A 40 años del Caso Degollados la disputa por la memoria sigue vigente

A 40 años del Caso Degollados la disputa por la memoria sigue vigente

Cuatro décadas han pasado desde que funcionarios de Carabineros perpetraran el secuestro, tortura y degollamiento de tres militantes del Partido Comunista de Chile, brutal crimen conocido como “Caso Degollados”. Este triple homicidio causó conmoción en la opinión pública y dio pie a la posterior investigación que lo vinculó a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) y al Comando Conjunto de la FACH, y cuya consecuencia más inmediata fue la caída de César Mendoza, general director de Carabineros y miembro de la Junta Militar desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Este domingo 30 de marzo se realizará una caravana por la memoria de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, la que partirá a las 10 horas desde avenida Víctor Jara con Enrique Kirberg (frente a la Universidad de Santiago, USACH, Estación Central), para llegar hasta el “memorial de las Tres Sillas” de Quilicura, lugar donde fueron halladas sin vida estas tres víctimas de los corvos del régimen de Pinochet. El sábado, a las 19:00, habrá un acto de homenaje a Parada, Guerrero y Nattino en el memorial en Los Leones con El Vergel, en la comuna de Providencia, donde estaba el Colegio Latinoamericano. También en estas fechas se recuerda a los hermanos Vergara Toledo y a Paulina Aguirre, militantes del MIR, asesinados por la dictadura.

Úrsula Fuentes Rivera. Periodista. “El Siglo”. 28/3/2025. Cuarenta años han pasado desde el brutal crimen cometido por funcionarios de Carabineros contra los militantes comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, quienes tras ser secuestrados el 27 y 28 de marzo de 1985 y haber sido sometidos a tortura, fueron degollados el día 30 de marzo en un acto macabro que pretendía sembrar el terror entre quienes soñaban con un Chile libre de la dictadura civil-militar de Augusto Pinochet.

Estos asesinatos se conocieron como Caso Degollados por la forma en la que fueron ejecutadas las tres víctimas. Ante la opinión pública el régimen de Pinochet propagó la mentira de que este triple crimen correspondía a un ajuste de cuentas entre facciones enfrentadas del Partido Comunista (PC). Pero las evidencias llevaron a la apertura de un proceso penal, cuya consecuencia más inmediata tras descubrirse la participación policial en el Caso Degollados, fue la renuncia en agosto de 1985 del General Director de Carabineros, César Mendoza, miembro de la Junta Militar y que se encontraba en ambos cargos desde el golpe de Estado de 1973, después de haber traicionado al Presidente Salvador Allende y los principales mandos de Carabineros. Fue tal el impacto del crimen, que Mendoza tuvo que irse de los cargos que ocupaba.

En 1991, la Comisión Rettig (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación) estableció de acuerdo con los antecedentes narrados y reunidos en la investigación judicial del Caso Degollados, que Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino fueron ejecutados por agentes estatales, debido a su militancia en el Partido Comunista y a las actividades que realizaban en oposición al régimen militar.

En Chile había muy pocas personas como José Manuel Parada que manejaban casi toda la información acerca de los aparatos represivos, pues él se desempeñaba como jefe de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad, organización donde llegaban a diario los testimonios de los luchadores sociales y sus familiares que habían sido apresados.

Manuel Guerrero fue el único sobreviviente de los secuestros y torturas ejecutadas por el Comando Conjunto, una organización ilegal de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que durante los años 70 compitió con la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) en el exterminio de las cúpulas de partidos que habían pertenecido a la Unidad Popular y otros de izquierda. Con el transcurso de la dictadura los agentes del Comando Conjunto se agruparon en el departamento de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). Por lo tanto, Manuel Guerrero era clave en la investigación sobre los métodos operativos y de represión del grupo de la FACH.

En cuanto a Santiago Nattino, los agentes de la DICOMCAR sospechaban que él se encargaba de reingresar militantes a Chile de manera clandestina y que también podía conocer antecedentes de la investigación contra el Comando Conjunto. Cabe mencionar que, durante la dictadura de Pinochet, Santiago Nattino apoyó al periódico El Siglo clandestino, creando decenas de originales fáciles de reproducir, adaptables a distintas situaciones.

El secuestro de Nattino, Parada y Guerrero

El 27 de marzo de 1985 Santiago Nattino Allende, publicista, pintor, diseñador gráfico y miembro de Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), fue secuestrado cerca de su domicilio, en la intersección de las calles Apoquindo con Badajoz, tras ser abordado por un sujeto que lo encañonó e hizo subir a un vehículo que esperaba en la esquina.

Al día siguiente, pasadas las 8:30 horas y mientras recibía a los estudiantes del Colegio Latinoamericano de Integración (ubicado en avenida Los Leones 1401, Providencia), fue secuestrado el profesor, inspector escolar y dirigente de la AGECH, Manuel Guerrero Ceballos, junto al sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada Maluenda, quien era apoderado de ese establecimiento educacional y a esa hora llevaba a sus hijos a clases.

