Columna de Luis Toledo: Reforma al sistema penitenciario

Columna de Luis Toledo: Reforma al sistema penitenciario

El sistema penitenciario en Chile se encuentra en una crisis evidente, caracterizada por un colapso inminente debido a múltiples factores. Para abordar este desafío, es necesario implementar una serie de medidas integrales que van más allá de simplemente construir más infraestructura.

En primer lugar, es fundamental revisar y ajustar el uso de la prisión preventiva, que se ha duplicado en los últimos 10 años, contribuyendo significativamente al hacinamiento. Se deben reevaluar los criterios para su aplicación, limitándola a casos de extrema necesidad y considerando alternativas como el arresto domiciliario o el monitoreo electrónico para casos de menor gravedad. Además, es crucial ampliar la infraestructura carcelaria de manera estratégica. El Ministerio de Justicia ha propuesto un plan para crear 12 mil nuevas plazas en el sistema al 2030, pero este plan debe ser acelerado y ampliado para hacer frente a la crisis actual.

La mejora de la gestión penitenciaria es otro aspecto fundamental. Se deben implementar sistemas de gestión más eficientes, que integren diversos datos cruciales sobre la situación de los internos, el personal penitenciario y las condiciones en cada cárcel, facilitando análisis complejos y la toma de decisiones informadas.

Otros factores tras el colapso

Además de la prisión preventiva, otros factores han influido en el colapso de los recintos penitenciarios. El aumento significativo de la población penal es uno de los más relevantes, con un incremento del 42% en los últimos cuatro años, mientras que el número de plazas solo creció un 4%. Este desequilibrio ha llevado a una sobrepoblación crítica en muchas regiones, con tasas de hacinamiento que superan el 200% en algunos casos. Esto se agrava con el cambio en el perfil criminológico de los reclusos. La llegada del crimen organizado transnacional y la penetración del narcotráfico han modificado el perfil de la población penal, requiriendo medidas de seguridad más estrictas y complicando la gestión penitenciaria. Esto se ha visto agravado por la falta de inversión en infraestructura, ya que desde 2012 no se ha aumentado significativamente la capacidad para albergar personas privadas de libertad.

Por otra parte, el endurecimiento de la legislación penal ha resultado en condenas más largas, especialmente en delitos relacionados con drogas y homicidios. Esto ha llevado a una estadía más prolongada de los reclusos en las cárceles, contribuyendo al hacinamiento. Además, la escasez de personal penitenciario, particularmente de gendarmes en trato directo con los internos, dificulta el control y la seguridad en los recintos.

Infraestructura, reinserción y capacitación

Para abordar esta problemática de manera efectiva, es necesario implementar una serie de estrategias. Una reforma integral del sistema de justicia penal es fundamental, revisando sus resultados y ajustando las políticas de encarcelamiento y priorizando medidas alternativas a la prisión para delitos menores, con adecuado seguimiento y control. La inversión en infraestructura debe acelerarse, incluyendo la construcción y ampliación de centros penitenciarios, con un enfoque en instalaciones especializadas para el crimen organizado.

Otra arista a mejorar son los programas de reinserción, esenciales para reducir la reincidencia. Esto implica fortalecer los programas de educación, capacitación laboral y tratamiento de adicciones. Hoy más del 80% de los internos declaran consumir drogas y por lo tanto están a merced de las organizaciones que trafican sustancias al interior de las cárceles. La implementación de tecnología, como sistemas de gestión de datos avanzados, puede mejorar significativamente la eficiencia y la toma de decisiones en el sistema penitenciario.

El aumento, profesionalización y la capacitación del personal de Gendarmería son elementales para manejar los nuevos desafíos del sistema penitenciario. Esto debe ir acompañado de una mayor cooperación interinstitucional entre el sistema judicial, fiscalías, policías y las instituciones penitenciarias para abordar el problema de manera integral.

Finalmente, es crucial mejorar la atención a la salud mental de los reclusos, lo que puede contribuir a reducir la violencia y mejorar las posibilidades de reinserción. La revisión de experiencias internacionales, con diversos énfasis, como los casos de Italia o Noruega, son necesarias para avanzar en un adecuado control, pero a la vez, en un enfoque de reinserción, que en Chile se encuentra muy disminuido.

En síntesis, para abordar efectivamente la crisis del sistema penitenciario chileno, es fundamental adoptar un enfoque integral que combine las mejores prácticas internacionales con las particularidades del contexto local. Esto implica no solo mejorar la infraestructura y reducir el hacinamiento, sino también transformar el papel del personal penitenciario, implementar programas de rehabilitación efectivos, utilizar la tecnología para mejorar la gestión, y adoptar un enfoque basado en evidencia para la toma de decisiones. Solo a través de una reforma profunda y multidimensional se podrá crear un sistema penitenciario eficiente, más humano y orientado a la verdadera rehabilitación y reinserción social de los reclusos.