CEO de Enel Chile y revisión de concesión: “Estamos tranquilos y confiados en que las cosas se van a solucionar lo más pronto posible”

Enel Chile vivió este jueves su Investor Day 2024, un evento anual en el que actualizó su estrategia en el país para el próximo trienio, reduciendo su inversión futura (Capex o capital expenditure) en 28%, hasta los US$1.400 millones. El nuevo plan destinará US$800 millones para desarrollo de proyectos de generación, principalmente enfocados en sistemas de almacenamiento de energía en baterías, denominados BESS. El plan busca agregar 600 MW en capacidad, de los cuales 500 MW provendrán de esa tecnología.

Pero si la tendencia es a la baja en el negocio de la generación, en distribución es al revés. Entre 2025 y 2027, la firma prevé que su capex pase de US$ 300 millones a US$ 400 millones, donde un tercio del plan será destinado a la gestión de la red eléctrica.

El área de distribución ha sido en un dolor de cabeza para la firma de capitales italianos desde inicios de agosto, cuando los extensos cortes de luz afectaron su operación en la Región Metropolitana en medio de una inusual tormenta de lluvia y vientos huracanados. El evento mantiene en vilo su concesión, luego que el gobierno pusiera en marcha la revisión de su contrato.

Sin embargo, en conferencia de prensa tras el evento, el gerente general de Enel Chile, Giuseppe Turcharelli, se tomó un tiempo para aclarar que “el proceso de cese de la concesión no ha comenzado”, ya que aún está en confección el informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para determinar si concurren las causales para caducar el contrato a la distribuidora. Según comentó, el fiscalizador ordenó una auditoría externa, encargada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), para recabar antecedentes.

“Nosotros estamos tranquilos y confiados de que la cosa se va a solucionar, esperamos lo más pronto posible”, señaló Turcharelli, y detalló que “imaginamos el cierre de la auditoría entre la primera y la segunda mitad de enero. Eso es lo más probable, y después la SEC decidirá cómo tomar en cuenta esta auditoría y emitirá su informe. Una vez que lo emite, el ministro de Energía evaluará si tiene sentido pasarlo al Presidente de la República, y el Presidente de la República decidirá si es suficiente para iniciar ese proceso”.

Consultado sobre cómo evalúa la voluntad política para poner en marcha el proceso, Turcharelli dijo que “evidentemente el gobierno tiene su interés y quiere entender cómo la compañía ha trabajado en este momento de evento climático. Por otro lado, nosotros estamos confiados en que hemos hecho las cosas de la manera correcta, y que todo está relacionado a este evento de fuerza mayor”. Aquella misma argumentación ha empleado la empresa en recursos judiciales y administrativos contra decisiones de la SEC.

El gerente general enfatizó que “no es la primera vez que hemos tenido un evento climático, pero de esa magnitud sí”, por lo que pidió tener dicha circunstancia en cuenta. “La ley es bastante clara. Si hay un evento de fuerza mayor, evidentemente, cualquier compañía difícilmente puede gestionar este evento. Entonces, nosotros estamos tranquilos de poder defender nuestra posición. Después, la voluntad política será la que será”, señaló.

En todo caso, Turchiarelli descartó que exista una intencionalidad política detrás del proceso.

“Como Enel Chile tenemos una relación bastante frecuente con el ministro de Energía y la relación es obviamente cordial, y bien colaboradora. Desde ese punto de vista no veo ningún tema. (...) Yo creo que las cosas se van a solucionar y no puedo creer que haya algo específico contra una compañía como Enel. Apenas se solucione el tema de la auditoría, las cosas se van a aclarar sobre hechos y no sobre declaraciones, y se regresará a una situación de normalidad”, indicó.

Subsidio eléctrico

En otra de las discusiones que ocupan al sector, el CEO de Enel Chile también se dio espacio para criticar el proyecto que amplía el subsidio eléctrico por medio de tres fuentes de financiamiento: la mayor recaudación de IVA originada por las alzas en las cuentas de la luz; una sobretasa temporal al impuesto que grava las emisiones de CO2; y el denominado “pilar PMGD”, alusivo a los Pequeños Medios de Generación Distribuida.

En esa línea, Turchiarelli lamentó el efecto que tienen para su firma las últimas dos medidas, ya que la firma paga actualmente cerca de US$15 millones por el impuesto a las emisiones, por lo que “otros US$5 por tonelada de CO2 significa otros US$15 millones, entonces es un gasto importante para nosotros”.

A ello sumó críticas al pilar PMGD, donde dijo “tenemos bastante poco, algo así como 86 MW”, pero cuestionó más el concepto detrás de la medida.

Otro importante factor que preocupa a Enel es la denominada “bolsa pyme”, medida que busca que una parte de los clientes regulados pueda comprar energía de manera directa a los PMGD, a un precio preferente. Turcharelli calificó la medida como “un gran problema” que “está poniendo en riesgo la certeza de los acuerdos y de los contratos”.

“Creo que se tiene que encontrar otra forma para encontrar el subsidio para los más vulnerables. (...) Son siempre las compañías privadas las que ponen la plata, ¡hasta cuándo!”, espetó.

Reforma a la distribución

Turchiarelli también detalló las conversaciones que han sostenido con el gobierno para impulsar la reforma a la distribución, como una manera de abordar las mejoras en calidad de servicio para los clientes y para responder a los desafíos del cambio climático y los eventos extremos.

“El problema verdadero es que estos eventos se van a repetir. Es un hecho, y no es que cambiando el operador de la red cambie el cambio climático”, señaló.

En esa línea, afirmó que el diálogo con el Ejecutivo para una reforma a la distribución comenzó antes de los eventos de agosto, pero desde entonces el trabajo se realiza a través del gremio, Empresas Eléctricas AG, para impulsar una ley corta que permita identificar cierto tipo de inversiones que permitan tomar medidas en forma más rápida.

“Nosotros estamos más interesados en medición inteligente y en Capex de resiliencia, otra distribuidora puede estar interesada en soterramiento y resiliencia; cada distribuidora tiene obviamente su característica”, comentó.

Y aunque aseguró que existe “cierta disponibilidad” para avanzar en esa línea desde el Ejecutivo, indicó que “para que se pueda en alguna manera gestionar eventos de este tipo, se tiene o sí o sí que aprobar esta ley corta, que evidentemente está fuera de la empresa de modelo”.

Según detalló, la propuesta consiste en que las compañías propongan un plan de inversiones y que la autoridad decida cuál ejecutar, permitiendo que la inversión sea remunerada una vez terminada su construcción, pero en plazos que consideren la vida útil de los proyectos, más allá del proceso tarifario para la distribución eléctrica, de cuatro años. “Una inversión que tiene una vida útil de 20 años, tendría que ser remunerada en 20 años (...) Esta cosa evidentemente es un gran problema para la compañía, para todas las compañías”, enfatizó.