En los dos operativos los secuestradores actuaron con gran disponibilidad de medios. En el caso de Santiago Nattino señalaron a viva voz que eran policías y que detenían a la víctima por problemas económicos. En el otro secuestro hay testigos que indican que un helicóptero sobrevolaba el sector y que había desvíos de tránsito perpetrados por carabineros motorizados y a pie. Durante el secuestro de Parada y Guerrero además se le disparó a quemarropa a un profesor que intentó impedir el plagio.

De acuerdo con investigaciones posteriores, los tres profesionales y militantes del Partido Comunista fueron conducidos al cuartel de la DICOMCAR, ubicado en la calle Dieciocho, donde antes del golpe militar estaban las oficinas del diario El Clarín y donde luego, bajo el nombre de “La Firma”, había operado el Comando Conjunto de la FACH.

En ese lugar, Nattino, Guerrero y Parada fueron torturados, “quemándoles cigarrillos en el cuerpo, sacándoles las uñas, aplicándoles electricidad y quebrándoles los huesos de la frente a culatazos”, según detalló el hijo de Manuel Guerrero, el sociólogo Manuel Guerrero Antequera, tras rememorar en su cuenta de blog la tragedia que vivió su padre.

Posteriormente, en la madrugada del sábado 30 de marzo, fueron llevados en vehículo hasta Quilicura, siendo degollados con un corvo atacameño que había pertenecido al militar y agente de la DINA, Marcelo Moren Brito, muriendo los tres desangrados. Sus cuerpos fueron abandonados entre unos matorrales, frente al fundo “El Retiro”, cercano al Aeropuerto Pudahuel. Ese mismo sábado, pasado el mediodía, sus restos fueron encontrados por dos campesinos, con evidentes rasgos de tortura y ensañamiento.

Proceso judicial

Hubo años de investigación y trabajo de jueces y abogados, testimonios y recopilación de antecedentes, labores judiciales que se iniciaron el 1 de abril de 1985, el mismo día de los funerales de Manuel Guerrero y José Manuel Parada, cuando la Corte Suprema designó a José Cánovas Robles, un anciano juez a punto de irse a retiro, como ministro en Visita para investigar el crimen de los tres degollados.

Las evidencias y la investigación determinarían que los asesinatos fueron ordenados por el jefe del Departamento de Asuntos Externos e Internos de la DICOMCAR, coronel Guillermo González Betancourt, y ejecutados por los cabos Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes, y por el sargento José Florentino Fuentes Castro.

También se estableció que en el vehículo que trasladó a las víctimas hasta Quilicura, además de González Betancourt, iban el capitán Patricio Zamora Rodríguez y Miguel Estay Reyno, conocido como “El Fanta”, un militante de las Juventudes Comunistas que, tras el golpe de 1973, pasó a ser un delator y colaborador de la dictadura.

La investigación judicial del Caso Degollados acabó con más de una decena de detenidos y condenados, siendo procesados también el coronel Luis Fontaine Manríquez, jefe de la DICOMCAR; el coronel Julio Luis Michea Muñoz, jefe de Asuntos Internos y Externos de ese organismo, y el teniente coronel Iván González Jorquera, jefe del GOPE de Carabineros. Pero al año siguiente, en enero de 1986, sus sentencias fueron revocadas y la causa fue sobreseída temporalmente.

En 1989 el juez José Cánovas Robles se acogió a retiro y asumió como ministro en visita Milton Juica, quien en 1994 condenó a tres miembros del servicio secreto de Carabineros a presidio perpetuo por el triple asesinato y a otros trece funcionarios a penas entre 41 días y 18 años de presidio.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones aumentó a seis las condenas de presidio perpetuo, pero la Corte Suprema finalmente confirmó sólo cinco de ellas correspondientes a Guillermo González Betancourt, José Fuentes Castro, Alejandro Sáez Mardones, Claudio Salazar Fuentes y Miguel Estay Reyno. En el caso de Patricio Zamora Rodríguez se bajó a 15 años y un día de presidio.

Sin embargo, desde fines de2017 sólo cumplió condena Miguel Estay Reyno, “El Fanta”, mientras los otros condenados fueron liberados sin cumplir la condena de presidio perpetuo. Esta situación fue denunciada por varias organizaciones de derechos humanos, principalmente por la Comisión Funa, que ha investigado y denunciado la impunidad en este tipo de delitos.

Caravana conmemorativa hacia el “Memorial de las Tres Sillas”

Cuatro décadas han pasado del Caso Degollados y como la memoria sigue siendo un territorio de disputa y resistencia, sobre todo ahora, en tiempos en que aún el negacionismo y la impunidad están presente en el discurso público, sobre todo desde sectores de la derecha y la extrema derecha, el Colegio de Profesores y Profesoras, el Partido Comunista y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) convocaron para este domingo 30 de marzo a una “Caravana Conmemorativa” por la memoria de Nattino, Parada y Guerrero.

La caravana se iniciará a las 10:00 horas, desde avenida Víctor Jara con Enrique Kirberg (frente a la Universidad de Santiago, USACH, Estación Central), para llegar hasta el “memorial de las Tres Sillas”, donde a las 12 horas se realizará un acto en memoria de estas tres víctimas de los corvos del régimen de Pinochet.

