Opinar de políticas para niños y niñas que perdieron los cuidados de su familia de origen es hablar de una tragedia profundamente compleja, donde están en juego vidas en las que hubo vulneraciones graves. Lamentablemente no hay ninguna solución en la que no vayan a existir complejidades e incluso tragedias, porque en estos casos siempre se llega tarde. Pero justamente para eso está la política pública, para tomar decisiones difíciles si es que mejoran la calidad de vida de las personas a las que sirve.
Hoy en Chile está en juego el tipo de modelo de cuidado alternativo que se va a priorizar desde el Ejecutivo y la evidencia es contundente: los cuidados residenciales, en comparación con los modelos de cuidados familiares, generan mayores problemas en el desarrollo cognitivo y emocional y donde además aumenta significativamente el riesgo de quedar fuera del sistema escolar formal y de vincularse en conductas de violencia y delincuencia. Caso aparte para el aumento del riesgo de ser explotado sexualmente, situación que afecta a más del 30% de las adolescentes en residencias.
El primer principio que debe orientar cualquier política pública seria es simple: los programas sociales deben basarse en la evidencia. No en inercias institucionales, no en la costumbre, no en opiniones particulares. Organismos internacionales como Unicef, Relaf, la Cooperación Británica y la Academia (local e internacional) coinciden en que el cuidado familiar es superior para el desarrollo integral de niños y adolescentes. Los países que han hecho el tránsito no han vuelto atrás más que para situaciones específicas, donde el cuidado residencial es más adecuado.
El segundo principio es la focalización de los recursos. Hoy los nudos críticos están claros: necesitamos captar más familias de acogida y más familias adoptivas, fortalecer el apoyo a las familias de origen, extensas y externas y acelerar la tramitación de medidas judiciales para apoyar, tanto al Servicio de Protección Especializada como a los tribunales de familia. No haber invertido lo suficiente en estos ámbitos ha hecho que sea imposible avanzar y, por lo mismo, el seguir destinando la mayor parte del presupuesto a sostener residencias hace que sea muy difícil cambiar de modelo, porque no hay recursos para mejorar los programas de familias de acogida y sin recursos suficientes, nada va a funcionar bien, ni residencias ni familias de acogida. Lo que redunda en que sigan existiendo vulneraciones graves en niños que podrían estar mejor.
Un país serio y responsable también diseña las políticas públicas como si fueran para los hijos de cualquiera. Y frente a la hipotética tragedia de que nuestros hijos quedasen huérfanos, nadie querría como destino que vivieran en una residencia. Entonces, ¿por qué aceptamos que ese sea el modelo para quienes no tienen familia y hoy carecen de alguien que pueda cuidarlos? ¿Por qué toleramos que se les someta a un sistema donde ocurren sistemáticamente vulneraciones graves de derechos?
La sociedad civil y los funcionarios públicos debemos hacer incidencia no para conservar lo que existe, sino para acelerar la transición hacia lo que debería ser.
No debemos olvidar algo tan simple como esencial: el principal derecho de los niños es a vivir en una familia que pueda cuidarlos y quererlos. En Chile, hasta hoy, ese derecho sigue sin cumplirse para quienes más lo necesitan y es responsabilidad nuestra cambiar esta realidad. Si fueran nuestros hijos, lo haríamos.
Por Rafael Rodríguez, Gerente general Fundación San Carlos de Maipo
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