Carlos Peña: “El poder político quiere siempre refugiarse en la esfera del secreto. Y la labor del periodismo es impedir que eso ocurra”

Acaba de dictar sus clases diarias. Carlos Peña, abogado y doctor en Filosofía, es profesor de Derecho en la Universidad de Chile y en la UDP, a la que dirige hace 20 años. En su oficina de rector, arropado por una multitud de libros, prepara sus ensayos, columnas y sus numerosas intervenciones públicas. Esta semana participó en el seminario La Ruta para el Crecimiento, organizado por Banco de Chile, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. También escribió una asertiva columna, La profesión indiscreta, a propósito de la controversia por la publicación de chats entre la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler y la expresidenta de la Cámara de Diputados Karol Cariola.

-Acá lo que llama la atención es que se rasgan vestiduras y se pone el grito en el cielo a propósito de este caso, cuando casos como este hemos visto muchas veces -dice.

En la edición del sábado pasado, La Tercera dio a conocer chats rescatados por la PDI del teléfono de la exalcaldesa, en el marco de la investigación por la frustrada compra de la Clínica Sierra Bella. Entre los contenidos más sensibles políticamente, la PDI recuperó conversaciones borradas donde ambas autoridades intercambiaban opiniones negativas sobre el gobierno (“es lo peor que nos ha pasado”), ministros y asesores (“despiadados, deshonestos, calculadores”) y sobre el propio Presidente.

Las revelaciones hacen visibles las tensiones y críticas soterradas del PC hacia el gobierno: transparentan su incomodidad y decepción con el rumbo que tomó la administración de Boric. También ofrecen una durísima visión humana del Mandatario y algunos de sus colaboradores desde la perspectiva de sus aliados políticos.

La publicación provocó fuerte molestia en el oficialismo y animó una intensa controversia. Parlamentarios y líderes políticos apuntaron contra el Ministerio Público por las filtraciones y contra este diario por la publicación. “Esto representa una grave vulneración a la intimidad sin ningún fundamento”, publicó la exalcaldesa. A su vez, la diputada lo calificó de “cahuín de poca monta”.

“Se ha filtrado una conversación de carácter privado, estrictamente privado, que no tiene ninguna relevancia penal”, dijo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. A su vez, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, fue más lejos al sugerir que tras las filtraciones podría haber “movimientos de platas”.

A diferencia de ellos, Carlos Peña defiende el interés público del contenido de los chats publicados.

-Basta leer con un mínimo de imparcialidad el contenido de esos chats para advertir que no se trata de intercambios privados en el sentido técnico de la expresión, porque no atingen a la subjetividad ni a la esfera de la intimidad protegida, sino que es un contenido de evidente interés público. Se trata de dos autoridades públicas, que evalúan la gestión del gobierno del que ambas forman parte, y esto me parece de evidente interés. Solo la parcialidad, el partidismo, el sectarismo ideológico podrían negar esto que es tan evidente.

Es más, en este caso, Peña sostiene que el periodismo está cumpliendo su deber.

-El poder político quiere siempre refugiarse en la esfera del secreto, lejos de los oídos y los ojos de la ciudadanía. Y la labor del periodismo es impedir que eso ocurra.

¿Qué piensa del revuelo que provocó la publicación?

Tal vez habría que llamar la atención acerca del siguiente hecho, y es que mientras en el caso de Hermosilla una divulgación desmesurada de mensajes de toda índole, y una búsqueda en las comunicaciones del abogado, indagando delitos, pero no delitos que se sabía ocurrieron, sino que sospechando que tenía que haber más delitos, esa actitud inquisitorial no causó quejas de nadie. Y, sin embargo, ahora se revela una información de interés público y la gente pone el grito en el cielo. Es evidente que hay un doble estándar y hay un error intelectual, que consiste en no juzgar con el mismo criterio ambas situaciones.

Para el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, solo debería publicarse lo que resulta penalmente relevante.

A propósito de una investigación penal, pueden revelarse los siguientes antecedentes: antecedentes relativos a la intimidad de las personas (su vida sexual, sus relaciones sentimentales, su vida familiar), todas aquellas cosas que están cubiertas por una cierta inmunidad que el Estado nos confiere, afortunadamente, en una sociedad liberal; puede haber antecedentes relativos al delito que se investiga y antecedentes de interés público de otra índole. Me parece que los medios de comunicación tienen vedado revelar cuestiones relativas a la intimidad, a la primera esfera, pero tienen el deber -subrayo-, el deber de revelar, hacer el análisis y poner a disposición del público todos los antecedentes relativos a las dos segundas cuestiones, o sea, al delito que se investiga y otros antecedentes que a propósito de ese delito sean de interés público.

¿Cómo se delimita el derecho a la privacidad?

El derecho a la privacidad es un derecho al secreto. O sea, que hay ciertas cosas cuya información manejemos solo nosotros y aquellos a quienes nosotros queramos revelarla. A eso lo llamamos esfera de la intimidad. La pregunta es, ¿cuáles cosas forman parte indudable de esa intimidad? Uno diría toda aquella información, todos aquellos enunciados que proferidos por la persona son consentidos, porque lo recibe en un intercambio libre y que no lesionan derechos de terceros que no han consentido en ello.

¿En este caso no se transgredió el derecho a la privacidad?

