Columna de Julio Nazar: Lo urgente por sobre lo trascendente

Columna de Julio Nazar: Lo urgente por sobre lo trascendente

Seamos claros, la vivienda propia es tanto un anhelo legítimo de todo ciudadano como un derecho por el cual es válido soñar y luchar. Representa un proyecto de vida y una reserva patrimonial para el futuro. Sin embargo, el camino para hacer realidad ese sueño y el rol que debe jugar el Estado como garante de este derecho son centrales. Por ello, no debiera ser nunca aceptable la ocupación ilegal de una propiedad privada.

La megatoma de San Antonio, iniciada en 2019, es una de las más de 1.400 tomas o campamentos existentes en Chile. Pero su envergadura -la más grande del país, con más de 4.000 familias y una población que supera los 10.000 residentes- le da especial notoriedad. Más aún cuando la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó su desalojo inmediato para el pasado 27 de febrero. Sin embargo, y anticipando una potencial crisis humanitaria, esto no ocurrió por un acuerdo de último minuto entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), los dueños del terreno y las familias ocupantes.

El problema de fondo es que entramos en una espiral donde lo irregular e ilegal se normalizan gracias a la inacción política y de gestión del Estado. Hace años se debió haber erradicado a los primeros ocupantes antes de que la toma creciera descontroladamente, y en paralelo, impulsar soluciones habitacionales formales en áreas urbanas consolidadas, promoviendo el ahorro, el subsidio y garantizando estabilidad económica y laboral. Pero, nada de eso ocurrió.

Ahora, el gobierno está ad portas de regalarse un problema mayúsculo según cómo resuelva esta encrucijada. Si termina formalizando la toma, premiará a quienes ocuparon lo ajeno, saltándose la fila de los que han esperado pacientemente año tras año una solución habitacional siguiendo los pasos y canales regulares definidos por el propio Estado. Y así, se enfrentará a la demanda de las otras tomas en el país, quienes tendrán la misma justificación (no legal, pero si moral) para negarse a desalojar. Diversos abogados y expertos en derecho constitucional han advertido insistentemente sobre este posible efecto en cadena, por más que el ministro Montes confíe en que ello no sucederá.

Pero, por si fuera poco, hay otro tema. La validación de la ilegalidad como un mecanismo de crecimiento urbano, sin planificación y sin un modelo de ciudad coherente. Estoy seguro de que el municipio de San Antonio no contemplaba este tipo de crecimiento urbano de casi 260 hectáreas y baja densidad en el cerro Centinela y ahora quizás termine incluyéndolo a la fuerza en su plan regulador, le guste o no.

Las tomas carecen de toda planificación básica, no cuentan con servicios esenciales regulados (agua, alcantarillado, electricidad); sus calles son de tierra, irregulares y sin veredas; no cuentan con espacios públicos ni arborización; y a menudo se ubican en zonas de alto riesgo. Ya hemos visto las consecuencias de la informalidad y precariedad cuando se instala fuera del margen urbano y en áreas peligrosas, como lo fue en el devastador incendio de Viña del Mar en 2024.

¿Grifos? No hay. ¿Accesibilidad al transporte público? Inexistente. ¿Densidad equilibrada? No está contemplada.

Formalizar la ilegalidad es retroceder a la lógica de que basta con “soluciones habitacionales” para resolver la problemática urbana y social, sin tener una visión urbana de largo plazo y, por tanto, sin mirar sosteniblemente el futuro de nuestras ciudades.

Se privilegia lo urgente (la solución de casas) por sobre lo trascendente (las Políticas Públicas, con mayúscula). Y volvemos una y otra vez a repetir los errores del pasado, tirando por la borda todo discurso en pos de hacer ciudades justas.

Preocupante.

Por Julio Nazar, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte Universidad del Desarrollo