El “Memorial de las Tres Sillas” -inaugurado el 2006 por la expresidenta Michelle Bachelet- está ubicado en la comuna de Quilicura, al lado de la autopista Vespucio Norte, frente al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos sin vida Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero.

El memorial está conformado por tres sillas de acero, de 10 metros de altura, que se pueden visualizar desde el cielo dada su cercanía al aeropuerto y que hacen alusión a sillas escolares, no sólo para representar el espíritu de los tres asesinados vinculados a la educación, sino también para recordar su secuestro en sí, que fue en un establecimiento educacional, en el caso de Manuel Guerrero y José Manuel Parada.

El asesinato de los tres jóvenes del MIR

Se insiste en que la memoria es fundamental en la historia de los pueblos y que el recuerdo de quienes dieron su vida por los derechos del pueblo y la defensa de su dignidad, nunca deben ser olvidados.

Es el caso de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados por Carabineros, y de Paulina Aguirre Tobar, ultimada por agentes de la CNI. Los tres, el 29 de marzo de 1985, cuando eran parte de la lucha contra la dictadura.

Los hermanos Toledo participaban en la comuna de Estación Central, en los alrededores de Villa Francia, en acciones antidictatoriales, cuando en la intersección de las avenidas Las Rejas con 5 de Abril, cuando fueron interceptados por un contingente de Carabineros, quienes dispararon, hiriéndolos en un inicio, y luego los remataron.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación indicó que se llegó “a la convicción de que Rafael Vergara fue ejecutado por agentes estatales, estando ya herido y en poder de quienes lo mataron, en violación de sus derechos humanos. Respecto de su hermano, Eduardo Vergara, no pudiendo la Comisión determinar las circunstancias precisas en que se produjo el enfrentamiento ni la participación que él hubiera tenido, considera que pereció víctima de la situación de violencia política”.

Los relatos de testigos apuntan a que los dos hermanos estaban heridos, incluso intentaron acercarse entre ellos, y luego funcionarios policiales les dispararon, matándolos en el lugar.

“Dos antisociales mueren al enfrentar a Carabineros” fue la versión de la prensa de la época, afín a funcionarios de la dictadura. Claro que años después surgió la verdad. Los carabineros que asesinaron a los hermanos Eduardo y Rafael fueron condenados en agosto del 2010 tras un fallo de la Corte Suprema que rebajó las penas que le había aplicado en primera instancia el ministro que investigó la causa. Se trata de los carabineros Álex Ambler Hinojosa y Francisco Toledo Puente, condenados a siete años de prisión, y Jorge Marín Jiménez, con condena de 10 años y 1 día de presidio, pero en febrero de 2017 la misma Corte Suprema le concedió el beneficio de la libertad, es decir, ni siquiera cumplió la pena efectiva.

Los hermanos Vergara Toledo eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y tenían una activa participación en el movimiento social y poblacional en Villa Francia. Ese día también efectuaban una actividad en homenaje a Mauricio Maigret, joven poblador y militante del MIR que había sido asesinado en días anteriores.

Ese mismo día, por la noche, agentes de la CNI mataron a la joven Paulina Aguirre Tobar  en una “casa de seguridad” en El Arrayán. Ella también era militante del MIR y realizaba tareas operativas en contra del régimen militar.

Los testimonios de vecinos, trabajadores y la investigación judicial, apuntan a que esa casa había sido detectada por la CNI y esperaron a Paulina parapetados, y en vez de arrestarla, procedieron a acribillarla, asesinándola en el lugar y después mintiendo al decir que fue un enfrentamiento “con una peligrosa extremista”.

Pero también se conoció la verdad del hecho y por el homicidio calificado de Paulina Aguirre fueron procesados y acusados como autores Álvaro Corbalán Castilla, mayor de Ejército y jefe operativo de la CNI, Krantz Johans Bauer Donoso, teniente coronel de Ejército que dirigía la Brigada Azul de la CNI, Miguel Ángel Soto Duarte, mayor de Carabineros, alias “El paco Aravena”, Alejandro Astudillo Adonis, oficial de la FACH y Jorge Claudio Andrade Gómez, teniente coronel de Ejército.

Miguel Ángel Soto fue quien mató a Paulina y la remataron Astudillo y Andrade. Corbalán y Bauer dieron las órdenes de asesinarla, coordinaron el operativo y entregaron las versiones falsas sobre el episodio.

Paulina Aguirre ingresó al MIR a los 15 años, uno de sus nombres políticos fue “Luisa”, hija de un preso político torturado y sobrina de un ejecutado político, con su madre y padre exiliados. Siempre se caracterizó por su compromiso y valentía, desarrollando delicadas tareas en el enfrentamiento a la dictadura civil-militar.

Durante décadas, jóvenes pobladores y estudiantes, le rinden homenaje a Rafael y Eduardo Vergara Tolego y a Paulina Aguirre Tobar, recordando su ejemplo de combate, dignidad y compromiso, tomándolos como referentes auténticos para las luchas populares y la mantención de una ética política y solidaria.

Dibujo: Cassandra Larenas.

 

 

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