Columna de Paula Escobar: Cien años de posnatal

Columna de Paula Escobar: Cien años de posnatal

La Comisión de Economía de la Cámara aprobó en particular un proyecto (boletín 17049) que modifica el Código del Trabajo, extendiendo el permiso posnatal de las mujeres a un año. El autor es el diputado frenteamplista Patricio Rosas, y fue firmada por las diputadas Yovana Ahumada (IND), Marta Bravo (UDI), Catalina Pérez (FA), entre otras. Pese a que la presidencia de la Cámara la consideró inadmisible por irrogar gasto fiscal, siguieron adelante. O sea, el diputado líder de esta iniciativa partió saltándose la prerrogativa de su propio Presidente.

Citando las razones para este cambio legal están la baja tasa de natalidad, “que ambos padres puedan pasar más tiempo de calidad con su hijo o hija; generar mayor apego y garantizar corresponsabilidad en la crianza”, entre otras.

Todas buenas intenciones y, sin duda, problemas reales, de los cuales hemos escrito ampliamente en estas mismas páginas.

Pero la solución definitivamente no es esa. Es más, un cambio así puede resultar completamente contraproducente y perjudicial para el futuro económico de las mujeres y sus familias. La última ampliación del posnatal -de tres a seis meses- fue un avance muy importante, realizado en el primer mandato del expresidente Piñera. Con aquella ley, Chile ya tiene un posnatal de clase mundial. El desafío ahora no es ese, sino la dificultad para trabajar remunerada y formalmente y ser madre, y la falta de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, además de una cultura que sigue pegada en los roles tradicionales de género, recargando de modo excesivo a las madres. Un posnatal más largo solo ampliaría estos problemas.

En primer lugar, sería un evidente desincentivo adicional a la contratación de mujeres (entre pre y posnatal y las vacaciones, ya son unos nueve meses afuera), lo cual, aunque no lo digan en voz alta, muchos empleadores consideran un problema. Es, además, un desincentivo al empleo formal, pues en la informalidad no hay derecho ni a pre ni posnatal.

Segundo: el proyecto del diputado del FA profundiza la falta de corresponsabilidad entre padres y madres. La moción establece que el padre tendrá derecho a un permiso pagado de cuatro semanas, que corresponderá a tres semanas continuas desde el momento del nacimiento y una semana distribuible dentro del primer año. O sea, ¡un mes versus un año! El 2023, poco más de 180 hombres se tomaron el permiso. Esa es la realidad.

Tercero: establece una diferencia en el monto del sueldo (subsidio) que reciben las mujeres, y un espacio de no obligatoriedad: “Las primeras 28 semanas, la madre percibirá el 100% del subsidio; las siguientes 12 semanas, el equivalente al 80%; en las últimas 12 semanas, el 50%. La trabajadora podrá incorporarse a sus labores a partir de la decimotercera semana”. Esto precariza el ingreso y pone en riesgo el sentido del permiso, que es irrenunciable por razones de peso: si no es así, hay demasiadas formas -abiertas y sutiles- de presionar a una mujer para que no se lo tome.

El gobierno descartó patrocinar el proyecto, argumentando que la materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, al tratarse de normas sobre seguridad social, y porque “afectaría el mercado laboral de las mujeres y no existen recursos para financiarlo”, dijo la ministra Jeannette Jara.

Las razones son evidentes. Lo que cuesta comprender es que quienes impulsan este proyecto no las sepan, o no les importen. Y la pregunta es por qué un diputado frenteamplista lanza este distractor, en medio del debate legislativo avanzado de dos proyectos de ley fundamentales para las mujeres, como son la sala cuna universal y la reforma de pensiones. La sala cuna universal es esencial para que más mujeres puedan trabajar remunerada y formalmente. Solo tienen hoy ese derecho los hijos e hijas de mujeres que trabajan en empresas con más de 20 contratadas. Hace más de 25 años se está tratando de cambiar esto, y hoy por fin hay esperanza, pues hay un principio de acuerdo entre gobierno y oposición de avanzar decisivamente para el primer semestre de 2025. Este proyecto sí genera empleabilidad, elimina una barrera clave para contratar mujeres, incorpora el principio de corresponsabilidad (pues el costo no se carga a las mujeres) y, además, les da a los más pequeños una educación inicial clave para su futuro.

En pensiones, lo que hoy se discute puede mejorar las pensiones de las mujeres ya mismo, y hay amplio acuerdo con hacer justicia a las pensionadas. En vez de apoyar decisivamente estos proyectos, el diputado frenteamplista -con el apoyo de colegas de distintos partidos- distrae el debate y a la opinión pública con propuestas inconstitucionales, inviables y contraproducentes como esta, que muy probablemente no lleguen a ninguna parte y que, además, aportillan la posibilidad de mejorarles la vida a las madres y abuelas chilenas ahora ya.