Álvaro Jalaff recurre a la Corte Suprema para intentar salir de Capitán Yáber

En un nuevo intento por lograr la libertad de Álvaro Jalaff, exsocio de Grupo Patio, su abogado Hugo Rivera, quien encabeza su defensa en el marco del caso Factop-Audio, interpuso un recurso de apelación ante la Corte Suprema en contra de la resolución de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó su recurso de amparo.

Álvaro Jalaff enfrenta acusaciones por diversos delitos financieros y económicos. Se le imputa haber cometido fraude tributario mediante la presentación de declaraciones falsas, además de participar en maniobras irregulares en el mercado de valores. También se le investiga por lavado de dinero, por supuestamente ocultar el origen ilícito de ciertos fondos, y por soborno, debido a presuntos pagos a funcionarios públicos para obtener información privilegiada.

Uno de los cargos más graves que enfrenta Jalaff es su presunta participación en un esquema de soborno en el que se habrían realizado pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) a cambio de información confidencial. El caso involucra directamente a Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Cristian Mejías, quienes, según la acusación, habrían operado en conjunto para obtener datos fiscales sensibles.

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Según la resolución judicial, “los antecedentes expuestos daban cuenta de las conductas efectuadas por Mejías, a petición de los imputados Villalobos y Hermosilla, agregando que estos últimos actuaban por mandato de Álvaro Jalaff”.

El Ministerio Público sostiene que Jalaff no solo estaba al tanto de estos pagos, sino que “actuaba como mandante en la estructura delictiva”, lo que implica que Hermosilla y Villalobos habrían operado bajo sus instrucciones. En este sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago indicó que “existen presunciones fundadas respecto de la existencia del hecho punible”

Álvaro Jalaff permanece recluido en el penal Capitán Yáber desde el 4 de febrero, tras la decisión de la Corte de Apelaciones de acoger la apelación de la Fiscalía. La audiencia de formalización de cargos se llevó a cabo entre el 13 y el 23 de enero de 2025 en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, que inicialmente solo había dictado arraigo nacional y arresto domiciliario total en su contra.

Caja

En su apelación, la defensa de Álvaro Jalaff niega rotundamente que su cliente haya estado involucrado en el pago de sobornos y argumenta que la acusación en su contra se basa en una “construcción interpretativa errónea”, sin pruebas directas que lo vinculen con los hechos.

Uno de los puntos clave de la estrategia de defensa es que la famosa reunión donde se habló de una “caja negra” ocurrió después del supuesto pago de sobornos, lo que, a su juicio, demostraría que Jalaff no pudo haber consentido en la entrega de dinero a un funcionario público.

En el audio de la reunión del 22 de junio de 2023, los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos mencionan que ya había compromisos de pago pendientes con Cristian Mejías, ex funcionario del SII, desde abril de ese año. La defensa subraya que si ya existía un esquema de sobornos en funcionamiento, no tendría sentido que en la reunión recién se discutiera la posibilidad de sumar a Jalaff a la operación.

La defensa sostiene que la Corte de Apelaciones “dio por acreditada una relación de mando que no tiene sustento en la evidencia”, y que la supuesta participación de Jalaff se basa en interpretaciones erróneas de conversaciones y documentos. Además, destacan que la propia resolución del 4° Juzgado de Garantía de Santiago señaló que “no se presentaron antecedentes que permitan conectar ese mensaje con la acción desplegada por la coimputada, de modo que no se justificó la participación de Álvaro Jalaff en la acción de consentir en dar a un empleado público un beneficio económico en su provecho”.

El escrito resalta es que el Ministerio Público cambió su teoría del caso en el transcurso de la investigación. Inicialmente, se sostenía que Jalaff había participado activamente en los pagos, pero en la apelación se introdujo un nuevo argumento sobre una “intensificación de la conducta de soborno”, sin aportar nuevas pruebas que sustentaran esta hipótesis.

Fiscalía

Por su parte, el Ministerio Público ha defendido la medida de prisión preventiva, asegurando que Jalaff representa “un peligro para la seguridad de la sociedad”. Según la fiscalía, las pruebas presentadas muestran que existió una coordinación entre Jalaff, Hermosilla y Villalobos para pagar a Mejías con el fin de obtener información tributaria privilegiada.

Entre los antecedentes presentados por la fiscalía se mencionan “transferencias sospechosas, pagos en efectivo y comunicaciones entre los involucrados”, que demostrarían que Jalaff tenía conocimiento de los pagos y su finalidad. Según el Ministerio Público, “no se trata de una mera coincidencia, sino de una estrategia premeditada para asegurar protección ante una investigación fiscal”.

La fiscalía también argumenta que el hecho de que en la reunión del 22 de junio se discutiera la posibilidad de sumar a Jalaff no significa que no estuviera previamente involucrado. Aseguran que el contexto de la conversación “demuestra que ya había un esquema en marcha y que lo que se discutía era la posibilidad de ampliar su alcance”.