Amplían denuncia contra Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por muertes en protestas contra su gobierno

Amplían denuncia contra Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por muertes en protestas contra su gobierno

Los firmantes buscan justicia en instancias internacionales para exigir responsabilidad ante la falta de avances en el sistema judicial peruano por las 49 muertes en protestas y los cientos de heridos. A dos años de las masacres, ninguna autoridad peruana ha sido procesada o llevada a juicio.

Un grupo de ciudadanos peruanos ha decidido dar un paso más en su búsqueda de justicia internacional. Según informó un comunicado firmado por diversas personalidades, el 27 de febrero de 2025 se presentó una ampliación de la denuncia contra la presidenta de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, y otras altas autoridades del gobierno peruano ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). La denuncia original, presentada el 20 de agosto de 2024, se centra en los hechos que resultaron en la muerte de 49 personas y al menos 344 heridos entre enero de 2022 y febrero de 2023.

De acuerdo con el documento, esta ampliación responde a la necesidad de incluir información adicional sobre los acontecimientos ocurridos en los últimos meses, así como sobre la situación actual de las víctimas. Los denunciantes argumentan que, hasta la fecha, no se ha procesado judicialmente a ningún responsable por los hechos denunciados, lo que consideran una grave omisión de justicia. Según el comunicado, esta actualización se realiza en estricto cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos.

Nuevos elementos y ausencia de justicia en Perú

El grupo de firmantes, entre los que se encuentran figuras como Walter Albán Peralta, Harold Forsyth, Marisol Pérez-Tello e Indira Huilca Flores, señala que desde agosto de 2024 han surgido nuevos elementos que refuerzan la denuncia. Según detallaron, estos hechos evidencian la conducta de las autoridades peruanas frente a los crímenes cometidos, destacando que hasta ahora no se ha llevado a juicio a ningún implicado ni se han presentado acusaciones formales ante el Poder Judicial.

El comunicado subraya que esta situación no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también pone en entredicho el compromiso del Estado peruano con los principios de justicia y derechos humanos. Los denunciantes consideran que la falta de acciones concretas por parte de las autoridades nacionales justifica la intervención de instancias internacionales como la CPI.

Propuesta para una Comisión de la Verdad

Además de la ampliación de la denuncia, los firmantes anunciaron su intención de promover la creación de una Comisión de la Verdad. Este organismo tendría como objetivo principal esclarecer la magnitud de los hechos ocurridos, identificar a todos los responsables y contribuir a la reparación integral de las víctimas. Según el comunicado, esta iniciativa cuenta con el respaldo de diversas organizaciones internacionales que comparten la preocupación por la falta de justicia en el caso.

La propuesta de una Comisión de la Verdad busca no solo documentar los hechos, sino también generar un espacio de memoria y reconciliación para la sociedad peruana. Los denunciantes consideran que este mecanismo es fundamental para garantizar que los crímenes denunciados no queden impunes y para evitar que se repitan en el futuro.

Firmantes de la denuncia

El documento presentado ante la CPI cuenta con la firma de un grupo diverso de personalidades peruanas, entre las que se encuentran exfuncionarios, activistas, académicos y defensores de derechos humanos. Entre los firmantes destacan nombres como Mesías Guevara Amasifuen, Mirtha Vásquez Chiquilín, Sonaly Tuesta, Antonio Maldonado, Cecilia Israel La Rosa, Francisco Eguiguren Praeli, Oswaldo de Rivero Barreto, Ricardo Giesecke Sara LaFosse, Pepi Patrón Costa, Carlos Rivera Paz, Eduardo González Viaña, Marisa Glave Remy, Patricia Paniagua Gutiérrez y Oscar Vidarte Arévalo.

Hechos denunciados

La denuncia presentada ante la CPI se centra en los hechos ocurridos entre enero de 2022 y febrero de 2023, un periodo marcado por intensas protestas sociales y enfrentamientos en diversas regiones del Perú. Según los denunciantes, la respuesta del gobierno peruano a estas manifestaciones resultó en un uso desproporcionado de la fuerza, lo que derivó en la muerte de 49 personas y dejó a más de 344 heridos.

Los firmantes consideran que estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que las autoridades peruanas, encabezadas por la presidenta Dina Boluarte, tienen responsabilidad directa en los mismos. La denuncia busca que la CPI investigue estos crímenes y determine las responsabilidades correspondientes.