El Ciudadano
El reciente impulso al Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, bajo las administraciones de José Antonio Kast y Javier Milei, ha resucitado viejos temores en la cordillera de los Andes. Mientras los glaciares retroceden a un ritmo sin precedentes, el acuerdo burocrático firmado en 1997 vuelve a ponerse en marcha, abriendo la puerta a proyectos extractivos transfronterizos que, según organizaciones ambientales y científicos, amenazan directamente las reservas estratégicas de agua dulce del Cono Sur.
El pasado 14 de abril, el ministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, y el secretario de Minería de Argentina, Luis Enrique Lucero, anunciaron que se retomarían las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera, que tiene como objetivo impulsar proyectos mineros en la alta cordillera para operaciones transnacionales. Este acuerdo que estuvo congelado por años, crea un territorio que borra los límites fronterizos tradicionales a través de los llamados Protocolos Adicionales Específicos (PAE), aplicando normas especiales para que las empresas exploten yacimientos conjuntos y coordinen su logística como si ambos países fueran uno solo. La reactivación se concretó durante la XIX Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora, realizada a principios de julio en Buenos Aires, que reunió a autoridades de ambos países en la primera sesión bajo la administración del presidente Kast.
El tratado no es un instrumento neutral ni meramente técnico; representa un mecanismo que facilita la extracción en zonas de alta sensibilidad ecológica. En la cita participaron los subsecretarios de Minería y Relaciones Exteriores de Chile, Álvaro González y Patricio Torres, junto a autoridades argentinas encabezadas por el secretario de Minería, Luis Lucero. De acuerdo con La Moneda, el tratado busca facilitar sinergias para proyectos fronterizos aprovechando la experiencia e infraestructura chilena, especialmente entre las regiones de Atacama y Valparaíso. González destacó que con la reactivación del tratado «la minería en nuestras fronteras será más eficiente, con menores costos, aprovechando sinergias de ambos países y aumentando la oferta de minerales críticos al mercado global».
¿Por que está en juego el agua?
Más del 70 % de la población de Chile se abastece con agua proveniente de glaciares ubicados en la cordillera. En un contexto de crisis climática, estos sistemas funcionan como un seguro hídrico natural, tal como advierte Constanza Espinosa, directora de la Fundación Glaciares Chilenos. Sin embargo, la minería en las altas cumbres no solo implica la extracción de minerales, sino la intervención directa de un ecosistema clave bajo el suelo que regula el suministro de agua para millones de personas.
El valor hídrico fundamental se encuentra en estructuras ocultas como los glaciares de roca y el ambiente periglaciar. Álvaro Ayala, glaciólogo e investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), explicó a Mongabay Latam que en el norte de Chile y el área de la provincia de San Juan en Argentina, el entramado subterráneo funciona como un gigantesco regulador hídrico natural. «Toda la lluvia y nieve que se derrite y se acumula ahí va quedando en el suelo, se congela debido al clima frío y después se va liberando poco a poco», detalló. Aunque en periodos normales su flujo es menor que el de los ríos superficiales, su valor se vuelve absoluto en épocas de escasez.
Marcelo Giraud, geógrafo argentino e integrante de la Asamblea Popular por el Agua, aportó un dato crítico: «Varios equipos de investigadores argentinos y chilenos han demostrado que en las regiones áridas andinas, en contexto de megasequía como la registrada a partir de 2010, las reservas estratégicas que constituyen los glaciares y el ambiente periglaciar pueden aportar más del 50 por ciento del caudal de los ríos, amortiguando el impacto negativo de la escasa precipitación». Ambos científicos coincidieron en alertar que al intervenir estos cuerpos de agua se destruye la «cuenta de ahorro» que entregan los glaciares.
Alerta por el fantasma de Pascua Lama
El nombre de Pascua Lama resuena como un fantasma en la memoria ambiental de la región. Aquel megaproyecto minero binacional, impulsado hace más de dos décadas para explotar oro, plata y cobre en la frontera entre Chile y Argentina, quedó sepultado por una combinación de factores: la inviabilidad económica, la oposición social organizada y, fundamentalmente, las restricciones legales que prohibían intervenir glaciares.
Hoy, con la reactivación del tratado de 1997, muchos temen que el mismo escenario se repita pero con reglas aún más laxas.
De hecho, en la frontera de la Región de Atacama, que colinda con la provincia argentina de San Juan, se despliega el proyecto Distrito Vicuña, un gigantesco complejo de proyectos de oro y cobre —que incluye yacimientos como Josemaría, Filo del Sol y Los Helados— controlado por el grupo canadiense Lundin y BHP..
Este proyecto podría posicionarse cono la punta de lanza de esta nueva etapa de integración minera y Según Giraud, esta iniciativa «se encuentra de lleno en el polígono al cual aplica el tratado«, mientras que organizaciones ambientales ya lo catalogan como el «nuevo Pascua Lama»,
.La intención de utilizar a Chile como plataforma logística amenaza directamente a las comunidades de la Región de Atacama con un aumento drástico en el tránsito de camiones de alto tonelaje, uso de maquinaria pesada e infraestructura portuaria para el embarque del mineral extraído en Argentina.
