“Amenaza” de Seremi de Vivienda RM “alerta” y “molesta” a funcionarios de Estación Central

“Amenaza” de Seremi de Vivienda RM “alerta” y “molesta” a funcionarios de Estación Central

Una declaración en el Diario Financiero de la seremi metropolitana de Vivienda y Urbanismo, Carolina Casanova, generó “alerta” y “molestia” entre los funcionarios de la municipalidad de Estación Central por la amenaza implícita que podrían contener sus palabras.

A propósito de la urgencia de las inmobiliarias de que se aprueben a la brevedad los permisos para 4 edificios que ya están listos para ser habitados y que les falta la recepción final, Casanova señaló al citado medio que “no te puedo decir si se van a recepcionar o no, pero estamos buscando el camino que jurídicamente le dé certeza al director de obra. Lo que sí puedo decir es que si el director se desvía del camino, lo que me toca es denunciarlo a Contraloría”.

En el municipio se preguntan si la resolución de la autoridad técnica fuese claramente errónea, irregular o incompleta, ¿tiene la DOM la obligación de cumplirla bajo apercibimiento de sr denunciado?

La aseveración de Casanova viene luego de que se conociera, en distintos medios, que tanto los vecinos como el alcalde Felipe Muñoz, se resisten a que se “apuren” las autorizaciones por la presión que están haciendo sectores políticos y constructoras al ministerio que dirige Carlos Montes. Se desconoce, incluso, si las mismas llegaron hasta la máxima cabeza de cartera.

De hecho, Casanova se propuso resolver en 90 días una problemática que lleva 10 años y que ella misma calificó como “proyectos monstruosos”.  Cabe recordar que estas construcciones se permitieron durante el mandato del alcalde UDI, Rodrigo Delgado, luego ministro de Sebastián Piñera.

“La mayoría de estos lograron ser anulados, pero algunos sí se consolidaron. Lo que estamos haciendo es tomar este tema para buscar una solución. Tuvimos conversaciones con todos los actores y a partir de eso fuimos a Contraloría buscando esa certeza jurídica. Hay familias que han comprado estos departamentos y que están esperando su casa. Esto es una problemática que a todos nos interesa que tenga certeza de cómo salir adelante”, señaló la Seremi en el Diario Financiero.

Los proyectos cuestionados, que impactarían brutalmente en la zona, deben ser analizados a fondo por las autoridades municipales, una vez que la Seremi entregue las directrices de acuerdo con el dictamen de Contraloría. “Decir que te van a acusar al Contralor, sin hablar de plazos ni de razones técnicas, deja al director de la DOM en una situación muy vulnerable para realizar un trabajo que las inmobiliarias quieren que se apruebe a toda costa”, señalan en los pasillos del Municipio.

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Por eso, un grupo de vecinos y un equipo de abogados, prepara una batería legal para oponerse a cualquier decisión. El equipo de juristas argumenta que las inmobiliarias estaban al tanto del marco legal que debían cumplir. Sin embargo, ignoraron las restricciones y promovieron proyectos sin respetar las limitaciones de altura y agrupamiento. Ante esta situación, los abogados proponen llevar el caso a los tribunales mediante acciones de nulidad de derecho público y de certeza jurídica, instando a la justicia a resolver la legitimidad de las pretensiones de todos los involucrados.

Si bien la Seremi Casanova asegura que  en su repartición “no estamos buscando la felicidad de nadie”, las inmobiliarias están convencidas que tras el cotejo de los permisos y dado el intenso lobby realizado, se hará vista gorda si los permisos originales no se condicen con la obra final. “Ya lo han dicho algunos arquitectos, en Chile nunca se ha demolido una obra que se excedió en la construcción. Es un crimen sin castigo”, asegura un experto, agregando que por eso “su ocurrencia se multiplica”.

.“El gris de este camino se puso cuando hubo una modificación. Hay que ir a analizar el permiso original, para que no sea más permisivo de lo que se permitió” señala Casanova, a quien la apuran las inmobiliarias, los fondos de inversión que esperan sus departamentos para arrendarlos y el lobby parlamentario. Pero que también observan cientos de vecinos que deben convivir día a día con “esos proyectos monstruosos” .

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