El Ciudadano
Ante el aparente congelamiento público del beneficio, agrupaciones de derechos humanos alertan sobre posibles maniobras legales para burlar tratados vigentes.
Aunque el anuncio se realizó formalmente en marzo pasado con el objetivo de beneficiar a 102 uniformados, a la fecha la administración de José Kast no ha mostrado avances concretos en el proceso de evaluación jurídica para aplicar su indulto a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por delitos cometidos entre octubre de 2019 y marzo de 2020. El plan original contempla la revisión de expedientes de agentes estatales que actualmente cumplen penas de cárcel efectiva por delitos graves como tortura, homicidio frustrado y lesiones gravísimas, pero la medida esta por ahora sumida en la incertidumbre.
Esta ofensiva presidencial se enmarcaría en un escenario donde las condenas judiciales efectivas son una minoría respecto a los miles de abusos denunciados durante las protestas. De acuerdo con el Informe Estadístico del Estallido Social de la Fiscalía, de un total de 12.002 delitos de violencia institucional registrados durante este periodo, la gran mayoría concluyó por vías no judiciales —como el archivo provisional o la decisión de no perseverar debido a la falta de identificación de los autores—, lográndose únicamente 219 sentencias condenatorias.
El freno normativo internacional
Al momento de asumir, el Presidente justificó la medida apelando a la necesidad de otorgar el perdón en un contexto que calificó de violencia extrema. «En algunos casos sí voy a utilizar la facultad de indulto para las personas que defendieron la patria», afirmó José Kast, añadiendo que su deber es corregir situaciones donde, a su juicio, la justicia fue reemplazada por el sesgo ideológico. Esta postura generó una fractura inmediata con los sectores de oposición y organismos de derechos humanos.
Frente a este anuncio, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) advirtió que la potestad del indulto no es absoluta y no puede ejercerse en transgresión a las obligaciones internacionales de Chile. El organismo enfatizó que otorgar beneficios antes de cumplir una parte sustantiva de la condena en casos de tortura o tratos crueles enviaría un mensaje de impunidad a la sociedad y podría exponer al Estado a sanciones por parte de tribunales extranjeros.
A esta advertencia se sumó Juana Aguilera Jaramillo, presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, quien cuestionó duramente la legalidad de la medida, pues “de acuerdo a la normativa internacional de Derechos Humanos los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inadmisibles, por lo tanto creo que la figura de indulto no corresponde”, afirmó, calificando además a la actual administración como «un gobierno engañador».
Para Aguilera, ante el freno internacional, el Ejecutivo podría buscar vías alternativas de impunidad a los condenados a través de beneficios carcelarios encubiertos. «Han hablado de hacer una norma especial para aquellos que están enfermos y que son de la tercera edad vayan a sus casas a terminar de cumplir sus condenas, esa es una forma velada de indulto, por ejemplo”, recalcando que no cree que podrían hacer un indulto propiamente tal.
Cifras, víctimas y deber
Desde la vereda parlamentaria, la senadora Fabiola Campillai, víctima de agresión durante el Estallido Social, rechazó tajantemente la iniciativa gubernamental. La parlamentaria señaló que esta agenda representa un retroceso para la democracia y la justicia en el país, afirmando que «una vez más ha quedado en evidencia que Kast y su gobierno han llegado con una agenda pro-delincuentes», recordando que los tribunales ya acreditaron la responsabilidad de los agentes en casos de violencia extrema.
Dentro de los nombres que evalúa el Ministerio de Justicia figuran casos de alta connotación pública, como el del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por el ataque que dejó ciega a la propia senadora Campillai, y también se analizan expedientes por agresiones contra menores de edad, como el de una niña de 14 años que perdió la visión de un ojo en La Cisterna. La gravedad de estas causas refleja el impacto de la represión durante las manifestaciones, donde el Ministerio Público cuantificó formalmente que un total de «464 víctimas sufrieron algún tipo de trauma ocular», precisando además que en 132 de estos casos las personas «sufrieron la pérdida de visión total de un ojo».
La dimensión de las conductas penales cometidas por los funcionarios que el Ejecutivo pretende indultar queda en evidencia al revisar la tipificación oficial de Fiscalía para los meses del Estallido. Las estadísticas institucionales determinan que la denuncia más recurrente contra los uniformados fue de «apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos», el cual representó el 24% del total de los delitos cometidos y concentró un «70,4% de los delitos catalogados bajo la categoría de Violencia Institucional».
Las críticas parlamentarias también fueron apoyadas por la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien cuestionó duramente la justificación de Kast sobre el cumplimiento del deber. La congresista remarcó que estos uniformados incumplieron su obligación constitucional, señalando que «el deber consistía en vigilar y resguardar el orden público con respeto a la legislación vigente», y enfatizó que fueron los propios tribunales de justicia quienes acreditaron los delitos.
Pactos de silencio institucional
Esta impunidad sistémica, a juicio de Juana Aguilera, responde a factores históricos más profundos de encubrimiento heredados desde la dictadura militar. «Todos estos agentes genocidas condenados no entregaron absolutamente ningún dato que pudiera llegar a establecer el destino final de las víctimas», denunció, apuntando a que los involucrados de la época «tienen un pacto de silencio que impide prácticamente establecer toda la verdad como quisiéramos».
Al respecto, la líder de la Comisión Ética recordó que en Chile solo se ha establecido el destino final de 307 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del régimen de Pinochet, acusando que el actual gobierno de Kast «se prepara para sacarlos de las justas condenas» y continuar «abusando por otro lado del pueblo aplicándole medidas económicas y medidas que niegan sus derechos».
Asimismo, alertó sobre el panorama actual de los tribunales chilenos, sosteniendo que es «un sistema que muestra cada día que está al servicio de grandes poderes financieros, una justicia clasista y racista”, ejemplificando con el caso de Julia Chuñil Catricura, quien está desaparecida hace más de un año. También advirtió que el Mandatario podría sortear la resistencia legislativa y avanzar en su agenda gracias a las debilidades institucionales, y de este modo «logre tener éxito en esta arremetida regresiva respecto de lo poco que se ha logrado en justicia», concluyó Aguilera.
Mientras la oposición en el Parlamento puntualizó su resistencia a lo que consideran una señal de impunidad inaceptable, el oficialismo defiende la medida como un acto de reparación para quienes «arriesgaron su vida». Sin embargo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó ejecuciones masivas de estos decretos en el corto plazo, insistiendo en que la revisión será «acuciosa» y estrictamente individual para cada expediente seleccionado, representando un complejo filtro técnico y político que deja bajo duda si la administración de José Kast podrá concretar la promesa de los 102 indultos a uniformados.
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