Columna de Daniel Matamala: Los guardaespaldas

Columna de Daniel Matamala: Los guardaespaldas

La última barrabasada del gobierno se perpetró a plena vista pública y en descampado. Fue el propio ministerio de Bienes Nacionales el que anunció la compra de la casa del expresidente Allende en Guardia Vieja, concretada justo a tiempo para enmarcarse en los recursos del presupuesto 2024.

El 30 de diciembre se había firmado el contrato de compraventa, por 933 millones de pesos, entre el Estado de Chile y la sucesión Allende, incluidas su nieta, la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende; y su hija, la senadora Isabel Allende Bussi.

La Constitución no deja lugar a dudas: prohíbe a los ministros (como Fernández) firmar contratos con el Estado. Y establece que “cesará en su cargo” el parlamentario (como Allende) que “celebrare o caucionare contratos con el Estado”.

Al vender la propiedad, tanto Allende como Fernández estaban violando la Constitución.

Imposible más claro, imposible más explícito.

Ante tal despliegue de ignorancia, estulticia, desaprensión y mediocridad, el gobierno la sacó barata. El conocimiento público de la transacción permitió que ciudadanos que sí habían leído la Constitución levantaran la mano e hicieran ver que se estaba violando la Carta Magna, y que Allende y Fernández estaban firmando la destitución de sus respectivos cargos.

La defensa de la ministra de Defensa confirmó lo impresentable de su gestión. Lo único que pudo argumentar en su favor es que “la adquisición no ocurrió”, que “no hubo traspaso de vivienda” y que “jamás he recibido un peso por esa casa”.

Cierto, pero no por su voluntad. La ministra firmó para que la adquisición ocurriera, para que la vivienda fuera traspasada, y para que decenas de millones de pesos pasaran del Fisco a su bolsillo.

El gobierno sacrificó a la anónima ministra de Bienes Nacionales, pero insiste en mantener en su cargo a la ministra Fernández.

Ello es impresentable. La ministra no puede seguir. Aun si aceptamos la tesis más benévola (que actuó de buena fe), demuestra falta de competencia para hacer su trabajo. ¿Tan mal asesorada está, que nadie en su equipo jurídico ha leído la Constitución? ¿Tan poco tino político tiene, que no advirtió que recibir millones de pesos del Fisco, por una instrucción de su jefe el Presidente, sería escandaloso?

¿Con este nivel de ineptitud y frivolidad se toman las decisiones relativas a la Defensa Nacional en su ministerio?

La explicación de la senadora Isabel Allende fue aún más insustancial. Partió diciendo que “esta no va a ser una conferencia de prensa de preguntas y respuestas”. Y afirmó que “nunca esta familia se ha visto envuelta en negocios, en conflictos de intereses, en lucros, en negociados, en nada”.

Los porfiados hechos la desmienten. Ella firmó para recibir fondos fiscales en una transacción comercial que está expresamente prohibida por la Constitución.

El conflicto de interés que Allende niega no es opinable o discutible; es tan palmario, que está especificado como causa de cesación del cargo.

Tras el punto de prensa, el senador José Miguel Insulza ofició de guardaespaldas, repartiendo empujones a los periodistas que intentaban hacer su trabajo: preguntar a una servidora pública por un tema de evidente interés ciudadano.

Esa imagen resume el rol que ha asumido en este caso el partido de Allende, el Socialista. Ellos, los autoproclamados guardianes de la memoria del expresidente, deberían ser los más escandalizados. En cambio, han optado por ser acríticos guardaespaldas y blindar a las involucradas.

Insulza calificó las críticas a la senadora y la ministra como “una profunda injusticia” para “causar daño”. Para el jefe de bancada de los diputados PS, Daniel Melo, son “una artimaña política” que “no tiene ningún fundamento, solo la búsqueda de la odiosidad”.

La diputada Daniella Cicardini también lamentó que “las chambonadas de otros abran este flanco y el odio por parte de la derecha a Salvador Allende y su familia”.

Es cierto: la responsabilidad aquí es del gobierno completo, desde el presidente Boric hasta los equipos de Bienes Nacionales, Segpres, Defensa, y el Segundo Piso.

El gobierno que más gárgaras ha hecho respecto a su admiración hacia Allende daña así el legado que dice defender. Tal como ocurrió en la conmemoración de los 50 años del golpe, organizada con tal negligencia, que oscureció la herencia que pretendía abrillantar.

Una y otra vez, este gobierno muestra el abismo que existe entre lo pomposo de sus intenciones, y lo indolente de su ejecución.

Pero no se puede excusar a las primeras y principales responsables: quienes acceden a ser parte de un negocio inconstitucional.

¿Cómo va a ser culpa “de otros” lo que firme la senadora Isabel Allende, quien lleva 31 años consecutivos en el Congreso, desde 1994, donde ha sido presidenta del Senado y de la Cámara de Diputados, y es la actual vicepresidenta de la Internacional Socialista? ¿O lo que haga Maya Fernández, exdiputada, expresidenta de la Cámara y actual ministra de Defensa?

¿Qué es eso de tratar a figuras políticas de vasta experiencia como si fueran inimputables por sus actos?

En la República de Chile, todos deben asumir sus responsabilidades por igual. Pensar que el apellido hace a algunos inmunes a esa carga, es propio de las dinastías, no de las repúblicas en las que creía el presidente Allende.

Basta de guardaespaldas. Y que el “caiga quien caiga”, tan proclamado por este gobierno, se haga realidad.

¿O es que este “caiga quien caiga” sólo vale para los que no tienen el apellido correcto? ¿Y para los que sí, en cambio, hay impunidad institucional, con guardaespaldas VIP incluidos?