Acuerdos migratorios con Bolivia

Acuerdos migratorios con Bolivia

Luego de extensas y sigilosas negociaciones, los gobiernos de Chile y Bolivia finalmente arribaron a tres acuerdos en materia migratoria, lo que ciertamente constituye un hito relevante en la relación bilateral de ambos países, algo que podría ser un paso para profundizar la agenda de integración.

De particular relevancia resulta el acuerdo relativo a la reconducción de migrantes irregulares, un aspecto que se había tornado particularmente crítico considerando el alto número de migrantes que cruzan desde Bolivia por pasos no habilitados, y la reticencia de las autoridades de dicho país a permitir la reconducción de personas no bolivianas -más del 90% de las solicitudes rechazadas-, transformándose en un foco de constante tensión fronteriza. Según ha explicado el gobierno de Chile, si Carabineros o el Ejército encuentran a un ciudadano boliviano o de un tercer país dentro de la zona de 10 km desde la frontera hacia el interior del territorio nacional, esta persona será derivada a personal de la PDI para que lo entregue a la policía boliviana y retorne a ese país, previo registro biométrico. Los otros dos acuerdos se refieren a controlar el delito de contrabando y la regulación del tránsito de personas que viven en localidades aledañas a la frontera.

Desde luego, será en la práctica  donde se podrá comprobar si el acuerdo de reconducción funciona con la fluidez que se espera, pero el que se haya alcanzado un entendimiento sobre este delicado aspecto es sin duda un avance, considerando que distintos actores han advertido que a raíz de la radicalización de la dictadura de Nicolás Maduro existe un alto riesgo de una nueva ola migratoria de venezolanos. En los flujos anteriores, precisamente una parte importante de ellos cruzó a Chile desde territorio boliviano. Este acuerdo, unido al despliegue de fuerzas militares en la frontera para labores de vigilancia, al menos entrega herramientas adicionales a las autoridades chilenas para intentar controlar de forma más efectiva el flujo irregular de migrantes.

La relación bilateral entre Chile y Bolivia ha estado marcada por una serie de tensiones, principalmente derivadas de la pretensión boliviana por lograr un acceso soberano al mar. En 1978 Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile -manteniéndose desde entonces a nivel consular-, lo que ha sido un obstáculo para impulsar agendas de integración más robustas. El gobierno de Evo Morales tuvo una actitud particularmente hostil hacia nuestro país, presentando incluso una demanda ante el Tribunal de La Haya para forzar a Chile a una negociación marítima, la que perdió rotundamente, y luego fue lo relativo al cauce del Silala, donde Morales también amenazó con demandar a Chile, pero nuestro país se adelantó y demandó primero, logrando en 2022 un fallo a su favor.

En entrevista con este medio, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo -quien jugó un rol fundamental en estos acuerdos- señaló que “primó la predisposición de hacer bien las cosas por parte del gobierno que encabeza nuestro presidente, Luis Arce, y la predisposición de tener buenas relaciones con todos los vecinos de Bolivia, y obviamente Chile no iba a ser la excepción”. Esto podría estar marcando un favorable cambio de actitud por parte del país vecino, lo que podría allanar el camino para avanzar en agendas más amplias -como la Hoja de Ruta, establecida en 2021-, que no queden supeditadas al tema marítimo.