Christian Alveal, exdirector de Gendarmería: “En Chile no estamos teniendo el control de todo lo que ocurre dentro de una cárcel y eso es por la corrupción”
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Christian Alveal, exdirector de Gendarmería: “En Chile no estamos teniendo el control de todo lo que ocurre dentro de una cárcel y eso es por la corrupción”
El caso ocurrido el lunes en la cárcel de Concepción, donde un reo decapitó a otro en medio de un presunto episodio de desequilibrio mental, trajo varios recuerdos a la memoria del exdirector de Gendarmería Christian Alveal.
Uno de ellos ocurrido en 1993, cuando un interno, identificado como Carlos Tapia, llegó hasta la cárcel tras haber dado muerte a su padre con una escopeta, en Coronel, Región del Biobío. Según el relato de la época, el sujeto recibió “una orden” para mandar a su padre “al cielo” por agredir a su mamá. Se trataba de un imputado esquizofrénico que debía estar bajo medicación en su estadía en prisión. “Estaba vestido con una sábana como un tipo musulmán. Porque él, en su cabeza, era un siervo de Dios”, recuerda Alveal en conversación con La Tercera.
En un momento dado, el imputado decidió no tomar las pastillas y salir de la cárcel a “ver a su madre”, por lo que los gendarmes debieron intervenir. Les dijo, “voy a salir y vuelo”. “No podíamos contenerlo entre seis funcionarios, incluyéndome. No éramos capaces de reducirlo después que le abrimos la celda para entregarle el medicamento. Se nos vino encima. Y entre seis no éramos capaces de contenerlo”, comenta la exautoridad.
Es por eso que para quien fuera el jefe Gendarmería entre 2018 y 2022, lo ocurrido en el penal de Concepción es probable que se repita.
¿Por qué ocurre una situación como la de Concepción? ¿Qué falló?
Es lo mismo que ocurrió la semana pasada con un interno en la cárcel de Puerto Montt, donde durante la noche un interno agrede a otro con un arma blanca, le propina más de 100 heridas cortopunzantes. Esto constata la falta de una política de salud mental, que ha sido un problema histórico con los hospitales psiquiátricos. Gendarmería ha tenido reuniones, me tocó participar en reuniones en su minuto. Frente a ese hecho, créanme que resulta bastante complejo que los hospitales psiquiátricos no reciban a estas personas aduciendo no tener plazas disponibles, no tener cupos hospitalarios. Entonces, Gendarmería, que no tiene ni los especialistas, ni la infraestructura, ni la especialidad, tiene que hacerse cargo de estas personas. Y créanme que, más allá del problema de cupos, que puede ser totalmente efectivo, también hay un reconocimiento de ellos, como hospitales psiquiátricos, de que los internos que están privados de libertad, por tener un pasado delictual, son más peligrosos que aquellos que no lo han tenido. Y, en consecuencia, para ellos también es un problema mantenerlos en los hospitales psiquiátricos pese a que estén medicados. Entonces, es un problemón que se tiene que discutir a la brevedad para llegar a buen puerto, porque esto no resiste mayor análisis ni seguir dilatando algo que es evidente que no se puede reducir a un riesgo manejable. Yo creo que esto es altamente probable que siga ocurriendo.
Y si esto es una problemática de larga data, ¿qué falta?
Que acá se genere una política pública de salud mental para privados de libertad, de tal manera que tengan, dado el riesgo que corren ellos y también terceros en cárceles, una suerte de prioridad, porque la conducta de ellos es violenta. Y créanme que en contextos carcelarios eso se agrava, se exacerba. Entonces, no es una responsabilidad de Gendarmería estos hechos. No digo que no exista, estoy diciendo que no sería responsabilidad de Gendarmería directa, toda vez que no tiene ni los especialistas para tratar. Los gendarmes no tienen formación en salud mental. Hay paramédicos, pero tampoco las tienen. Y usted sabe que un médico que pueda hacerse cargo de esto son psiquiatras y Gendarmería no tiene psiquiatras. Entonces esto requiere una política de salud, de la red de salud pública, focalizada en poder atender a personas que estén privadas de libertad.