El riesgo no es solo ambiental, sino también social, comprometiendo la seguridad hídrica de las comunidades que dependen de estas fuentes de agua. La excavación remueve y saca a la superficie rocas ricas en metales que naturalmente están escondidas y aisladas bajo el hielo. Al tomar contacto con el oxígeno y el agua, producen drenajes ácidos y procesos geoquímicos que contaminan los ríos, repitiendo el patrón técnico que sepultó a Pascua Lama.
Las amenazas, según explicó Mongabay Latam, Constanza Espinosa, directora de la Fundación Glaciares Chilenos, van desde la remoción física del suelo y la construcción de infraestructura —que afectan directamente a glaciares y ambientes periglaciares— hasta la intervención de glaciares rocosos, cuerpos que muchas veces son invisibles o poco conocidos en las evaluaciones. A esto se suma el uso intensivo y la potencial contaminación química del agua, y el impacto del material particulado en suspensión que, al depositarse sobre el hielo cordillerano, acelera su proceso de derretimiento. Para la experta, el escenario de crisis climática actual no resiste estas presiones extractivas adicionales.
Flavia Liberona, directora ejecutiva de la ONG chilena Fundación Terram, advirtió al medio citado que «un tratado suscrito a fines de los 90, y cuya última modificación fue en 2001, no está en concordancia con los cambios que han ocurrido en los últimos 25 años en materia regulatoria, como tampoco en el territorio mismo». La fragmentación burocrática y política que implica la eventual aprobación de la Ley de Glaciares preocupa especialmente. «La reciente aprobación que modificó la Ley de Glaciares podría activar la intención de desarrollar proyectos binacionales utilizando este tratado», planteó,.
De este modo, el acuerdo genera un escenario donde el control integral de los ecosistemas compartidos se diluye, pues se realizan evaluaciones ambientales por separado y con estándares distintos.
¿Qué proyectos podrían venir?
El tratado de integración minera abre la puerta a múltiples proyectos binacionales, aprovechando la experiencia e infraestructura chilena especialmente entre las regiones de Atacama y Valparaíso. El mecanismo de los Protocolos Adicionales Específicos (PAE) permite aplicar normas especiales para que las empresas exploten yacimientos conjuntos y coordinen su logística sin las trabas que supondría operar en dos jurisdicciones diferentes.
Las áreas de concesión se concentran en las cumbres más altas de los Andes, justo donde se encuentran los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, además del ambiente periglaciar. Esto significa que cualquier proyecto que se impulse bajo este marco normativo tendrá, inevitablemente, un impacto sobre estas formaciones que son claves para el equilibrio hídrico de la región.
El geógrafo argentino Marcelo Giraud advirtió a Mongabay Latam que las vetas de mineral se concentran precisamente en estas zonas de alta montaña, por lo que los proyectos mineros quedan atrapados dentro del polígono de operación industrial junto con los cuerpos de hielo y permafrost. La lógica extractiva, potenciada por gobiernos que priorizan la inversión por sobre las regulaciones ambientales, podría multiplicar los proyectos en la cordillera.
Negociación entre gobiernos no puede excluir a las comunidades
El desarrollo no puede construirse sobre glaciares destruidos, cuencas intervenidas o comunidades silenciadas y el verdadero conflicto radica en cómo se toman las decisiones que afectan reservas estratégicas de agua: si serán acordadas entre gobiernos y empresas a puertas cerradas, o si contarán con información pública, evaluaciones científicas rigurosas y participación efectiva de las comunidades.
En opinión de la defensora del agua, Bárbara Astudillo, la reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina no puede transformarse en una negociación entre gobiernos que excluya a las comunidades que habitan la Cordillera de los Andes.
«La transparencia, la participación ciudadana efectiva y el acceso a la información son obligaciones democráticas, no obstáculos para la inversión», indicó a El Ciudadano la defensora de los derechos humanos ambientales y ecofeminista originaria de la provincia de Petroca, región de Valparaíso.
Señaló que la Cordillera no puede ser vista como un corredor para acelerar proyectos extractivos; ya que es la principal reserva estratégica de agua dulce del Cono Sur, que alberga glaciares, ecosistemas únicos y abastece de agua a millones de personas, por lo que «cualquier decisión que comprometa estos bienes comunes exige la aplicación del principio preventivo y precautorio, además del pleno respeto de los estándares ambientales y de derechos humanos».
«Las señales del gobierno de Javier Milei, orientadas a desregular la protección ambiental y priorizar la explotación intensiva de los bienes naturales, generan preocupación para toda la región. Si esa lógica encuentra eco en Chile con propuestas como las impulsadas por José Antonio Kast, que plantean reducir regulaciones ambientales y acelerar permisos sin fortalecer las garantías ciudadanas, el riesgo es consolidar un modelo donde la naturaleza y las comunidades terminan pagando el costo del crecimiento económico», advirtió.
