Caso Australis: Fiscalía formaliza a Isidoro Quiroga y cifra en US$ 620 millones el perjuicio para Joyvio

La Fiscalía formaló este miércoles al del ex dueño de Australis Seafoods, Isidoro Quiroga, quien junto a los exejecutivos de la misma empresa, Martín Guiloff y Santiago Garretón, son acusados por el Ministerio Público por los presuntos delitos de estafa y administración desleal en la compraventa de la salmonera, en US$ 921 millones, a la china Joyvio.

La audiencia comenzó a las 9:30 horas y terminó a las 12:30 horas. En el inicio la magistrada Cecilia Villanueva, del Cuarto Juzgado de Garantía consultó a las partes si tenían objeciones respecto a la presencia de medios de comunicación. Tras un breve intercambio, la jueza autorizó el ingreso de la prensa, pero únicamente permitió la presencia de periodistas, excluyendo cámaras fotográficas y de video.

Al concluir la audiencia de formalización, en la sala 101 del Edificio D del Centro de Justicia, y a petición de la Fiscalía, el tribunal decretó un plazo de investigación de 180 días y ordenó la medida cautelar de arraigo nacional y firma cada tres meses para Isidoro Quiroga, en la comisaría de La Reina. La misma medida se impuso para Santiago Garretón, con firma en Puerto Varas. En caso de pedir autorización para salir del país, deberán pagar una fianza de $10 millones, informando fecha de salida y entrada. Para Santiago Guiloff, quien vive en España, deberá firmar en el consulado de Chile mes por medio.

Para la formalización, la Fiscalía presentó una minuta de 59 páginas en la que detalla las maniobras presuntamente ejecutadas por el empresario chileno durante el proceso de venta de la empresa en 2018.

La fiscal Constanza Encina inició la lectura del documento ante la magistrada Cecilia Villanueva, denunciando las “maniobras” realizadas por la administración encabezada por Quiroga, las cuales, según el Ministerio Público, culminaron en una venta fraudulenta.

Isidoro Quiroga cuenta con la defensa de los abogados Cristóbal Eyzaguirre y Alex Van Weezel, de Claro & Cia. y el penalista Juan Domingo Acosta. Por su parte, Australis y Joyvio están representadas por los abogados Gabriel Zaliasnik, César Ramos y Alberto Eguiguren.

Detalles del caso Australis

Durante la audiencia de formalización, la fiscal Constanza Encina presentó una minuta de 59 páginas en la que se detalla cómo los imputados Isidoro Quiroga, Martín Guiloff y Santiago Garretón habrían ejecutado un plan fraudulento para inflar artificialmente el valor de Australis Seafoods.

Según el documento, los imputados implementaron un “plan de sobreproducción sostenida en el tiempo respecto de la mayoría de los centros productivos de Australis”. Este esquema permitió que la empresa alcanzara una producción total de 329.670 toneladas entre 2018 y 2022, excediendo en 98.288 toneladas el límite máximo permitido de 231.381,8 toneladas establecido por las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

La fiscalía resumió así la acusación: “Valor patrimonial irreal y artificialmente fue abultado por una situación productiva sostenida en el incumplimiento reiterado a los niveles máximos de producción autorizados por la legislación ambiental; y que no contemplaba la real estructura de costos y contingencias legales que escondía la compañía, y que debería necesariamente enfrentar una vez que fuera descubierta la situación por la entidad fiscalizadora ambiental”, explicó.

La Fiscalía acusa que lo anterior fue planificado y ejecutado dolosamente por los imputados con el objeto de aumentar ficticiamente el valor de la compañía y aparentar una capacidad mayor de producción y rentabilidad, con total indiferencia frente a las consecuencias medioambientales y sancionatorias que aquello podría acarrear, perjudicando con ello a Joyvio y a la propia compañía.

Contrato de promesa de compraventa con Joyvio

La Fiscalía argumentó que en el contrato de promesa de compraventa firmado el 18 de noviembre de 2018, los imputados aseguraron falsamente que Australis cumplía con la normativa ambiental y que contaba con todos los permisos requeridos.

En específico, en la Cláusula 4.2 del contrato se daba cuenta de un supuesto “estricto cumplimiento de la normativa ambiental y el funcionamiento debidamente autorizado de las concesiones acuícolas en todas sus etapas”, y en donde además se informa que la sociedad y las subsidiarias de la sociedad, tienen todos los permisos ambientales exigidos para desarrollar la actividad comercial y desde el 1 de enero de 2015 cumplen, en todos los aspectos importantes, con la totalidad de dichos permisos ambientales, los cuales se encuentran en plena vigencia, y ninguna suspensión, cancelación ni revocación de dichos permisos esté pendiente o amenazada”.

Manipulación y Ocultamiento de Información

El documento también sostiene que durante el proceso de due diligence, los imputados tomaron medidas deliberadas para ocultar las irregularidades a Joyvio.

