Columna de Marisol Peña: Un deseo para el 2025

Columna de Marisol Peña: Un deseo para el 2025

Un nuevo año suele venir cargado de buenos deseos, esperanzas y anhelos de un futuro mejor. Chile de verdad lo necesita, pues ni siquiera hay que recurrir a los sondeos de opinión para captar el ánimo pesimista que reina en el ambiente ante los últimos índices entre los que se incluye la inseguridad reinante en el ambiente, el aumento del desempleo, las alzas en las tarifas de la luz y el desprestigio generalizado de las instituciones, por solo mencionar a algunos.

Entre las instituciones más afectadas por el desencanto está el Congreso Nacional cuyas rencillas y bloqueos internos han impedido la aprobación de iniciativas como el proyecto de ley de pensiones y del que regula la declaración de infraestructura crítica y las reglas de uso de la fuerza. La ley del “gallito” se ha impuesto por sobre la de la racionalidad y la primacía del bien común como único norte de las decisiones legislativas.

Entretanto, y pese a los esfuerzos desplegados por la Corte Suprema, la crisis a nivel de la administración de justicia no ha cesado encontrando un punto crítico en el funcionamiento de la reforma procesal penal. Esta no ha sido realmente evaluada en su funcionamiento desde que entrara en vigencia gradual a partir del año 2000, sobre todo, en lo que respecta a las atribuciones de los fiscales y a un efectivo sistema de protección de las víctimas.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venido estableciendo, desde hace años, diversas precisiones en la aplicación de mecanismos como la formalización de la investigación, la facultad de no perseverar en el procedimiento, la procedencia del recurso de apelación respecto del auto de apertura del juicio oral, las facultades de que goza el querellante, el forzamiento de la acusación y el carácter inapelable de las sentencias dictadas por los tribunales orales en lo penal, entre otras materias.

Todas estas sentencias demuestran que el Código Procesal Penal y el sistema de enjuiciamiento acusatorio en él contenido debe revisarse a 25 años de su vigencia. Una suerte de regalo de “bodas de plata”.

Pero el problema es mucho más profundo. Resulta necesario establecer un mecanismo destinado a evaluar regularmente el funcionamiento de las leyes que se dictan en Chile, sobre todo, de aquellas que obedecen a la respuesta frente a una situación coyuntural como todas aquellas leyes con apellido (Ley Emilia, Ley Antonia, Ley Zamudio).

Ese es mi deseo y mi esperanza para este año 2025. Seriedad en el proceso legislativo y, sobre todo, un proceso de toma de decisiones que no sólo implique el diagnóstico y la respectiva solución legal, sino su adecuada evaluación con el fin de introducir los correctivos necesarios para su correcta aplicación.

Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD