A propósito del caso Crispi: Contraloría reafirma que todo el personal que trabaje para el Gobierno debe asistir y entregar antecedentes a las comisiones del Congreso

A propósito del caso Crispi: Contraloría reafirma que todo el personal que trabaje para el Gobierno debe asistir y entregar antecedentes a las comisiones del Congreso

Era el 13 de octubre del 2023 cuando desde el Palacio de La Moneda la ministra del Interior, Carolina Tohá, -quien en esa época estaba ejerciendo como vicepresidenta pues el jefe de Estado, Gabriel Boric, estaba de gira en China-, tuvo que salir a defender al jefe de asesores del Segundo Piso Miguel Crispi Serrano.

Por esos días el “caso Convenios” generaba una crisis en La Moneda, sobre todo porque su inicio tenía como protagonistas a entonces militantes de Revolución Democrática, partido del Frente Amplio que era parte del conglomerado de Gobierno.

Fiel a su estilo directo, Tohá salió a responder a las críticas de integrantes de la Comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga las responsabilidades políticas en los líos de platas entre fundaciones y reparticiones públicas, a la cual Crispi no había asistido el día anterior. Ese era el segundo desaire que el sociólogo propinaba a la instancia parlamentaria asegurando que como asesor del Presidente, y con contrato a honorarios, él no tenía calidad de funcionario público.

En esa oportunidad, la vicepresidenta -al ser consultada si existía algún impedimento para que Crispi compareciera ante las comisiones-, sostuvo: “no hay ningún impedimento, él no está obligado a asistir”. Junto con esto, explicó que el jefe de asesores respondería por escrito.

Pero los congresistas no se quedaron conformes con la performance de Cripi y pidieron a Contraloría que se pronunciara si estaba bien la interpretación que La Moneda daba a las obligaciones que tenía el integrante del Segundo Piso.

El entonces contralor, Jorge Bermúdez, pidió informe a Crispi y luego emitió un dictamen, en diciembre de ese año, en el que apuntó a que no se iniciaría un proceso sancionatorio, ya que -finalmente- el sociólogo había desistido de su porfía y se había presentado ante el Congreso por lo que ya la controversia había sido superada. Sin embargo, según conocedores de estos actos administrativos, la autoridad en esa oportunidad hizo un guiño a la interpretación que hacía La Moneda.

“Sin perjuicio del razonable debate sobre el estatuto jurídico que rige a las funciones de jefe de asesores del gabinete del Presidente de la República, y acerca de si este servidor se encuentra o no obligado a comparecer a esa instancia parlamentaria en la anotada condición, especialmente considerando que el ordenamiento margina al Jefe de Estado de dicha comparecencia”, se leía en ese dictamen.

Más de un año después, la nueva contralora Dorothy Pérez decidió poner orden y emitir un instructivo en el que señala que todo aquel que trabaje para la administración pública y reciba sueldo estatal, como el caso de Crispi, está obligado no sólo a comparecer, sino también aportar antecedentes requeridos por las comisiones investigadoras del Congreso.

Emplazamiento a autoridades

La Tercera tuvo acceso al oficio E33764/2025 en que se envía el instructivo que fue entregado a todos los ministerios, subsecretarías, servicios públicos, gobiernos regionales, municipalidades, empresas públicas y al Congreso, entre otros.

Ahí -según se lee-, la contralora Pérez zanja, de cierta forma, una situación que no sólo se circunscribe al caso de Crispi, sino también a todos aquellos ministerios que aún no contestan oficios de Comisiones de la Cámara de Diputados, o funcionarios públicos que derechamente desatienden las citaciones del Congreso por “tener algo que hacer”.

El órgano contralor reafirma que todo el personal que trabaje para el Gobierno, para una empresa estatal, municipio o que reciba sueldo de las arcas fiscales -no importando si es a contrata, planta u honorario-, tiene la obligación de asistir.

“Se instruye a todas las entidades sujetas al control de esta Entidad de Fiscalización para que adopten todas las medidas necesarias a fin de dar íntegro e inmediato cumplimiento señalado, ajustando sus actuaciones en los términos indicados. Asimismo, corresponde que las autoridades y jefaturas ejerzan sus deberes de control jerárquico respecto de las actuaciones de sus subalternos, a efectos de que se ajusten a lo instruido, todo lo cual será fiscalizado por esta Contraloría General”, se lee en el documento de siete carillas.

No sólo asistir, también aportar

La contralora explicita que la ley es clara en determinar que la Cámara de Diputados para poder realizar su labor de fiscalización de actos de gobierno y a servidores públicos necesita que esas personas tengan en cuenta que están obligados a asistir a la sesión que la instancia parlamentaria fije, sobre todo cuando estamos hablando de aquellas comisiones investigadoras que se conforman por caso que impactan a la opinión pública.

“Están obligadas a suministrar los “antecedentes” y las “informaciones” que les sean solicitadas, lo que incluye prestar declaración sobre las situaciones por las cuales se les consulte en tal instancia y que se refieran al ejercicio de sus labores en la respectiva entidad, sus deberes funcionariales o contractuales, o bien, relativos al cumplimiento de los principios y de las normas que rigen a la Administración del Estado y a las demás entidades de que se trata, o a aspectos inherentes o relacionados con los recursos públicos, la función pública o la actividad estatal”, se lee en el instructivo.

Caso Monsalve y el silencio de Crispi: ¿Confesor, médico o abogado?

Las últimas veces que Crispi ha sido requerido por el Congreso fue ante la comisión investigadora del caso Monsalve. Esta persigue eventuales responsabilidades políticas tras la investigación que mantiene en prisión preventiva al exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien está formalizado por violación de una subalterna.

Si bien el jefe de asesores -en esta oportunidad-, sí compareció ante la instancia, se negó a entregar detalles de su conversación con el Presidente Gabriel Boric cuando él, y el jefe de gabinete Carlos Durán, se enteraron de lo que la denuncia contra la exautoridad.

Por un lado, Contraloría ya determinó que Crispi por muy asesor que sea sí está obligado a asistir ante las comisiones y aportar antecedentes y respecto al “secreto” que debe mantener en sus conversaciones con el Presidente, la instrucción de Pérez es acotada.

“La Constitución Política de la República, preceptúa que es una atribución especial del Presidente de la República “conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54 N° 1°.” Dicha norma constitucional agrega, que “Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el Presidente de la República así lo exigiere”, cita el documento.

En ese sentido, determina, que dichas “autoridades, funcionarios, servidores y personas deberán dar cumplimiento a dicho deber de secreto”. Ahora, la gran duda es, ¿Lo que habló Crispi con Boric respecto a una acusación contra Monsalve por violación, cae en la hipótesis de los “secretos” que se deben resguardar?

Las reglas sobre qué información es secreta y quiénes pueden resguardarla -según explica este instructivo-, están descritas en el artículo 303 del Código Procesal Penal: “Tampoco estarán obligadas a declarar aquellas personas que, por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tuvieren el deber de guardar el secreto que se les hubiere confiado, pero únicamente en lo que se refiriere a dicho secreto”.