«La Cordillera de los Andes no es una zona de sacrificio»
Planteó que la reactivación del tratado por parte de ambas administraciones exige máxima transparencia, participación ciudadana efectiva y garantías , tal y como establece el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales
«La Cordillera de los Andes no es una zona de sacrificio: es una reserva estratégica de agua, biodiversidad y vida para millones de personas. El Acuerdo de Escazú ofrece un camino distinto: más democracia ambiental, acceso a la información, participación incidente y protección para quienes defienden la naturaleza y debilitar esos estándares para facilitar proyectos transfronterizos sería un grave retroceso para ambos países», afirmó a El Ciudadano.
«Hoy no necesitamos una cordillera abierta a la impunidad ambiental; necesitamos una cordillera protegida por el derecho, la ciencia y la participación de los territorios. El desarrollo no puede construirse sobre glaciares destruidos, cuencas intervenidas o comunidades silenciadas. Defender la Cordillera de los Andes es defender la seguridad hídrica, la soberanía ambiental y el futuro de Chile y Argentina», enfatizó,
En Argentina, la situación es alarmante, Itatí Brida, activista por los derechos humanos y el ambiente, denunció que mientras el gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste y los beneficios a grandes empresas, las comunidades alertan sobre la destrucción de los ecosistemas.
«Quienes defendemos los bienes comunes vemos cómo se repite el libreto de siempre: progreso, sustentabilidad y crecimiento como excusas para la explotación (…) La alianza minera que se pretende sellar con Chile no es un acuerdo técnico ni neutral: es una contraofensiva recargada contra las comunidades que estamos en la primera línea de defensa de los territorios», afirmó.
Brida planteó que bajo gobiernos ultra neoliberales como los de Javier Milei y José Antonio Kast, quienes realmente ejercen el poder son las grandes corporaciones.
«Ellas ponen el capital y sus intereses por encima de los intereses colectivos, y encuentran en Estados cómplices una organización institucional entera al servicio de esos fines, muy lejos, claro está, de las necesidades ciudadanas», enfatizó.
«En la práctica, lo que hacen es simplificar las economías regionales, reducirlas a su primarización. Eso significa que muchas otras industrias se ven perjudicadas. Por ejemplo, el cierre de miles de pymes —que ya ocurre con el gobierno de Milei— tiene que ver directamente con que las grandes mineras tengan puertas abiertas y millones en beneficios fiscales, de los que ningún emprendedor local ni mucho menos los ciudadanos de a pie podemos gozar. Mientras tanto, nuestros impuestos, alquileres y compras diarias no dejan de subir», explicó.
Señaló que el caso de Mendoza es paradigmático. Esa provincia, que hoy busca aliarse con Chile para transformar la ruta de conexión interoceánica en un corredor de extracción, ya tiene más de 41 personas criminalizadas por defender el agua. «Sus edificios públicos se han utilizado como centros de detención y es conocida por la represión a las marchas pacíficas del agua», denunció Brida. Su vicegobernadora, además, se ganó el título de «persona no grata» en Francia y en la localidad cordillerana de Uspallata, por sus declaraciones negligentes y sus acusaciones contra comunidades enteras que llevan más de 18 años de lucha pacífica en defensa de los ríos y glaciares.
«Defender el agua es defender el futuro de nuestros territorios«
La defensora ambiental también advirtió sobre un dato clave para Chile: según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) respaldado por Naciones Unidas, será el primer país de Sudamérica en quedarse sin agua en 14 años.
«Esta ruta de explotación de recursos, que Chile comenzó mucho antes que Argentina, ya muestra sus consecuencias. Nosotros podemos anticiparlas si seguimos este camino», alertó, al tiempo que planteó que la estrategia entre ambos países debe estar alineada con la conservación de los bienes comunes. «Proteger los glaciares no es un capricho ambientalista, sino una necesidad para las economías regionales y para las industrias que generan más empleo que la minería», dijo.
«Las rutas de liberación que usaron nuestros próceres no pueden convertirse en rutas de saqueo que alimenten el imperialismo y el colonialismo del siglo XXI. Nuestros territorios requieren soberanía, no principios de seguridad nacional dictados desde países ajenos. Lo que pase en nuestros suelos debe estar sujeto a participación ciudadana transparente, con garantías plenas de derechos humanos: libertad de expresión, protesta social y una verdadera democracia ambiental. Eso implica consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, y que las empresas cumplan con su debida diligencia en materia socioambiental», aseveró.
Para Brida, «defender el agua es defender el futuro de nuestros territorios y recordó que «la historia nos enseña que donde hay agua y minerales, suele haber conflictos. Pero también nos enseña que las comunidades organizadas pueden frenar el saqueo»
» La pregunta es si Chile y Argentina aprenderán a tiempo, o si repetirán los errores que ya condenan a otras regiones del mundo«, cerró.
*Imagen destacada: Revistadigital.Culturademontania.org.
La entrada ¿Vuelve el fantasma de Pascua Lama? Kast y Milei reactivan tratado minero y encienden alertas por los glaciares se publicó primero en El Ciudadano.
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