunque también recurría al humor para reflejar la realidad: encarnaba a una diva harta, cansada, lánguida y fatua que comentaba con sufrido estoicismo: “¿Vio señora? En los supermercados no hay nada, las góndolas están vacías. ¡Ni papel higiénico hay…! Bueno, total, para lo que una come…”.
El humor no alcanzaba. Había escasez en todo. Hasta el fútbol estaba magro: muchos cero a cero, muchos uno a uno, muchos uno a cero… Cracks no faltaban: Boca, por ejemplo, salía a la cancha con Gatti, Sá. Ovide, Pernía Suñé Mastrángelo, García Cambón; en River descollaban Fillol, Perfumo, Merlo, Ártico, J. J. López, Alonso, Más… Había estrellas y goleadores en todos los equipos, y ni así: la malaria también había llegado a las redes.
El pasado reciente y ominoso se mezclaba sin saberlo con el futuro. El juez Alfredo Nocetti Fasolino tenía a su cargo la investigación del asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña, el 31 de julio de 1974. Había sido obra de la Triple A, la banda terrorista de ultraderecha que contaba con el auspicio del entonces poderoso ministro del peronismo, José López Rega.
Ahora, en marzo de 1976, con López Rega en el exterior y prófugo, parte de quienes habían sido sus secuaces en el gobierno estaban en la mira de la Justicia. Entre ellos figuraba Salvador Horacio Paino, preso en Devoto porque había admitido haber organizado la Triple A a pedido de López Rega. El juez Nocetti Fasolino pidió interrogar a Paino al entonces juez de sentencia, León Carlos Arslanián quien, nueve años después, presidiría la Cámara Federal que juzgó a los jefes militares de la dictadura que ahora estaban por dar el golpe.
La violencia no cedía un metro. El 11 de marzo, en Salta, había sido secuestrado el ex gobernador de la provincia, Miguel Ragone. Recién en 2011 la justicia salteña estableció que Ragone fue secuestrado y asesinado por fuerzas militares y policiales del Cuerpo de Ejército III, al mando del general Luciano Benjamín Menéndez. Su cuerpo jamás apareció. El mismo día del secuestro de Ragone, dos policías que intentaron abrir un coche abandonado cerca de La Plata, habían muerto al estallar una bomba de las llamadas “cazabobos”. En San Martín, y desde una camioneta, habían baleado y asesinado a un policía. Relatan las crónicas de ese día: “(…) En el hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, murió el cabo Rodolfo Bernardo Sáenz, herido en un enfrentamiento en la localidad de Luis Guillón. Asimismo, se registraron durante la víspera numerosos atentados con bombas que afectaron especialmente a los servicios ferroviarios (…) Uno de los artefactos, que explotó en Quilmes a las 4.50, obligó a la suspensión de los servicios entre La Plata y Constitución. También el otro ramal del Roca sufrió inconvenientes por un atentado terrorista ocurrido a la altura de la Estación Témperley. En el ferrocarril Belgrano se quemó un ómnibus colocado sobre las vías entre las estaciones Budge y Fiorito. Asimismo, se hicieron detonar artefactos explosivos en Terrada y Yerbal, en José María Moreno y Directorio, en Emilio Mitre y Rivadavia y en Mariano Acosta y Rivadavia. Además, en algunos lugares, se colocaron carteles señalando que la zona estaba minada, lo que provocó muchos inconvenientes (…)”.
Para variar, el dólar tenía doble valor: uno oficial y otro libre. El oficial cotizaba en marzo, a valores cambiantes por horas, días y semanas, a 140 pesos; el libre, a 260 pesos. En el barrio de Belgrano, al 1600 de la calle Vidal, el dueño de una casa con living comedor, tres dormitorios, garaje, dos baños y atelier, la vendía a cinco millones de pesos, eso sí, contado riguroso: algo así como diecinueve mil dólares libres. En Caballito, un “regio piso decorado, living comedor, tres dormitorios, dos baños, patio, terraza, jardín de invierno y teléfono (un bien preciado) tres millones cien mil pesos. En Boedo, a una cuadra de la estación Avenida La Plata del subterráneo, un departamento de “dos ambientes amplios, contrafrente, un millón doscientos cincuenta mil pesos. Facilidades”. Había de todo y casi todo era inalcanzable: el costo de la construcción se había incrementado el 453 por ciento en los últimos doce meses, el de los materiales el 563,1 por ciento la mano de obra el 327 por ciento y los gastos generales el 485,9 por ciento.