“En diciembre de 2018, los compradores solicitaron a los imputados la información correspondiente a la situación pasada, actual y proyectada de las concesiones asociadas al plan productivo, frente a lo cual, el imputado Santiago Garretón le representó al gerente general, Ricardo Misraji, que de entregarse las proyecciones reales de producción quedaría claro el ‘tema del exceso de los proyectos, proponiéndose otras alternativas de respuesta’”, consignó la minuta.

Además, la Fiscalía expone que los imputados entregaron a los compradores un documento denominado Schedule, que “reflejaba únicamente la biomasa existente en el agua en dicho momento en un centro de producción determinado, sin considerar la biomasa ya cosechada, y, aquella que de acuerdo al plan productivo se proyectaba cosechar al final de cada ciclo, y cuyos totales reflejarían manifiestamente, el incumplimiento grave - en casi la totalidad de los centros de engorda – del límite máximo de biomasa autorizada por la respectiva resolución de calificación ambiental. Esto implicaba que “la información proporcionada a los compradores era incompleta y parcializada, sin reflejar ni evidenciar la gravedad y magnitud de la contingencia sancionatoria que mantenía en ese momento la empresa”, dice la minuta.

Impacto económico y ambiental

El impacto económico del esquema fraudulento fue significativo. Según el Ministerio Público, el valor de compraventa de Australis fue calculado en US$ 921 millones, basado en un plan productivo a largo plazo que excedía los límites establecidos por las RCA. Sin embargo, el valor real de la compañía, ajustado por las capacidades productivas permitidas, era de solo US$ 299 millones. “En consecuencia, la disposición patrimonial perjudicial ocasionada a Joyvio asciende, a lo menos, a US$ 620.511.496″, dice la Fiscalía.

En cuanto al impacto ambiental, la sobreproducción masiva tuvo graves consecuencias, sostiene la fiscalía. Un ejemplo destacado por la Fiscalía es el Centro Costa, donde se registró una sobreproducción del 53,6% en 2016, lo que llevó a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a formular cargos contra Australis. Esta situación, según la Fiscalía, fue parte de un patrón recurrente de infracciones en la mayoría de los centros productivos de la compañía.

Para la Fiscalía, las acciones desplegadas por los imputados comprometieron y socavaron el patrimonio de Australis. Estas conductas, orientadas a sobreproducir en abierta infracción a la normativa y autorizaciones medioambientales, generaron consecuencias directas, como la necesidad de asumir: (i) pagos significativos por multas aplicadas, (ii) la implementación de planes de cumplimiento ambiental y (iii) la reducción de la producción para ajustarse a la normativa previamente incumplida.

Como resultado, los imputados causaron un perjuicio patrimonial estimado en US$ 140.396.754, equivalente a $133.177.552.909 según el cálculo realizado por la consultora económica FK Economics en agosto de 2024, dice la minuta de la formalización.

Reacciones

Al finalizar la audiencia, la Fiscalía anunció que debe determinar si ampliará la investigación por posibles delitos ambientales y violaciones a la Ley del Mercado de Valores.

Alberto Eguiguren, abogado querellante explicó: “Estamos satisfechos y tranquilos con la contundencia de la presentación de la Fiscalía. Se constató, con esto, que se engañó a nuestro cliente y al mercado con una serie de mentiras, maniobras fraudulentas e información falsa, consecuencia directa de las cuales se dio a Australis un valor irreal y abultado y se pagó un sobreprecio de más de 620 millones. Con esto, la narrativa de Isidoro Quiroga de que esta sería una estrategia extorsiva muere definitivamente por falsa y francamente absurda y se demuestra de una vez y por todas al mercado en general y a los inversionistas extranjeros que en Chile las instituciones funcionan y que este tipo de delitos no serán tolerados”.

Gabriel Zaliasnik, abogado querellante, señaló: “Queremos que el señor Quiroga y todos los copartícipes de este delito sean condenados por la justicia chilena y enfrenten penas de cárcel, no sanciones anticipadas, provisionales o momentáneas, como podría ocurrir en un caso como este. En cuanto a las acusaciones de maniobras extorsivas, creo que ahora deberían lavarse la boca con esas palabras. Si nuestra intención hubiera sido llevar a cabo una extorsión, hoy estaríamos discutiendo las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía”.

Alex van Weezel, abogado defensor de Quiroga sostuvo que “Ahora debemos estudiar en profundidad la formalización y preparar una solicitud que ya anunciamos: plantear al tribunal la posibilidad de concluir la causa de manera anticipada”.

“Seguimos considerando que la causa carece de fundamento. Aquí se imputa un delito de estafa donde, supuestamente, el engaño habría consistido en el ocultamiento de información productiva de la compañía. Esto no solo contradice el sentido común, sino que además simplemente no ocurrió”.

“Para que exista estafa, debe haber un engaño, y este requiere una maniobra engañosa. Aquí se argumenta que esa maniobra consistió en el ocultamiento de información productiva de la compañía. Sin embargo, dicha información no solo no se ocultó, sino que es imposible ocultarla. Los datos sobre cuánto, cómo y cuándo se produce son de acceso público y comenzaron a entregarse consistentemente desde abril de 2018 hasta la firma del contrato”, concluyó.