El Ciudadano
El pasado lunes, Axel Indey entrevistó en el programa Sentido Común a Camila Zarate, vocera del Movimiento de Aguas y Territorios (MAT), quien abordó las recientes movilizaciones por el Día Mundial del Agua, el retiro de 42 decretos ambientales y las primeras señales del gobierno de José Kast en materia ecológica.
Respecto a las marchas convocadas en el marco del Día Mundial del Agua y en el contexto del retiro de 42 decretos ambientales, Zárate declaró que las movilizaciones en Santiago estuvieron marcadas por un ambiente acogedor y familiar, con fuerte presencia de juventudes y niñeces, lo que reflejaría la preocupación de las nuevas generaciones por la naturaleza que heredarán, en un contexto donde incluso se habla de angustia climática.
Respecto a la llamada “permisología”, término ampliamente utilizado por sectores de derecha en el último tiempo, la vocera del MAT fue enfática en señalar que se trata de un concepto inexistente desde el punto de vista jurídico, ya que no figura en la legislación chilena. En ese sentido, Zárate explicó que esta noción responde más bien a una narrativa empresarial instalada para desacreditar la necesidad de los permisos ambientales.
En esa línea, recalcó que la normativa vigente rige desde 2010 y no ha tenido cambios sustantivos en los permisos exigidos, por lo que las trabas no responderían a nuevas exigencias, sino a que muchos proyectos ingresan con estudios o declaraciones que no cumplen adecuadamente la normativa.
Camila explicó que muchas veces son las propias empresas titulares las que solicitan más plazo para poder corregir o mejorar sus proyectos dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por ese motivo, advirtió que el verdadero fin de este discurso es simplemente “saltarse la fila”, debilitando controles mediante mecanismos más flexibles, como avisos o declaraciones juradas en reemplazo de permisos sectoriales. A su juicio, la evaluación ambiental no solo es necesaria para prevenir contaminación, sino también para mejorar proyectos y evitar conflictos ambientales en los territorios.
Por otro lado, Zarate cuestionó la caricatura que pone a los ecologistas en contra de las y los trabajadores. Para la vocera, este discurso favorece al actual modelo económico al instalar la idea de que oponerse a ciertos proyectos significa detener empleo y desarrollo.
Como ejemplo de lo anterior, mencionó el caso de Penco, donde parte importante de la comunidad rechaza la instalación minera porque no cree que traiga beneficios reales ni trabajos de calidad para la población local.
Asimismo, Camila advirtió que este tipo de proyectos suele generar empleos temporales o que simplemente no generan empleos locales ya que la mayoría de las veces traen trabajadores de afuera, por lo que no significan un impacto duradero en las comunidades, y al mismo tiempo, estos proyectos pueden destruir ecosistemas y economías locales vinculadas al turismo, comercio, hotelería o agricultura. Por eso, insistió en que el ecologismo no es un enemigo, sino una defensa de la vida, recordando que sin naturaleza no hay vida.
En la instancia, Zarate planteó que señalar la protección ambiental como enemiga de la economía, significa reducir el debate a un solo modelo económico: el capitalista neoliberal y extractivista, que justamente es el que predomina en nuestro país.
Bajo ese contexto, la vocera de MAT criticó la fuerte privatización de bienes comunes naturales y advirtió que el extractivismo no sólo está presente en áreas como la minería o la agroindustria, si no que actualmente adopta nuevas formas, como el denominado extractivismo energético, orientado a sostener la transición de los países del norte.
Al respecto, la entrevistada sostuvo que se necesita salir de esa lógica y pensar nuevas formas de organización económica, como el postextractivismo, la diversificación de la matriz productiva y una economía ecológica con enfoque territorial.
Asimismo, aclaró que no se trata de frenar derechos sociales o necesidades básicas, sino de cuestionar el sobreconsumo y un modelo que agota los bienes naturales más rápido de lo que la naturaleza puede regenerarlos.
Respecto a las movilizaciones y el contexto de estos primeros días de gobierno, señaló que la ciudadanía fue clara al exigir a José Kast la restitución de los 42 decretos retirados, advirtiendo que esta decisión implica una regresión ambiental en medio de una crisis climática y ecológica.
Además, agregó que la eliminación de estos decretos supone una desprotección de los ecosistemas, de los animales y de la salud de las personas, especialmente porque varios de estos decretos, como las normas de calidad ambiental, tardaron años en tramitarse y requerían estudios técnicos, análisis y procesos de consulta.
A su juicio, la medida provocó un “despertar social ecológico”, ya que generó rechazo transversal y reabrió el debate sobre qué modelo de protección ambiental necesita el país. También acusó que desde la ultraderecha se busca ridiculizar esta discusión para evitar un debate de fondo, pero sostuvo que la respuesta ciudadana demostró indignación frente a una decisión que consideran una provocación y un grave retroceso.
Respecto a cómo observa el actuar de la extrema derecha a nivel global, Zárate planteó que la derecha local está replicando estrategias ya vistas en otros países, bajo una lógica de “copiar y pegar”, impulsando desde el inicio medidas contra la naturaleza y promoviendo discursos como la ya mencionada “permisología” para acelerar proyectos.
Asimismo, advirtió que una de esas medidas tiene por objetivo apresurar las reclamaciones administrativas en un plazo menor a 90 días, lo que podría generar un cuello de botella, ya que proyectos mal evaluados pasarían más rápido, pero luego aumentarían los conflictos y la judicialización en los tribunales ambientales.
En esa línea, declaró que esta agenda desconoce principios básicos de derecho ambiental, como el preventivo y el precautorio, que obligan al Estado a actuar antes de que ocurran los daños.
A pesar de lo anterior, Zarate criticó la actual institucionalidad ambiental pero remarcó que a pesar de ser una medida mínima, es la única que tienen los pobladores para defenderse y que fue conquistada por años de luchas sociales y ambientales.
Por último, llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a un gobierno que, a su juicio, podría empeorar la calidad de vida de las personas bajo promesas de desarrollo y seguridad.
A continuación puedes revisar la entrevista completa:
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