En una entrevista con El Mercurio, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que “Gendarmería tiene el control efectivo de todas las cárceles del país”. Lo repitió incluso después de ocurrido el caso de Concepción. ¿Qué piensa de esa frase?
Cuando tú tienes más de 24.000 teléfonos que ingresan de manera irregular a las cárceles. Una tonelada de droga que se requisa, y que se reconoce que es el 20% que tú puedes requisar como máximo. Cada allanamiento que se hace en Gendarmería aparecen los pañitos verdes, la cantidad de celulares, armas blancas, alcohol, droga. Entonces, cuando eso ocurre, en la cantidad que está ocurriendo, eso es un síntoma de que algo no está funcionando bien. Y entonces, cuando tú le das normalidad a lo que es evidentemente anormal, yo creo que no estamos bien. En Chile, no estamos teniendo el control de todo lo que ocurre dentro de una cárcel y eso es por la corrupción. Es más, ni siquiera tenemos el control sobre los elementos prohibidos que anualmente se declaran como requisados. Y eso es síntoma de una enfermedad que se llama corrupción.
Entonces, cuando señalamos e insistimos que tenemos el control total de las cárceles, es muy parecido a cuando señalábamos que Chile no era un país consumidor de drogas. Entonces, lo negamos tanto tiempo que al final quizás la política pública que se pudo haber impulsado no se hizo, porque nosotros mismos declarábamos que no teníamos problemas de drogas en Chile. Entonces, estas afirmaciones de que tenemos el control total de las cárceles me suena más bien a un discurso políticamente correcto, porque ellos saben que están perdiendo el control. En Chile todavía estamos a tiempo, pero no podemos tener estos discursos medio buenistas.
¿Usted ve que hay voluntad de parte del gobierno con respecto al tema carcelario?
Yo creo que en la práctica no, porque los presupuestos desde el 2022, 2023, 2024 y el proyecto para el año siguiente no se traducen con lo que ellos declaran. Nosotros tuvimos la pandemia y pese a eso, tecnificamos cárceles. Desocupamos la Cárcel de Máxima Seguridad para tener justamente internos que podían ingresar con un perfil criminal complejo. Entonces, los discursos de que ‘vamos a avanzar hacia una lógica de fortalecer la institucionalidad y que vamos a hacer frente al estilo organizado’, lo que yo aplaudo, pero bueno, ¿se traduce en objetivamente mayor recurso? No. Usted sabe que cualquier política sin financiamiento es verborrea.
Usted trabajó en el plan de cárceles que Evelyn Matthei presentó este lunes. ¿Cuáles son los ejes de ese proyecto?
Primero que todo, de acuerdo a los datos duros, lo que se determina es que el crecimiento de la población penal de aquí al 2030 va a ser de un 70% de hacinamiento. Esta propuesta tiene tres grandes hitos. Primero, se determina construir 13.090 nuevas plazas en cárceles ya existentes. Después, la necesidad de construir cinco cárceles cuya capacidad total sea de 19.000 internos. Esas cárceles, la probabilidad es que se inicien al menos durante el gobierno de, eventualmente, Evelyn Matthei. En total sumamos 32.090 nuevas plazas, de las cuales el 5%, vale decir 1.600, estarían para justamente albergar a sujetos de alto compromiso delictual vinculados al crimen organizado al narcotráfico.
Por último, le pregunto ¿qué pasó con Carlos Tapia?
Ocurrió una anécdota. Años después, yo estoy comprando pan en una panadería, él ya estaba en libertad, me toca en el hombro y me dice, “papito”, y me doy vuelta y era él. Y claro, mi reacción fue un poco a la defensiva, entonces me dijo, “papito, no se preocupe, si yo estoy bien. Estoy bien, papito, gracias”. Y me saludó y se fue.
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