Para nada, pues el contenido de esa conversación es referido a un asunto que por definición nos importa a todos, o acaso no nos importa cuáles son las lealtades que sustentan o no a las fuerzas políticas que apoyan al gobierno, cuán sincera o no son las opiniones políticas vertidas por las altas autoridades del Congreso Nacional. ¿Cómo no nos va a importar eso? Ahora resulta que todo eso es privado. La privacidad atinge a todo aquello que configura mi individualidad: la orientación sexual de cada uno, los gustos que tiene, las personas a quienes les confiere afecto, los intercambios comunicativos que a propósito de eso hacen. Pero las opiniones respecto de la cuestión pública, evidentemente no son privadas atendidos sus contenidos.

El gobernador Orrego deslizó una sospecha injuriosa: se preguntó si alguien estaba pagando por las filtraciones.

Me parece incomprensible esa declaración de Orrego, realmente. O sea, es no comprender el rol de los medios. El papel de los medios de comunicación masivos es la búsqueda de información acerca de todos los aspectos relevantes para la vida que tenemos en común. Y esa búsqueda de información, los medios de comunicación la efectúan por medios lícitos. Pretender que los periodistas andan comprando información es una ofensa que no tiene ninguna justificación, salvo que uno piense que fue un exabrupto de Orrego y por el cual yo supongo pedirá disculpas.

El fiscal nacional dijo que las filtraciones respondían a un tema estructural, ¿está de acuerdo?

Por supuesto, es un problema estructural que es consustancial a este tipo de procesos penales. Cuando el Ministerio Público lleva adelante una investigación, la lleva en secreto. Pero llega un momento en que para conferir derecho a defensa a aquellos sujetos concernidos por la investigación, está obligado a revelarles a ellos esa información. Y en ese momento, el Ministerio Público pierde el control de la información. Ahora, podríamos evitar las filtraciones, por ejemplo, si estableciéramos un deber de secreto total del Ministerio Público hasta el momento del juicio oral. ¿Pero qué sería eso? Sería atentar contra el debido proceso. Entonces estas filtraciones son un costo, un riesgo razonable para sostener el tipo de procedimiento penal que tenemos y el derecho a la defensa de las partes. Y alguna gente está reaccionando frente a eso como poco menos que se hubiera revelado el diario de vida de alguien. ¿Qué tontería es esto?

El interés público

Desde el caso Lavandero al fraude de las licencias médicas, Carlos Peña recuerda numerosos casos conocidos gracias al ejercicio periodístico. “O sea, le debemos mucho al periodismo. El caso Watergate, los papeles del Pentágono. Entonces no nos quejemos. Gracias a eso evitamos que la audiencia sea engañada, intimidada por quienes logran monopolizar a veces la información gracias al poder que detentan”, dice.

En el contexto actual, ¿qué rol les asigna hoy a los medios de comunicación?

El rol de los medios de comunicación es imprescindible, sobre todo en momentos en que por el cambio en la infraestructura de la comunicación humana, digamos las redes, hoy lo que hay es una proliferación de informaciones de baja monta, de baja calidad, plagadas de mentiras, mal escritas, en general leídas bajo el sesgo de confirmación, donde las personas confirman sus prejuicios en vez de intentar descubrir lo que ha ocurrido. En ese mare magnum, los medios de comunicación se han hecho más imprescindibles que nunca, porque gracias a la profesión periodística y al deber de los periodistas de buscar información, las audiencias pueden acceder a un tipo de información de más alta calidad, a cuya luz pueden luego verificar si aquello que inunda las redes merece confiabilidad o no. Si por un momento imaginamos que los medios de comunicación masivos -La Tercera, El Mercurio, para nombrar dos diarios- desaparecieran, o las televisoras se transformaran en puros mecanismos de entretención, imagínense por un momento lo que sería eso. Estaríamos expuestos a la total manipulación, condenados a elegir entre la ceguera total o sumirnos en la tontería de las redes, en la estupidez convertida en práctica cotidiana por parte de las personas.

En último término, las filtraciones y la publicación por parte del periodismo, ¿no suponen una restricción a la libertad individual?

Yo creo que si uno mira esto en abstracto y se imagina, por un momento, un mundo donde todo lo que pensamos, decimos, soñamos, escribimos, hablamos, se haga público, por supuesto es un infierno. Pero, perdón, no estamos en presencia de ese infierno. El problema que tenemos no es que nuestra intimidad esté expuesta. El problema que tenemos, más bien, es que la información a la que accedemos está restringida. El mundo de hoy, más bien, es el mundo donde nuestro principal problema es cómo hacer el escrutinio de quienes adoptan decisiones públicas, cómo evitar el engaño de quienes ejercen el poder. El deber del periodismo es divulgar informaciones de interés público. Ahora la pregunta es, ¿quién decide qué informaciones son de interés público? La única respuesta posible es el propio periodismo, mediante el ejercicio de su propia discreción, de su propio discernimiento en medios de comunicación responsables, como son, por lo demás, los periódicos en Chile. A ellos les corresponde discernir qué es de interés público y qué, en cambio, no lo es. Porque la alternativa de entregar a una autoridad para que ella ex ante decida qué es de interés público y qué no, eso sí sería un infierno.

Y agrega un mensaje para los políticos:

-Estar en política supone inevitablemente ponerse bajo la luz del periodismo y ser objeto de interés del conjunto de la ciudadanía. Esa es la servidumbre del poder. El poder tiene muchos privilegios. Y tiene una gran servidumbre, gracias a los periodistas, la exposición eventual de lo que piensan o dicen respecto de asuntos de interés público y que les interesa ocultar, exponerla y puesta a la vista de todos. Es la servidumbre, como decía un autor francés, con cierta ironía, pero no se queje, esta es la servidumbre a que obliga la grandeza.