Columna de Daniel Rodríguez: FES: falsos acuerdos

Columna de Daniel Rodríguez: FES: falsos acuerdos

De forma apresurada, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados puso en votación el proyecto de ley que condona parcialmente el CAE y crea el FES. Este apuro legislativo, que también se observa en otras materias, no sopesa las profundas consecuencias negativas de que un proyecto como este se apruebe.

Durante las audiencias, las críticas al proyecto han sido múltiples y profundas. Como resumen, uno puede agrupar dichas observaciones en tres ejes principales.

El primero es que la prohibición del copago que este proyecto establece implica desestabilizar gravemente la educación superior de Chile. El aporte de las familias es vital para sostener el desarrollo y la calidad de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica . En la discusión se ha mencionado que el impacto en menores ingresos podría variar en 500 y 1.300 millones de dólares anuales. Rectores de universidades estatales y privadas han expuesto los riesgos en detalle: pérdida de calidad, golpe a la investigación, segregación socioeconómica. Pero un rector de una universidad estatal lo resumió bien: eliminar el copago es simplemente “inviable”.

El segundo es que, por mucho que el Ministerio se esfuerce por buscar nombres, el FES es un impuesto a los graduados. Lo despejó con mucha claridad el profesor José de Gregorio. Se ha dicho que es un “fondo revolvente”, pero el proyecto no crea fondo alguno: los recursos que paguen los graduados irán al Tesoro Público. Lo que propone el proyecto es financiar la gratuidad universal mediante el aumento del impuesto a la renta a los beneficiados. Aquí hay que ser claros y protegerse de discursos engañosos: es un impuesto no porque se descuente por planilla, sino porque no hay relación entre lo que el beneficiario paga y lo que el Estado invirtió en él. Dicho de otro modo, el problema de este impuesto es que los estudiantes beneficiados no saben cuanto pagarán en el futuro (una de las críticas que se han hecho al CAE), y, además, tampoco pueden determinar en qué medida terminarán pagando con sus sueldos, además de su propia formación, la educación de otros (¡que podrían tener un nivel socioeconómico incluso superior!). Es relevante que estas confusiones se despejen - si se trata de un impuesto, no hay inconveniente que se proponga, pero que se presente como tal – para que la discusión se transparente.

El tercero es que el diseño de la gratuidad (fijación de aranceles y vacantes), que aquí se busca expandir a la totalidad del sistema, implica menores ingresos para las instituciones. La forma en que se fijan los aranceles hoy ha sido ampliamente cuestionada y no está totalmente implementada, pero se pretende masificar. Lo dijo un rector: se debe aprender de los errores de la gratuidad, y corregirse, no profundizar en ellos.

El Ministerio de Educación ha sido rigurosamente impermeable al debate. Frente a las varias críticas que se han planteado, solo repite que hay acuerdos, pero no es claro cuáles serían estos. La Subsecretaría ha anunciado una apertura al diálogo, que, con honrosas excepciones, los diputados creyeron. No hay antecedentes que permitan confiar en que se atenderán en el fondo los problemas antedichos, las señales han sido otras. Con el inicio de la discusión en particular, se abre la posibilidad de que los problemas sean discutidos en detalle. Por ahora, lo único que hemos visto son falsos acuerdos.

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar