Columna de Marcelo Sánchez: Proyecto de armonización: el Estado frente a la niñez

Columna de Marcelo Sánchez: Proyecto de armonización: el Estado frente a la niñez

Los cambios legislativos como la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez (2022) y la creación del Servicio Mejor Niñez (2021), pretendían dejar atrás el colapsado modelo del Sename. Ahora bien, el proyecto de ley de armonización, actualmente en discusión, intenta corregir las falencias, pero enfrenta una estructura que sigue operando con una profunda desarticulación institucional y sin un mecanismo de exigibilidad real. Un claro ejemplo de esta situación es el modelo de provisión de oferta. Se suponía que la protección a la niñez avanzaría hacia un sistema diversificado de cuidados alternativos, con residencias familiares especializadas y un fortalecimiento del acogimiento. Sin embargo, el sistema residencial no cuenta con oferta, e incluso han cerrado varias residencias que no pueden sostener un modelo de atención especializado para los diferentes niveles de riesgo.

A pesar de los anuncios de un incremento en la inversión, el Estado sigue sin garantizar contratos de largo plazo que permitan generar proyectos sostenibles, con una clara asimetría en el financiamiento de cada opción de Cuidados Alternativos, siendo el Acogimiento Familiar el más precario, precisamente la solución que la evidencia y organismos internacionales recomiendan ante la separación de un niño de sus padres y cuidadores por parte de un tribunal. Esta falta de la oferta en cobertura, complejidad y calidad, tiene un impacto directo en la saturación del sistema.

No obstante, más allá de la ineficiencia estructural, el problema central es la falta de coordinación intersectorial, justamente lo que hizo colapsar el modelo de Sename. La fragmentación entre los ministerios, (principalmente Desarrollo Social) subsecretarias, los tribunales de familia, servicios y las policías impide respuestas rápidas y eficaces. El resultado de esta desconexión -por ejemplo- son niños víctimas de explotación sexual, quienes no cuentan con una oferta programática suficiente ni adecuada. Donde la descoordinación se traduce en falta de trazabilidad, invisibilización de la trayectoria de vida de niños que debieran estar en protección del Estado.

En Chile, no existe un sistema de información único que permita monitorear los casos de manera integrada. Esto significa que cuando un niño es trasladado de una residencia a otra o es derivado a un programa especializado, su historia se fragmenta. No hay seguimiento efectivo y muchas veces simplemente desaparecen del radar institucional siendo objeto de otras graves. El crimen organizado ha sabido aprovechar estas falencias. Las redes delictivas han encontrado en la niñez desprotegida un espacio ideal para operar, ya sea captando niños para trata de personas o utilizándolos en economías ilícitas como el tráfico de drogas, de allí el persistente crecimiento de la participación en bandas especializadas en delitos contra las personas.

El Proyecto de Ley de Armonización intenta introducir indicaciones que aporten a corregir estas falencias. Busca robustecer la fiscalización, restituir el rol de las Mesas de Articulación Interinstitucional y exigir auditorías externas anuales para los programas de protección. Sin embargo, estas medidas siguen sin atacar el problema de fondo: la falta de un mecanismo real de exigibilidad y sanción para las instituciones que no cumplen con los estándares mínimos de protección.

Este proyecto acaba de ser despachado del Senado a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara presidida por la diputada Marlene Pérez, quien también lideró la Comisión Investigadora de Mejor Niñez cuyos antecedentes fueron referencia para el análisis previo. Hoy la comisión y la Cámara en su conjunto tienen la oportunidad de incorporar la potestad necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema en esta tramitación; de no ser así, la crisis de la niñez seguirá profundizándose. La institucionalidad de niñez es letra muerta si no se establecen mecanismos claros para garantizar su cumplimiento. Es paradójico que leyes como las de Transparencia tengan mecanismos sancionatorios más eficaces y ejecutivos, y no sea así para una legislación que busca proteger a quienes hoy enfrentan la mayor vulnerabilidad.

Asimismo se requiere fortalecer el rol de los garantes, no es posible que la Corte Suprema no cuente con el financiamiento para implementar una Secretaría técnica de Niñez y Familia que le permita hacer seguimiento estrecho a todos los nuevos cuerpos legales; no es posible que la Defensoría de la Niñez oficie por información a las autoridades sin respuesta y no haya consecuencias. Los Garantes deben contar con recursos y potestad para exigir, como también los niños a través del “Abogado del Niño” establecido por el legislador en el artículo 50 de la Ley 21430, que en la práctica continúa siendo un modelo ad-litem, en que la capacidad de los equipos ha sido ampliamente sobrepasada sin poder garantizar el estándar que la ley exige. El derecho a representación jurídica de un niño es el que hace viable el cumplimiento del resto de derechos garantizados por ley. Asimismo, la Subsecretaría de la Niñez debe contar con facultades y recursos para fiscalizar y sancionar a quienes incumplan con su deber, y, sobre todo, establecer un modelo de financiamiento adecuado que priorice el derecho de los niños a vivir en familia. Han sido décadas en que hemos observado cómo los niños más vulnerados de Chile han quedado amordazados en un sistema que no solo no los protege, sino que muchas veces los condena a nuevas vulneraciones. La pregunta es si esta vez el Estado tendrá la fuerza para asumir su responsabilidad o si, nuevamente, la niñez quedará en los márgenes invisibles de nuestra sociedad.

Por Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo