Citar a Fernández y Sandoval a Comisión de Cultura: idea suma apoyos en la oposición y divide opiniones en el oficialismo

Citar a Fernández y Sandoval a Comisión de Cultura: idea suma apoyos en la oposición y divide opiniones en el oficialismo

En la víspera de Año Nuevo, el gobierno comunicó que concretaría la compra de las casas de los expresidentes Patricio Aylwin (DC) y Salvador Allende (PS) para convertirlas en museos.

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Sin embargo, a la fecha, solo una de las iniciativas se mantiene en pie, ya que el Ejecutivo desistió de continuar con el proceso de compra de una de las viviendas de Allende. “Consideramos que en la actual condición de la comunidad de herederos de la familia Allende, no podemos continuar con la adquisición de esta residencia”, explicó ayer la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (FA).

Y es que de haberse concretado la compra por $ 933 millones del inmueble que alguna vez perteneció al mandatario socialista, una de las destinatarias del dinero sería la actual ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), una de las propietarias de la vivienda en su calidad de nieta de Allende. Este último aspecto, advirtieron conocedores del tema, sería inconstitucional, debido a que la carta magna establece que durante el ejercicio de su cargo los ministros están sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado.

Pese a que esta jornada, el Presidente Gabriel Boric descartó que faltas a la probidad en la adquisición fallida, integrantes de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputadas se han mostrado a favor de citar a la ministra Fernández y a su par de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval para que expliquen por qué en un principio se decidió llevar a cabo la compra, pese al vínculo de la secretaria de Estado con el exmandatario.

Uno de los primeros en postular la idea esta jornada fue el diputado integrante de la comisión Eduardo Durán (RN): “No basta que el gobierno haya echado pie atrás en la compra de la casa de una ministra. Aquí las ministras de Defensa y de Bienes Nacionales deben ir a la comisión de Cultura a explicar por qué quisieron hacer una compra que estaba al margen de la ley. Porque acá, lo que da la impresión, es que hubo un intento de pasar gato por liebre. Hoy, en un país con una deuda fiscal inmensa, no hay espacio para favores familiares”.

La propuesta de Durán encontró respaldo en la oposición y en algunos sectores del oficialismo que integran la comisión de Cultura y que fueron consultados por La Tercera para este artículo.

La presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, consideró que “es prudente que se cite a ambas ministras para que den las excusas del caso y respondan a todas las preguntas que existen al respecto porque estuvieron cerca de cometer un error grave, incluso reñido por ley, por lo que es una situación que no puede quedar sin sanción para los responsables”.

“Alguien debe asumir, no se puede hacer como que no pasó nada. Desde el gobierno dieron pie atrás sólo porque se puso el grito en el cielo y ahí recién cuestionaron el procedimiento y se percataron de que la Constitución no permitía esta compra, sino capaz ahora estaríamos contando otra historia y con más de 900 millones de pesos mal utilizados”, añadió.

El diputado Hotuiti Teao (Ind.-Evópoli) tildó como positivo invitar a las secretarias de Estado a la comisión y aseguró que “independientemente de que se haya retractado el proceso, como entes fiscalizadores no sólo del actuar de organismos del Estado, sino que también como guardianes del correcto uso de los recursos públicos, debemos investigar cualquier irregularidad o intención de ello, ya sea voluntaria o por mera negligencia”.

Asimismo, la diputada Viviana Delgado (Ind.), quien pertenece al comité mixto Radical-Liberal, calificó la fallida adquisición como “una falta de criterio” y sostuvo que “jamás fue una necesidad prioritaria gastar ese dinero. Las necesidades en cultura son otras. Aunque haya sido a precio fiscal. Tenemos activos culturales como el Bafona que pasan por una precaria condición y no cuentan con mil millones de pesos en presupuesto para mejorar sus necesidades. Además, siempre se vio como improcedente, sin chequeo legal. También habíamos anunciado que solicitaríamos que las ministras den cuenta de esto en comisión”.

A su vez, el diputado Sebastián Videla (Ind.) -compañero de Delgado en el citado comité- se mostró a favor de solicitar la concurrencia de las secretarias de Estado. “Todo lo que sea transparentar estos, entre comillas, errores técnicos, creo que es conveniente. No solamente a una ministra, sino que a todo lo que sea necesario para esclarecer esta grave situación. La gente pide transparencia y eso es lo que debemos hacer como Comisión de Cultura (...) Me preocupa que frecuentemente se pase por alto la falta de rigurosidad administrativa como un simple error técnico, cuando en realidad debería tomarse muy en serio”.

Sin embargo, otros integrantes de la comisión tuvieron una postura más cauta al ser consultados por la iniciativa. Desde el PC, las diputadas Nathalie Castillo y Daniela Serrano transmitieron que el diputado Durán primero debe tratar el tema el miércoles en la próxima sesión para votar el acuerdo.

El diputado Alejandro Bernales, si bien calificó el proceso de compra como “una acción torpe”, recalcó que la decisión de citar a las ministras se debe votar en la comisión. Asimismo, consideró oportuno citar a la directora del Servicio del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo ”para poder entender bien la lógica de la decisión de comprar estos inmuebles, más allá de que sean casas donde vivieron expresidentes”.

Quienes se mostraron contrarias a la solicitud fueron la diputada Catalina Pérez (Ind.) y la presidenta de la comisión de Cultura, Marta González (Ind. - PPD). Pérez, en conversación con este medio, aseveró que “los argumentos para la adquisición de los inmuebles como parte de la política de inversión patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio, así como los motivos del desistimiento, han sido suficientemente explicados. Atribuir o insinuar la existencia de intenciones ilegitimas o espurias a un problema de análisis de la normativa vigente, ya corregido, me parece un acto oportunista”.

Mientras que González -quien transmitió a La Tercera que se ausentará del Congreso un par de semanas debido a un problema de salud- comentó que “en el caso de la casa de Salvador Allende, era mas compleja la situación, ya que estaba involucrada una ministra de Estado, por lo tanto considero que no es el momento ni la forma adecuada para abordar este tema”.

“De todas maneras me parece que fue una situación que ya zanjó y la ministra de Bienes Nacionales entregó las explicaciones correspondientes, por ende no considero que sea relevante la invitación a la Comisión de Cultura, ya que se han dado las enmiendas de este caso”, dijo.