No importaba a qué valor cotizaba el dólar, tampoco había circulante para quien pudiera comprar alguno. El que podía buceaba hasta conseguir con qué proteger su magro salario de la inflación galopante: había empezado una moda que haría furor con los años. ¿Dónde están los verdes?, podía preguntar la calle. Los verdes están en el Maipo, contestaba el espectáculo. Ese era el título de la revista que en el teatro de Esmeralda al 400 protagonizaban Javier Portales, Norma y Mimí Pons, Tristán, Mario Sánchez, Alberto Irizar Miguel Jordán y el bailarín Pedro Sombra, todos bajo la batuta de Gerardo Sofovich. Y lo verde era el humor, no el dólar.
Los telones se alzaban sobre obras de teatro de todo tipo: en el Regina deslumbraba el drama de desamor que encarnaban Federico Luppi y Hayée Padilla en El gran deschave, la obra de Armando Chulak y Sergio De Cecco; en el Estrellas otro clásico, Orquesta de señoritas, de Jean Anouilh, protagonizada por un elenco masculino: Zelmar Gueñol, Alberto Busaid, Alberto Fernández de Rosa, Hugo Caprera, Esteban Peláez, Carlos Marchi y Santiago Doria; en el Popular de la ciudad, Virginia Lago, Héctor Gióvine, Onofre Lovero y Víctor Hugo Vieyra ponían en escena una obra que pronto estaría vedada: el Canto General, de Pablo Neruda.
En cine brillaba Amarcord, de Federico Fellini, que el año anterior le había arrebatado el Oscar a La Tregua, de Sergio Renán, como mejor película extranjera; si querías llorar a mares podías ver La última nieve de primavera; las boleterías de cuatro cines agotaban localidades para ver la última de Woody Allen, La última noche de Boris Grushenko y si alguien quería reír a destajo, ahí estaba El regreso de la Pantera Rosa, con Peter Sellers.
Reír. Si algo añoraba la sociedad argentina era aflojar un poco tantas ataduras, tanta sangre, tanto grito, tanta incertidumbre, tanta precariedad. Tal vez un golpe militar, como tantos otros, pondría un poco de orden; serían un par de años o poco más, luego un llamado a elecciones y la rueda empezaba a girar otra vez. Esa idea de un golpe militar tradicional en un país que desde 1930 los había visto de todos los colores, tal vez era compartida por gran parte del entramado político que se había sentado a esperar lo inevitable.
Años después, ya reinstaurada la democracia, quedó claro que muy pocos supieron de verdad lo que se avecinaba, el espíritu que guiaba a los golpistas y la matanza que había sido diseñada en los planes secretos de las fuerzas armadas. Uno de ellos fue un líder montonero, Roberto Perdía, que se había entrevistado a inicios de enero de 1976 con el general Harguindeguy: una cita secreta y espectral en los desolados muelles del lado sur del puerto, donde hoy se alza Puerto Madero. Perdía contó varias veces su encuentro con Harguindeguy, todas de manera diferente. General y guerrillero habían acordado dialogar para que Perdía pidiera la libertad de otro jefe montonero, Roberto Quieto, secuestrado días antes, el 28 de diciembre de 1975. En una de sus versiones, Perdía contó que Harguindeguy le dijo: “Quieto no va aparecer. Olvídense. No vamos a andar tirando cadáveres en los zanjones. Desde ahora, los cadáveres no van a aparecer. Vamos hacer otra cosa. A Quieto no lo van a volver a ver. En realidad, no volverán a ver más a nadie”.
A las dos de la tarde del martes 23 de marzo de 1976, la quinta edición de La Razón apareció con un título catástrofe que no reflejaba una noticia, hacía un vaticinio: “Es inminente el final. Todo está dicho”. Para entonces, el golpe inminente había sido tratado por la presidente y algunos de sus ministros en la misma Casa de Gobierno. Isabel había almorzado con el líder de la Unión Obrera Metalúrgica, UOM. Lorenzo Miguel, con el secretario del gremio de la construcción, UOCRA, Rogelio Papagno y con el ministro de Trabajo, Miguel Unamuno.
Mientras, Deheza, el ministro de Defensa, había convocado a las siete de la tarde a Videla, a Massera y al brigadier Orlando Agosti a una reunión de evaluación de la crisis. En esa charla con los tres comandantes, Deheza propuso adelantar las elecciones y designar a un candidato aprobado por las Fuerzas Armadas. El encuentro terminó a las diez y diez de la noche, menos de tres horas antes del golpe, con la promesa de los jefes militares de responder a la propuesta ministerial al día siguiente, 24 de marzo, al mediodía. Videla hasta tuvo el descaro de invitar a Deheza a exponer la posición del gobierno ante los comandantes de cuerpo del Ejército, también al mediodía siguiente.
