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Telefónica plantea un recorte estructural que va más allá de una simple "operación bikini". Con siete expedientes simultáneos y una afectación media superior al 36%, Telefónica acelera su transformación hacia una compañía tecnológica con menos peso operativo.
No es solo un ajuste, es un cambio de era. Telefónica ha puesto sobre la mesa las cifras de lo que promete ser uno de los procesos de reestructuración más profundos de su historia reciente. Tras semanas de rumores y tensión contenida, la compañía ha iniciado el proceso para aplicar siete Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que no solo tocan a sus filiales operativas clásicas, sino que, por primera vez, meten la tijera en el "cerebro" del grupo: el centro corporativo.
Es la señal definitiva de que la Telefónica que conocíamos (la de las infraestructuras pesadas y la burocracia infinita) está intentando mutar a marchas forzadas en una empresa tech, más ligera y digital. Pero para los miles de empleados afectados, el desafío es mayúsculo: un tercio de la plantilla de las principales sociedades está llamada a salir, dibujando un escenario de negociación laboral que se prevé largo y complejo.
Si algo destaca en la documentación entregada a los sindicatos es la contundencia de los porcentajes. No estamos ante salidas puntuales, sino ante un vaciado estructural de casi el 37% de la plantilla conjunta de las cuatro primeras sociedades afectadas. Telefónica de España se lleva la peor parte en volumen, con 3.649 salidas propuestas sobre un total de 8.892 empleados (un 41%), pero el impacto es transversal. En Móviles, la afectación supera el 31% y en Movistar Plus+, el 32%.
Lo inédito de este movimiento es su alcance. Hasta ahora, los ajustes solían centrarse en las áreas técnicas o comerciales más expuestas a la digitalización. Esta vez, el plan abarca siete sociedades, incluyendo Telefónica S.A. (la matriz), Global Solutions e Innovación Digital. Aunque las mesas de negociación para estas tres últimas aún están por constituirse, los sindicatos ya calculan unas 800 salidas adicionales, lo que elevaría la cifra total inicial a una horquilla de entre 6.000 y 7.000 empleados.
El objetivo de la empresa es aterrizar esa cifra en el entorno de las 5.000 salidas tras la negociación. Sin embargo, la magnitud de la propuesta inicial envía un mensaje claro al mercado y a la plantilla: la estructura actual se considera insostenible para el nuevo modelo de negocio que persigue la presidencia.
¿Por qué ahora y por qué así? La respuesta está en los libros de cuentas y en el plan estratégico presentado el pasado 4 de noviembre. Telefónica necesita adelgazar para correr más rápido. La compañía busca un ahorro de costes de 2.300 millones de euros para 2028, escalable a 3.000 millones en 2030. No es solo cuestión de ganar más, sino de gastar de forma diferente.
El plan incluye una reorganización societaria que simplifica el centro corporativo y busca reducir un 25% los costes operativos en unidades globales. En la práctica, esto significa eliminar duplicidades y automatizar procesos. La compañía argumenta causas organizativas, técnicas y de producción, señalando que la "vieja estructura" no encaja con la nueva realidad digital.
Es una jugada arriesgada pero calculada. Telefónica sabe que sus competidores son cada vez más ligeros (y a menudo, puramente digitales) y que la regulación europea no da tregua. Aligerar la mochila laboral es la vía rápida que han elegido para asegurar la rentabilidad futura y mantener el atractivo ante los inversores, aunque el coste social sea elevado.
Como era de esperar, la respuesta de los sindicatos (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) ha sido unánime en el fondo, aunque con matices en la forma. La premisa básica es innegociable: no aceptarán salidas forzosas. El fantasma de los despidos traumáticos planea sobre la mesa, pero la parte social exige replicar el modelo de éxito del pasado: prejubilaciones, voluntariedad universal y garantías.
Aquí entra en juego una pieza clave del puzle: el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV). UGT y CCOO han dejado claro que no habrá paz social si no se prorroga este marco de garantías hasta 2030. Para el empleado, el CEV es el escudo que protege sus condiciones más allá del salario; para la empresa, prorrogarlo puede ser el "precio" a pagar para ejecutar el ERE sin conflictividad laboral.
El Gobierno, que posee un 10% de la compañía a través de la SEPI, observa desde la barrera pero con el silbato en la mano. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ya ha advertido que el proceso debe ser consensuado. En una empresa estratégica y con participación pública, un ERE hostil es políticamente inviable.
Para entender cómo puede acabar esto, hay que mirar al retrovisor. El ERE de 2024 (el antecedente inmediato) comenzó con una propuesta de 5.124 salidas y se cerró con 3.420. Aquel proceso costó a la empresa 1.300 millones de euros (unos 380.000 euros por trabajador) pero garantizó la paz social mediante rentas atractivas y bajas voluntarias.
La empresa ahorró con aquel movimiento unos 285 millones anuales. Ahora, la ambición es mayor y, por tanto, la factura inicial será más alta. La clave de la negociación que arrancará en los próximos 30 días será ver si Telefónica está dispuesta a poner sobre la mesa un paquete económico tan generoso como el anterior para convencer a 5.000 personas de que den un paso al lado voluntariamente.
Este ERE masivo confirma una tendencia imparable en el sector: las telecos se están convirtiendo en empresas de software y gestión de datos, donde la mano de obra intensiva tiene cada vez menos cabida. Si la negociación llega a buen puerto, veremos una Telefónica más pequeña en número de personas, pero teóricamente más ágil. La duda razonable que queda en el aire es si, tras recortar un tercio de la plantilla en áreas clave, la calidad del servicio y la capacidad de respuesta al cliente podrán mantenerse intactas en el corto plazo.
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La noticia
Ya hay cifra para el ERE de Telefónica: un tercio de la plantilla
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Xataka Móvil
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plokiko
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