Acuerdo político para nueva ley antiterrorista

Acuerdo político para nueva ley antiterrorista

Un paso fundamental se ha dado esta semana en el Congreso, luego de que se despachara a ley una reforma que determina las conductas terroristas y fija su penalidad. Con ello se reemplazará la actual ley antiterrorista, que data de 1984 y que desde entonces ha sido fuente de constante controversia.

La ley que actualmente rige fue objeto de numerosas reformas a lo largo del tiempo, pero aun así dicha norma no logró despertar consenso, ya sea por razones ideológicas -donde sobre todo sectores afines a la izquierda siempre fueron renuentes a su invocación- o bien por las dificultades prácticas para probar las conductas terroristas -especialmente para demostrar que hubo ánimo de infundir temor en la población-, todo lo cual se refleja en el reducido número de sancionados bajo dicha legislación. La condena al Estado de Chile por parte de la Corte Interamericana de DD.HH. en el caso Norín Catrimán y otros, por las penas de que fueron objeto líderes e integrantes del pueblo mapuche, solo ilustra las dificultades para su aplicación.

La imposibilidad de contar con una norma eficaz para sancionar conductas terroristas constituía un vacío importante, cuya solución no podía seguir siendo postergada. Esto no solo porque la propia Constitución indica que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos -lo que desde luego justifica contar con una legislación que específicamente se haga cargo de ello-, sino porque el país ha sido golpeado por este flagelo, y por lo mismo resultaba un contrasentido no contar en la práctica con una buena herramienta penal.

Cabe tener presente que el Índice Global de Terrorismo 2024 sitúa a Chile entre los 20 países más afectados por este fenómeno -ubicándolo en el lugar 17-, algo que en buena medida se debe a la violencia que han desatado grupos radicalizados en la Macrozona Sur, amparándose en causas indigenistas. Ello se ha traducido a lo largo de los años en la quema de predios, colegios, iglesias, ataques incendiarios a empresas forestales y quemas de camiones, hechos que además han cobrado numerosas víctimas fatales y heridos, generando un grave amedrentamiento sobre la población de la zona y desafiando frontalmente las capacidades del Estado.

Resulta de particular gravedad que sectores políticos -entre ellos quienes hoy detentan cargos de gobierno- durante mucho tiempo se negaran a reconocer en dichos actos su evidente carácter terrorista, y en cambio brindaran apoyo y comprensión a estas violentas actuaciones. Recién a fines de 2022 el gobierno del Presidente Boric abiertamente reconoció que en la zona han ocurrido actos terroristas, lo que marcó un claro giro en la aproximación hacia dicho fenómeno.

Cabe tener presente que desde mayo de 2022 que viene aplicándose en forma ininterrumpida el estado de excepción constitucional en La Araucanía y dos provincias del Biobío, un hecho que de por sí da cuenta de la gravedad de la situación que afecta a dicha zona. Pese a que en el último tiempo se ha registrado una disminución en los ataques, y se han logrado desarticular algunos de estos peligrosos grupos, la amenaza sigue latente, como quedó de manifiesto en recientes ataques registrados en Lautaro, Nueva Imperial y Lebu.

La tramitación de la nueva ley antiterrorista no resultó sencilla, y de hecho fue necesario zanjar en comisión mixta diferencias que surgieron entre la Cámara y el Senado sobre el IMSI catcher -una herramienta para rastrear e interceptar metadatos de dispositivos celulares- así como en la prórroga de competencias de jueces en ciertas causas, es decir, que el caso sea tratado en una zona distinta al que se perpetró el hecho terrorista. Pese a que finalmente el informe de dicha comisión fue aprobado por amplia mayoría, sectores del Frente Amplio así como el Partido Comunista siguen colocando cortapisas -incluso han anunciado una presentación ante el Tribunal Constitucional para objetar lo relativo al IMSI catcher, aun cuando no es claro que logren reunir las firmas suficientes-, donde una vez más han ido en contra de lo que promueve el propio gobierno y dejan al descubierto sus trancas para avanzar sin complejos en una agenda de seguridad.

La norma aprobada por el Congreso -y que forma parte de la agenda de seguridad que fue priorizada junto al Ejecutivo- contiene una serie de modernizaciones desde el punto de vista de la persecución penal, como sancionar a quienes forman parte de una asociación terrorista, por el solo hecho de participar en ella -también se contemplan sanciones para los llamados “lobos solitarios”; mejoras en la definición del delito terrorista para facilitar la aplicación de la ley; nuevas técnicas de investigación, o la posibilidad de que el fiscal pueda solicitar a la Corte Suprema el traslado de la causa a un tribunal de Santiago, en casos de alta complejidad.

Con este importante paso que se ha dado en el Congreso ya no habrá justificación para dejar de invocar una legislación especializada en materia de terrorismo, donde también cabe esperar que frente a este flagelo exista finalmente una sola mirada, sin ambigüedades.