Esa aparente tregua en la presión militar planteada por los comandantes, aparente y falsa, dio cierto halo de confianza a Isabel y a su gabinete. En los primeros minutos del 24 de marzo, en su despacho de la Casa de Gobierno, Isabel Perón esperaba ser conducida a la residencia de Olivos. Dijo a su secretario privado, Julio González, “iremos a Olivos en helicóptero”. González recibía en esos momentos una información que decía que tropas de la Infantería de Marina habían copado el ministerio de Educación. Poco después, fue desmentida: las tropas se dirigían a preservar la seguridad en la zona portuaria. Isabel Perón, acompañada por el jefe de la Casa Militar, llegó al helipuerto de la Rosada, escoltada por granaderos y por el oficial de servicio del regimiento que le rindieron honores. Minutos después, el helicóptero despegó mientras, en la puerta de la Casa de Gobierno, Lorenzo Miguel recurría a un adagio turfístico para anunciar que todo marchaba muy bien: “Pagamos dos pesos”, dijo.
A esa hora, un joven periodista en los inicios de su carrera profesional también esperaba noticias sobre el golpe. Y esperaba verlas, no que se las contaran. Vivía en un conventillo que ya no existe, en la Avenida del Libertador 1065. El edificio, una reliquia rumbosa: dos pasillos, uno muy largo y al aire libre y tres pisos por escaleras, cobijaba a actores, escritores, artistas plásticos y bohemios de toda ralea. También era un hito histórico: allí, en un escenario y una platea improvisados, habían debutado en los luminosos 60, Carlos Perciavalle, Antonio Gasalla y Edda Díaz con Help Valentino, la obra que había visto nacer al café concert.
Un ventanuco que, si se estiraba un poco el cuello, permitía ver parte de la Avenida del Libertador, le diría al periodista si la presidente había sido o no derrocada. Si Isabel viajaba a Olivos por aire, el helicóptero presidencial pasaba sobre los techos del conventillo, sus rotores a toda máquina rumbo a la residencia. Si en cambio lo hacía por tierra, una larga caravana de autos Ford Falcon, ocupados por custodios que asomaban por las ventanillas armas de todo calibre, todos escoltados por patrulleros con sus sirenas a pleno que sacudían la placidez juguetona del Ital Park, circulaban a más de cien por la desierta Avenida: todas las calles que desembocaban en Libertador, desde Retiro y hasta quién sabe dónde hacia el Norte, quedaban cerradas al tránsito desde bastante antes y hasta un poco después del raudo paso de la caravana presidencial.
A mediados de febrero de ese año, el periodista había sido testigo de un episodio singular en plena Avenida del Libertador, entre Callao y Ayacucho. Tres autos, ya eran típicos los Falcon de color verde, habían encerrado a otro Falcon y lo habían obligado a detenerse. De ese auto, en pleno atardecer, bajó un tipo blanco como el papel, con las palmas de las manos hacia el frente, que gritó desesperado: “¡No tren! ¡No tiren! ¡Soy el coronel…!” y dio su apellido. Lo encañonaron cuatro personas, revisaron durante unos minutos su documentación, se relajaron un poco, conversaron un rato y se despidieron con un apretón de manos. Todo bajo los ojos sorprendidos de una docena de personas, y a la vista de los pasajeros de una veintena de autos frenados por el incidente. Aquello parecía Praga ocupada por la Whermacht.
En los primeros minutos del 24 de marzo, asomado a su ventana, la Avenida del Libertador desierta y silenciosa en la noche, el periodista oyó desde lejos el rumor del helicóptero presidencial que, en segundos, pasó sobre su cabeza un poco más bajo que lo habitual, rumbo al Este, hacia el río: ya enderezaría hacia el norte, hacia Olivos. La radio le había traído la voz de Lorenzo Miguel y su “pagamos dos pesos”. El golpe no sería esa noche. Cerca de las tres de la mañana lo despertó el teléfono: “Poné la radio”, le dijo una voz amiga.
A la mañana siguiente, el Barrio Norte de la ciudad era patrullado por una gran cantidad de vehículos militares: camiones cargados de tropas, jeeps o semiblindados artillados, alguna ambulancia; todos, o casi todos, con un círculo o un triángulo de papel blanco pegado en las puertas; el zumbido de los motores era el único sonido en aquel amanecer de calles vacías. Alrededor de las siete, los vecinos de Recoleta, diarios en mano, llenaban los bares de la zona; uno de ellos, sobre la Avenida Callao, acaso evocaba el color de una jirafa.
Los kioscos estaban a punto de agotar las primeras ediciones de La Nación, Clarín y La Prensa que habían alcanzado a dar la noticia en sus portadas y en un par de páginas cerradas de apuro y con los datos esenciales: el gobierno de Isabel Perón había sido derrocado; la presidente y sus ministros, junto a otros funcionarios, legisladores y sindicalistas, habían sido detenidos; el país entero estaba “bajo el control operacional de la Junta Militar”.
Era un amanecer soleado, cálido, de cielo azul, límpido y luminoso.
Nadie vio venir la tormenta.
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