Columna de Neftalí Carabantes: Muerte a la pena capital

Columna de Neftalí Carabantes: Muerte a la pena capital

Algunos candidatos presidenciales han propuesto reestablecer la aplicación de la pena de muerte en Chile. ¿Es una buena idea? Por supuesto que no. Veamos algunas razones.

La pena de muerte es una sanción de naturaleza destructiva, puesto que al eliminar de modo radical e inmediato la existencia humana, no permite enmienda, reeducación ni resocialización alguna del condenado. Es igualmente irreparable en cuanto su aplicación, y en el supuesto de ser injusta, impide toda posterior reparación. También es rígida, toda vez que no puede ser graduada, revisada, condicionada, ni dividida. Quizá lo más sustantivo es que, la evidencia acredita que se trata de una pena absolutamente ineficaz, pues las estadísticas demuestran que la pena de muerte no ejerce, como método disuasivo o de inhibición psicológica, la influencia prevista.

La creciente humanización de los métodos punitivos ha llevado a caracterizar a la sanción penal no como la exacta reproducción de un mal, sino como la limitación de un bien; restricción que encierra un sentido correctivo y contiene una marcada orientación resocializadora.

De otra parte, promover esta sanción colisiona frontalmente con el criterio humanista y racional con que se deben enfocar los problemas sociales de naturaleza penitenciaria y criminal. Fruto de la reflexión y los acuerdos, nuestra sociedad debe priorizar medios suficientes y generar políticas públicas para acometer con intensidad una reforma a la gobernanza penitenciaria que impida que la cárcel siga siendo la universidad del delito y la casa matriz del crimen organizado. Es tiempo de robustecer el trabajo de Gendarmería, de clasificar adecuadamente a la población penal y de fortalecer los programas y servicios a cargo de la reinserción social, a fin que las personas que han cometido delito, modifiquen su conducta y se integren a la vida en comunidad, sin transgredir los derechos de otros y haciendo pleno ejercicio de los propios. A este desafío están convocados el Estado, la sociedad civil y la empresa privada.

La evidencia mundial confirma que la pena de muerte, en los últimos años, avanza de forma sostenida hacia su abolición. Pudiese llamar a engaño el hecho que, en el año 2024, aumentara el número de ejecuciones en los pocos países que aún la contemplan, pero cada vez son menos las naciones que aplican la pena de muerte como castigo. En 1977 la pena capital estaba abolida en sólo 16 países y al terminar el año 2024, se encuentra derogada - de iure o de facto - en 144 países.

Si bien nuestro país, a contar del año 2001, abolió la pena de muerte para delitos tipificados en la justicia civil, el Código de Justicia Militar aún la contempla para determinados crímenes. A este respecto, el Pacto de San José de Costa Rica del cual Chile es parte, prohíbe expresamente reestablecer la pena de muerte en los Estados que la han abolido. En el hipotético e improbable caso que la pena capital se reestableciese, Chile rompería una gloriosa tradición de honrar sus obligaciones, y pasaría a incumplir un pacto internacional, con las graves consecuencias que ello acarrea.

Las iniciativas de reponer la pena de muerte se entrelazan y mimetizan con el populismo penal; es decir, una estrategia política que utiliza al derecho penal para obtener réditos electorales, basándose en la idea de que penas más duras reducen la delincuencia, a menudo ignorando causas estructurales y consecuencias de suyo complejas. Es fácil advertir que la tentación de acudir al proselitismo del aumento de las penas, recrudece cada vez que ocurre un doloroso y deleznable hecho criminal, llámese asesinato o violación, que logra capturar la indignación colectiva. Lo anterior, en ocasiones, con el objeto de subir en las encuestas, ganar elecciones o concitar el apoyo popular, utilizando el temor y la inseguridad que padece la población.

Un debate basado en eslóganes y penas más duras -incluida la de muerte- para combatir la criminalidad, se aleja del buen criterio que la doctrina, la jurisprudencia, la dogmática penal consideran como una pena justa, idónea y racional. Además, se opone a una persecución penal inteligente y eficaz. Tampoco enriquece el debate, intentar dividir a los líderes políticos en grupos binarios y de suma cero: los que son duros con la delincuencia y los que son blandos o permisivos, sin ofrecer soluciones reales o análisis de mayor complejidad.

La campaña presidencial exige obrar con apego a la ética de la responsabilidad, en tanto, promover la reposición de la pena de muerte con fines electorales es una forma irracional e involutiva de intentar hacer frente al flagelo de la delincuencia. Además, implicaría retroceder en la protección de los derechos humanos, cuyos umbrales alcanzados son progresivos y no regresivos.

Por Neftalí Carabantes Hernández, ex subsecretario General de Gobierno, de Carabineros y académico U.Central